CLAVES | Los datos duros de la Misión de la ONU sobre la violación de DD. HH. en Venezuela

Mientras el gobierno ejecutaba una intervención en la cárcel de Tocorón, ubicada en Aragua, la Misión Especial Independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó su cuarto informe sobre Determinación de Hechos de Venezuela en el que reportó 43 nuevos casos de violaciones de derechos humanos y delitos en los que resultaron afectadas 72 personas. 

La Misión de la ONU, establecida en el país desde 2019, presentó los avances en las investigaciones de casos ocurridos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2023. El informe publicado el 20 de septiembre detalla que la investigación se limitó a las violaciones perpetradas por el gobierno como parte de la política de Estado para “silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno del presidente Maduro”. Estas acciones fueron identificadas en los informes anteriores. La misión determinó que estás prácticas continuaron como parte de los ataques contra la población civil.

Aunque disminuyeron los arrestos masivos, torturas y operaciones de contrainsurgencia y otras violaciones en 2020, la misión tuvo elementos para asegurar que el “uso por parte del Estado de su aparato opresivo se ha vuelto más selectivo” debido, entre otros aspectos, a la vigilancia internacional sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

La instancia reiteró que las acciones y omisiones de las instituciones autónomas del Estado y los  cuerpos de seguridad contribuyeron a la “grave restricción del espacio cívico y democrático en el país”. 

El Pitazo resume en las siguientes claves los aspectos destacados en esta actualización de la Misión de la ONU. 

1. La Misión investigó 43 nuevos casos en los que quedaron afectadas 72 víctimas directas, incluyendo una persona transgénero. 

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2. La Misión investigó nueve muertes que, asegura, encajan dentro de los patrones de represión contra opositores al gobierno de Maduro.  La instancia considera que estos fallecimientos están relacionados a privaciones arbitrarias de las autoridades estatales. 

3. La Misión cree que la Guardia Nacional (GN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) son responsables de las muertes de Carlos Ernesto Chaparro y Junior Enrique Chaparro, en los estados Aragua y Anzoátegui, respectivamente. “Los protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego no fueron observados”, dice el informe. 

4. La Misión de la ONU cree que las muertes bajo custodia del general Raúl Isaías Baduel en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de Salvador Franco, indígena pemón en la cárcel de El Rodeo, registradas en 2021, sucedieron por la negación de atención médica.

5. En el informe reseña 14 casos de desapariciones forzadas de corta duración, desde el año 2020, en las cuales participaron funcionarios del Estado. Las autoridades negaron respuesta a los familiares sobre su paradero. “La misión tiene motivos razonables para creer que el Ministerio Público, en algunos casos, retrasó a sabiendas la fecha oficial de detención, y en otros, negó información a los familiares sobre personas que eran trasladadas de un centro de detención a otro”, agrega el documento.

6. La Misión considera que, desde el año 2020, al menos 58 personas fueron detenidas arbitrariamente. De esas, 53 ocurrieron en el marco de la represión selectiva de opositores al gobierno y el resto en protestas. 

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7. El equipo independiente investigó casos de tortura y otros  tratos crueles, inhumanos o degradantes y estableció que reflejan “una política de Estado dirigida a silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno”. La misión tuvo información de los casos de 28 personas privadas de libertad en lugares de detención oficiales y clandestinos.

8. La misión concluyó que la violencia sexual y de género sigue usándose como forma de tortura y humillación contra opositores. Entre 2020 y 2023, se registraron 19 casos de personas víctimas de estos abusos en sus sitios de detención. 

9. La organización tiene elementos para señalar que la persecución a opositores se aplica de manera selectiva para disuadir a los demás a expresar sus opiniones contrarias. Hay 62 casos que afectan a 51 víctimas, así como también hay 42 casos de ataques y restricciones al funcionamiento de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, que incluyen ONG de derechos humanos, sindicatos y medios de comunicación.

10. La misión determinó que medios de comunicación y organizaciones que publican información crítica contra el gobierno y sus políticas son difamadas y desacreditadas por funcionarios del Estado, como es el caso de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en su programa de televisión transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). El informe sostiene que a las organizaciones, que obtienen dinero de donantes del exterior, se les tilda de “traidoras” y de “conspirar” contra el gobierno. Asimismo, advierte que la denominada ley contra el odio, aprobada por la Asamblea Nacional de 2020, de mayoría oficialista, es usada para criminalizar la labor de activistas de derechos humanos y periodistas independientes. 

11. La misión consideró que el gobierno usa la figura de la inhabilitación política para impedir a la oposición venezolana a que se postulen a cargos públicos. El informe menciona la inhabilitación de la candidata a la primaria, María Corina Machado, quien fue impedida de ejercer cargos públicos por un periódo de 15 años por la Contraloría General de la República, lo que compromete su participación en las elecciones presidenciales de 2024. La ONU observa que esta práctica es usada con frecuencia en los meses previos a los procesos electorales.

12. La misión aludió a la autocensura de los medios para evitar represalias y detalló que en el año 2022 hubo más cierres irregulares de emisoras por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Reportó que este organismo ha exigido a los proveedores de servicios de internet que bloqueen el acceso a páginas web de noticias, como El Pitazo, que publican información que el gobierno considera incómoda. 

13. La ONU identificó que la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (Daet), creada en julio de 2022, tiene funciones y desarrolla modus operandi similares a los empleados por las extintas Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), disuelta en 2022. “Además, muchos oficiales de las Fuerzas de Acciones Especiales, algunos de los cuales fueron identificados como implicados en manifiestas violaciones de los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad, desempeñan ahora funciones clave dentro de la cadena de mando de la nueva Dirección”, subraya.

14. La ONU tiene motivos para creer que la Defensoría del Pueblo no responde ni actúa ante denuncias graves de violaciones de derechos humanos de víctimas y sus familiares, así como también cree que el Consejo Nacional Electoral (CNE) carece de independencia.

15. La ONU determinó que las fuerzas del Estado y servicios de inteligencia están implicados en graves violaciones de los derechos humanos y delitos en el contexto de la represión selectiva. El informe detalla que la Dgcim, la Policía Nacional Bolivariana y el Sebin fueron responsables del 81% de los casos de detención arbitraria  y del 93% de los casos de tortura.

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