Por Néstor Valbuena, del Programa de formación de nuevos periodistas
El director de la Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, Alí Daniels, sostiene que los cambios estructurales que realiza el Estado son superficiales, más de lo mismo. “Son leyes que se han hecho con fines propagandísticos, que en la práctica no se han ejecutado de forma tangible, son reformas cosméticas que no han tenido un efecto en la justicia venezolana”, señaló.
Por su parte, el director de la ONG Aula Abierta, David Gómez, mencionó que es importante incorporar aspectos como la criminalización de las protestas en los espacios universitarios, porque allí también han surgido víctimas de numerosas violaciones a las libertades y derechos humanos.
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“Hay muchos casos que tenemos documentados y no fueron tomados en cuenta en dicho informe, la mayoría de ellos estudiantes universitarios”, enfatizó.
Gómez, también catedrático de la Universidad del Zulia, dijo que su organización ha documentado múltiples detenciones arbitrarias contra profesores y estudiantes.
“339 docentes y alumnos han sido víctimas de tratos crueles y violencia sexual desde 2017, todo es objeto de investigación por parte de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, de la ONU y de la Corte Penal Internacional (CPI)», sostuvo Gómez y añadió que todo está en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) 2018, pero es necesario reafirmarlo.
Destaca que preocupa la persecución a la que constantemente se somete a las comunidades universitarias y esto no sea del todo visible. “Es delicado, porque ellos requieren especial protección, muchos fueron juzgados en tribunales militares”, subrayó.
Gobierno no atiende el problema
El abogado argentino Fernando Golbar, quien es parte de la secretaría ejecutiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA) e integrante del comité de expertos anticorrupción, conversó vía telefónica con El Pitazo sobre un informe que presentó recientemente sobre el caso venezolano.
El jurista precisó que era necesario estudiar a fondo y con detenimiento las reformas judiciales que se han realizado en el país en los últimos cinco años.
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“Hemos identificado que las reformas analizadas eran en gran medida de naturaleza cosmética y que no modificaban la situación de falta de investigación de los hechos cometidos por los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad registrados en Venezuela, por lo menos, a partir del 12 de febrero de 2014”.
De la misma manera, Golbar advirtió que no existe un compromiso real de parte del Gobierno para avanzar sobre el tema, al manifestar una clara falta de voluntad de cooperación en las investigaciones: «Las reformas institucionales introducidas no son suficientes para desplazar la jurisdicción de la CPI, ya que no cumplen con el requisito de complementariedad”.
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