Los “más humildes” encabezan lista de detenidos tras las protestas del 23E

Según el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, los recientes encarcelamientos se han focalizado “en las zonas más humildes de la población” con el fin de “mandar un mensaje muy fuerte a estas zonas para evitar que protesten”. En el país, la cifra de presos políticos ascendió a 989

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El promedio de jóvenes que protagonizan estas historias tiene 21 años, el mayor tiene 35, todos provienen de familias de escasos recursos que no tienen la capacidad de llevarles comida diariamente hasta sus centros de reclusión, mucho menos para cancelar los honorarios de abogados para que los defiendan.

De acuerdo con las organizaciones garantes de derechos humanos, como Provea y el Foro Penal, entre el 21 y 25 de enero, 850 personas fueron detenidas por los cuerpos de seguridad por protestar en contra del gobernante Nicolás Maduro. La cifra de detenidos fue en aumento. El 12 de febrero, Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, señaló que, hasta la fecha, hay 989 ciudadanos presos por causas políticas; este 23 de febrero ya la mayoría cumple un mes de estar encerrados.

Alfredo Romero, director de Foro Penal, indicó que las detenciones se generaron en 21 estados del país, con mayor incidencia en las zonas más humildes; 77 de los privados de libertad son adolescentes y hay 100 mujeres.

El equipo de periodistas de El Pitazo muestra en este especial la historia de
algunos de los jóvenes detenidos en los estados Aragua, Amazonas, Apure,
Bolívar, Cojedes, Coro, Guárico, Distrito Capital, Lara, Monagas, Portuguesa,
Trujillo, Sucre y Vargas.

ARAGUA
Eiderkhir Hidalgo. 19 años

Por ir a comprarle pañales a su hijo de cuatro meses cayó en una redada

Eiderkhir Joskeil Hidalgo Magallanes tiene 19 años. Para paliar la situación económica que vive su familia y lograr comer tres veces al día, tener un sueldo y una caja Clap cada mes tomó la decisión de ingresar a las filas de la Base Militar Sucre para cumplir el servicio militar desde el primer trimestre de 2018.

Sin embargo, desde el 23 de enero de 2019 forma parte de los más de 900 detenidos a nivel nacional en el marco de las protestas. Su madre, Eduvigis Magallanes relata que lo detuvieron cuando salió de su vivienda a comprar pañales para su hijo de cuatro meses y se encontró con una protesta que terminó en disturbios.

El joven soldado se encontraba en el Centro Comercial Parque Aragua. Tras hacer la diligencia, esperó a unos amigos que le ofrecieron la cola hasta su casa. En el momento escuchó unas detonaciones, los residentes y visitantes comenzaron a correr, y él junto a sus amigos lograron montarse en la camioneta, pero no llegaron muy lejos. En un semáforo de la avenida Constitución, funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial (Diep) los pararon y se llevaron detenidas a las seis personas que iban en el vehículo.

Según Eduvigis, uno de los detenidos es policía retirado y tras conversaciones logró negociar —con un pago en dólares— su liberación y la de sus cuatro familiares. El soldado no salió en el combo, por no tener el dinero que le pedían y desde esa noche quedó recluido en el Centro de Atención al Detenido Alayón por los delitos de resistencia a la autoridad, obstrucción de la vía pública, ostentación de objetos incendiarios e instigación a la rebelión.

APURE
Víctor Melanio Ocanto. 19 años

“A mi hijo lo detienen porque él no corrió”

Víctor Melanio Ocanto Ramos, de 19 años, se encuentra detenido en la Policía del estado Apure por participar en una marcha contra Nicolás Maduro, junto a él también se llevaron a cuatro amigos, pues regresaban de jugar basquetbol en la cancha de la urbanización Los Tamarindos, en San Fernando de Apure.

“Mi hijo no estaba protestando, tampoco sus amigos. Ellos son jóvenes deportistas que venían de una cancha, iban para sus casas y bajaron por la calle El Mango, donde estaba prendida una revuelta; los que realmente estaban protestando no fueron detenidos”, así describe Gladys Ramos la detención de Víctor, quien desde el calabozo le detalló que cuando vio a los funcionarios no se puso a correr, «porque el que no la debe no la teme”.

