Caracas.- En Venezuela se registraron 309 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos durante el primer semestre de 2023, reportó este martes, 25 de julio, la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
El CDJ asegura que estas violaciones reflejan la continuidad de una política de criminalización en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela, en el marco de la profundización del cierre del espacio cívico y democrático en el país.
La organización detalló, en su más reciente boletín, que la cifra representa un incremento del 44 % en comparación con el mismo período de 2022, cuando computaron 214 hechos de este tipo.
«Se acentuaron las medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, bajo la lógica del enemigo interno, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones defensoras», aseguró la ONG.
Defensores de derechos humanos recalcan que el Gobierno elude responsabilidades señaladas por CPI
Hostigamiento, intimidación y detenciones
Del total de casos, 191 fueron estigmatización, 70 de intimidación y hostigamiento, 35 amenazas, 4 detenciones arbitrarias, 3 ataques digitales, 2 hechos de judicialización y 4 cuyo tipo no fue especificado en el informe.
El CDJ indicó que el 89 % de las víctimas fueron organizaciones de derechos humanos y un 11 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías.
Los principales victimarios, prosiguió, fueron funcionarios públicos (42 %), medios de comunicación gubernamentales (25 %), personas o grupos afectos al Gobierno (18 %), instituciones públicas (11 %) y organismos de seguridad (4 %).
Además, la ONG alertó sobre el aumento de la persecución, represión y judicialización de líderes sindicales por su exigencia y acciones en el marco de la reivindicación de derecho.
La organización advirtió que, al cierre del primer semestre del 2023, siguieron documentando el aumento de agresiones y amedrentamiento. Igualmente, señaló que la situación se profundiza a medida que avanzan las actividades de cara a las elecciones venideras, como son las presidenciales de 2024.
«Ante los próximos eventos electorales, el Estado debe tomar todos los correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno, libre y seguro. El trabajo de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país es esencial para responder a la crisis, promover los valores democráticos y proteger dignidad humana de los venezolanos», finaliza el boletín del Centro para los Defensores y la Justicia.
Con información de EFE.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas.
Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor: no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria.
HAZ TU APORTE
