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viernes, 10 mayo, 2024

Cuatro países incumplen su obligación de proteger a migrantes venezolanos, denuncia Amnistía Internacional

Amnistía Internacional denuncia en su más reciente informe que Colombia, Ecuador, Perú y Chile dejan de lado la definición ampliada de refugiado, contenida en sus legislaciones. Así, los venezolanos, víctimas de una migración forzada, enfrentan restricciones al estudio, al trabajo y a los sistemas sanitarios, entre otros obstáculos

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Santiago de Chile. Colombia, Ecuador, Perú y Chile «incumplen sus obligaciones internacionales» para proteger a las personas que huyen de Venezuela, denunció este jueves, 21 de septiembre, Amnistía Internacional (AI) en su informe «Regularizar y Proteger».

Según detalla el documento, estos cuatro países albergan a casi 70 % de los 7,3 millones de ciudadanos venezolanos que han huido «debido a la emergencia humanitaria compleja y las violaciones masivas de derechos humanos que se cometen en el país».

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Se trata de un éxodo de magnitud comparable a los registrados en la huida de la guerra de Siria o la migración en el Mediterráneo occidental, afecta a todos los países latinoamericanos y caribeños.

La investigadora para las Américas de AI, Adeline Neau, dijo a EFE que estos países presentan «varios problemas comunes», como limitaciones al acceso a servicios básicos y lentitud en la regularización de su situación migratoria; falta de protección a quienes entran en la definición de refugiados según la Declaración de Cartagena de 1981.

«Es decir, que los cuatro Estados que incorporan esta definición (refugiado sin reservas) deberían poder proteger a estas personas, y rara vez lo hacen. Las cifras de personas reconocidas refugiadas son muy bajas«, subrayó Neau.

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«En Perú, el sistema está saturado, casi cerrado. En Chile, en 2022, solamente cuatro (personas) fueron reconocidas refugiadas. Ahí se ven prácticas que violan los derechos humanos y bloquean el acceso al asilo», agregó la especialista.

En Colombia, apenas 47.796 personas venezolanas han realizado solicitudes de asilo entre 2016 y 2022, de las cuales solo fueron otorgadas 1.367.

«Si bien los solicitantes de la condición de refugiado están protegidos contra la devolución a su país de origen, no tienen el derecho de trabajar, lo que sin duda se convierte en un obstáculo para la supervivencia de las personas con necesidad de protección internacional en el país», aseguró AI.

Sobre la situación en Ecuador, la organización consideró que el nuevo proceso de regularización migratoria iniciado para la población venezolana no resuelve, de momento, la desprotección de la mayor parte del medio millón de venezolanos que se encuentra en el país.

Sistemas de asilo debilitados

El informe de AI enfatiza que los países estudiados «no priorizan el uso de la figura del asilo«, dejando de lado la definición ampliada de la Declaración de Cartagena contenida en las legislaciones nacionales para dar protección a esta población, víctima de desplazamiento forzado.

Muchos de los programas de protección temporal destinados a inmigrantes venezolanos son poco accesibles, acusa el organismo, con «criterios imposibles de cumplir», restricciones al estudio, al trabajo, a los sistemas sanitarios y con falta de un enfoque de género.

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«Los Estados deben garantizar el derecho de solicitar asilo, reconociendo que las personas venezolanas pueden ser refugiadas. Eso requiere reforzar sus sistemas de asilo. Cualquier programa de protección temporal o medida de regularización debe cumplir un mínimo de seguridad y garantizar el principio de no devolución«, afirmó Neau.

Cooperación internacional

Diversos líderes regionales han llamado a enfrentar esta crisis humanitaria de manera conjunta, aunque hasta ahora no se han visto resultados.

«Se ha visto una descoordinación de los Gobiernos de la región, como cuando Chile militarizó y cerró sus fronteras; Perú y Bolivia respondieron de igual forma, dejando a muchas personas atrapadas y en condiciones muy precarias», señaló la investigadora.

Falta de voluntad política y discursos internos que asocian la migración venezolana a fenómenos de delincuencia ponen a estas personas en posiciones complejas, cuando «la mayoría necesita protección internacional».

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La organización hizo un llamado a la región para «redoblar esfuerzos» en brindar respuestas «adecuadas» ante la magnitud de la crisis, «cumpliendo con los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados».

«En particular, la organización recomienda a todos los Estados que reciben personas venezolanas, y especialmente a los cuatro analizados en el presente informe, que garanticen el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada«, concluyó el informe.

EFE

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