Caracas.- Policías y militares son los presuntos responsables de la muerte de 824 personas en 2022, de acuerdo con el más reciente informe del proyecto Lupa por la Vida, una iniciativa de la Fundación Centro Gumilla, Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús en Venezuela y la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
El informe de Lupa por la Vida revela que el organismo de seguridad más letal, en el contexto de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante 2022, es la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuyos funcionarios son presuntos responsables de la muerte de 196 personas, 24% del total nacional de víctimas.
Lupa por la vida: policías y militares asesinaron 824 personas en 2022
El reporte de Lupa por la Vida precisa que de las 196 víctimas que se le atribuyen a la PNB, 36 corresponden a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) y 2 a la extinta división de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
«A este componente de la Policía Nacional Bolivariana fueron trasladados la mayoría de funcionarios de la extinta FAES. Ello explica la alta letalidad, pues cambiaron de nombre y uniforme, pero continuaron las prácticas violadoras de los derechos humanos», advierte el informe divulgado el viernes.
La precisión del reporte de Lupa por la Vida reafirma lo que sostiene la Misión Independiente de la ONU, que este mes advirtió sobre la absorción de funciones, mandos e integrantes de las FAES -disueltas en julio de 2022- por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), cuya creación coincide con el relanzamiento de operativos de seguridad contra el crimen organizado conocidos como Operaciones Trueno.
Reestructuración de la PNB sin efectividad
El informe de Lupa por la Vida resalta que en abril de 2021 se anunció la restructuración de la PNB para, entre otros objetivos, transformar las estructuras y actuaciones de ese cuerpo de seguridad mediante acciones que no eludieran el respeto a los derechos humanos.
El coordinador de Exigibilidad de Provea, Marino Alvarado, destacó el viernes la inefectividad de ese proceso de la PNB anunciado en 2021.
«Llama la atención que este cuerpo policial sea el mas letal del país, en un contexto en el que se anunció un proceso de restructuración que supuestamente iba a garantizar una actuación con prácticas respetuosas de derechos humanos. Esa no ha sido la situación. La eliminación de las FAES no significó la reducción de la letalidad policial, porque hubo un reciclaje de funcionarios de las FAES hacia otros componentes de la PNB», explicó Alvarado en un audio difundido por Provea.
Policías estadales y Cicpc
El informe de Lupa por la Vida detalla que del total de víctimas nacionales por acciones de organismos armados del Estado con competencia nacional, estadal y municipal, 142 muertes (17 %) se le atribuyen a presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
«Debemos resaltar que las posibilidades de impunidad de los asesinatos cometidos por el Cicpc es mayor, porque asesinan y ellos mismos son quienes tienen la responsabilidad de investigar», agregó Alvarado.
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Sobre las policías estadales con presunta responsabilidad en 193 muertes (23%) durante 2022, el reporte de Lupa por la Vida detalla que resaltan también por su letalidad los cuerpos policiales estadales de Carabobo (49 víctimas), Zulia (41), Aragua (22), Yaracuy (17) y Portuguesa (12).
«La actuación policial con altos niveles de letalidad no depende de asuntos ideológicos. En el estado Carabobo, hay un gobernador que está identificado con el gobierno de Nicolás Maduro. En el estado Zulia, hay un gobernador de oposición. Los resultados son los mismos: un alto nivel de letalidad policial», resaltó Alvarado.
Letalidad de la FAN en ejecuciones extrajudiciales
Efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) son responsables de 129 presuntas ejecuciones extrajudiciales (16% del total nacional), de acuerdo con el reporte de Lupa por la Vida.
La mayor participación de miembros de la FAN está vinculada con la Guardia Nacional, con 111 víctimas; 21 del Comando Nacional Antisecuestro (Conas); 12 del componente del Ejército, 2 de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y 4 vinculadas con acciones del componente de Aviación.
«El alto número de casos en el que aparece involucrada la FAN está directamente relacionado con la militarización de las labores de seguridad ciudadana, un aspecto que forma parte central de las llamadas políticas de seguridad ciudadana de las dos gestiones de Nicolás Maduro», resalta el informe.
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El reporte añade como preocupación el resurgimiento de intervenciones en zonas populares, que repiten procedimientos usados en las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), con tendencia a dar mayor protagonismo a la fuerza armada y a la toma de áreas geográficas con violencia indiscriminada contra la población.
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Pese a la disminución del número de víctimas en los últimos tres años (en 2020, 3.034 víctimas y en 2021, 1.414 muertes), el proyecto de documentación sobre violación a los derechos humanos subrayó que no hay indicadores claros que permitan señalar un cambio en la política de alta letalidad ni medidas eficaces para superar la impunidad.
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