Víctor se gana la vida como miembro del movimiento Somos Venezuela y tiene un niño de dos meses que padece de hipoglucemia desde las dos semanas de nacido.

Además de Víctor, los otros jóvenes detenidos fueron identificados como: Diego José Rodríguez Rivas, de 24 años; Ronaldo José Rodríguez Rivas, de 20 años; José Jesús Parra Lovera, de 20 y Cristhian Rafael Felice Villanueva. Este último, se conoció que no reside en San Fernando de Apure, sino que trabaja en Las Minas, Caicara del Orinoco, pero el 23 de enero se encontraba pasando días de descanso con su familia materna.

Los cuatro fueron señalados por los delitos de instigación al odio y alteración al orden público.

AMAZONAS
Luis Antonio Ortega Hernández. 33 años

Padece tuberculosis y los militares no le permitieron hospitalizarse

En Amazonas, 24 ciudadanos mayores de edad y 4 menores fueron detenidos por funcionarios policiales y militares el pasado 23 de enero. De éstos, 20 permanecen privados de libertad en el Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional de Puerto Ayacucho (Desur) y en el Destacamento El Muelle. Los menores fueron liberados.

Uno de estos hombres fue identificado como Luis Antonio Ortega Hernández, de 33 años y de la etnia Huottoja, quien se gana la vida como trabajador de la economía informal. Fue encarcelado por funcionarios de la Guardia Nacional mientras participaba en una protesta en la avenida Orinoco en Puerto Ayacucho.

Luis Antonio padece de tuberculosis, y tras mostrar algunos síntomas, luego de su detención, fue trasladado por los uniformados a cargo de su custodia al hospital José Gregorio Hernández.

Sus familiares denuncian que fue atendido de emergencia. A pesar de su cuadro, los militares solo permitieron que pasara una noche en el centro de salud y no acataron la hospitalización que fue recomendada por los médicos tratantes. El hombre permanece en el Destacamento de Seguridad Urbana.

BOLÍVAR
Yickson Rodríguez. 14 años

Le corrió a los guardias y lo arrestaron

Yickson Rodríguez, de solo 14 años, protestaba junto a su madre y vecinos en contra de Nicolás Maduro el miércoles 23 de enero, a las 8:40 pm, en la invasión Villa Bahía de Puerto Ordaz. Mientras sonaban sus cacerolas, vio a un grupo de guardias nacionales que llegaron a su sector. La gente echó a correr y él hizo lo mismo; sin embargo, los funcionarios lograron alcanzarlo y terminó en un calabozo.

La víctima estuvo detenida seis días en la Comandancia de la Guardia Nacional, ubicada en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), donde, según denuncias de sus familiares, quienes pidieron omitir su identidad, recibió maltratos y golpes por parte de los funcionarios militares, especialmente, de las mujeres.

“Pregunté: ¿Por qué nos pegan si ya estamos detenidos? Y me dieron una cachetada”, relató Rodríguez, con su mamá al lado, al recordar cuando pedía que no le golpearan en la cabeza, porque es diagnosticado con epilepsia y esto le podía hacer convulsionar.

La víctima cuenta que mientras estuvo detenido, convulsionó. Los funcionarios a cargo de su custodia no permitieron que su familia le entregara la medicina que debe tomar para evitar la crisis: anticonvulsivo fenobarbital. No fue sino hasta el 27 de enero, cuatro días después de estar recluido, cuando le dieron su medicamento. El adolescente comentó que el día que tuvo la convulsión nadie lo auxilió hasta media hora después, cuando lo llevaron a un centro de salud.

Rosmelis Guilarte, madre de Yickson Rodríguez, estaba presente en los tribunales de Puerto Ordaz cuando su hijo fue liberado. A Rodríguez le dictaron una medida cautelar con régimen de presentación cada 30 días y de tres fiadores que tuvieran un ingreso mensual mayor a tres salarios mínimos, es decir, Bs. 54.000.

La liberación con medida cautelar sustitutiva de libertad fue lograda por la defensa al alegar que Yickson tiene una condición de salud que le estaba afectando en su cautiverio.

Yickson fue imputado, junto a sus vecinos, por haber saqueado una feria de hortalizas; sin embargo, su madre niega la acusación. “Con mi hijo agarraron a seis chicos más. Dicen que los encontraron saqueando dentro de una feria. Eso es totalmente falso. A él lo agarraron cerca de la casa donde estábamos caceroleando a las 8:40 pm (…). En ningún momento hubo ningún saqueo, no hubo ninguna quema, ninguna nada, eso es totalmente falso”, aseguró la representante.

COJEDES
José Vázquez. 20 años

Por claustrofobia se ha desmayado en la celda que comparte con otras 16 personas

En Tinaquillo, estado Cojedes, aproximadamente 25 personas fueron detenidas al terminar la marcha del 23 de enero. José Vázquez, de 20 años, es una de esas historias. El estudiante de la Universidad de Carabobo sufre de irritación cerebral y desde la fecha permanece en el Comando de la Guardia Nacional de Apartadero.

De acuerdo con el relato de un familiar, el joven siempre ha sido un ejemplo de constancia y esfuerzo. Dice que militares lo detuvieron “sin ningún motivo” y esto generó que un fiscal le imputara los delitos de concierto para delinquir, instigación al odio, obstrucción de la vía pública y alteración del orden.

José padece de claustrofobia. Desde el 23 de enero pasa día y noche en una celda de tres por cuatro metros, junto a 16 personas más, lo que, según sus familiares, le ha ocasionado desmayos y pérdida del conocimiento.

“En el comando hay una guardia de nombre Emily de los Ángeles Aldana, que es primer teniente. Esa mujer lo golpea y se le monta encima cada vez que le dan los ataques de pánico. Le dijo que la próxima vez que se desmayara va a mandar a prender la planta y le va a poner corriente”, sostuvo el pariente que pidió omitir su identificación.

CORO
Manuel Rodríguez. 20 años

De integrante del Clap a encarcelado en Coro

A María Rodríguez Madriz le extrañó que Manuel, su hijo, ese que nunca le ha dado qué hacer, según dice, no hubiese llegado a casa la noche del 24 de enero como acostumbra cada día, luego de salir del trabajo.

No fue hasta la mañana del 25 cuando María se enteró que su hijo Manuel Alejandro había sido detenido el día anterior por, presuntamente, participar en hechos de alteración del orden público. Esa noche, videos hechos por habitantes del sector La Velita de Coro mostraban cómo se produjo un altercado entre vecinos de esa zona y el sector vecino 480, una serie de edificios de corte popular construidos en el contexto de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

María relata la historia de lo que su hijo le comentó desde la comandancia de Polifalcón, donde quedó detenido después de 13 días de audiencias diferidas y una sentencia de privativa de libertad por agavillamiento e instigación a delinquir. “Él no estaba en ninguna protesta. Se encontraba en su trabajo, en la panadería socialista. Como a las 8:00 pm salió a buscar a su novia porque la iba a acompañar a su casa; hay testigos de eso. Él dice que vio a los policías y le dice a uno ‘no te metas por ahí que están tirando piedras’ y resulta que lo agarraron y se lo llevaron preso a él”.

Manuel tiene 20 años de edad y no posee antecedentes. Además de trabajar en la panadería socialista, forma parte del Clap y es líder de su calle. María es también líder del consejo comunal Santa María. “Todos lo conocen, saben que es un muchacho sano, estudia en el tecnológico, le gusta trabajar, ayuda a los niños en su comunidad, ¿Cómo me lo van a dejar 45 días preso? ¿Por qué me le hacen esto?”.

DISTRITO CAPITAL
Víctor Arcas, de 23 años

Le imputan cuatro delitos por “haber querido marchar en una dictadura”

Un joven estudiante de de 23 años, identificado con el nombre de Víctor Arcas, fue detenido el pasado 23 de enero en las inmediaciones del Puente Los Leones de El Paraíso, el cual fue asediado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que no permitieron que la marcha opositora caminara por la autopista Francisco Fajardo. La hermana de Arcas,  Katherine Arcas, detalla que desde ese día se encuentra en el Destacamento 33 de la Guardia Nacional; una de las pocas veces que han recibido el permiso de verlo fue pasado 3 de febrero, allí vieron el escenario donde se encuentra: está en un bohío junto a 16 personas más, día y noche, cuando llueve o se pone el sol.

Katherine dice que su hermano durante el proceso de detención fue víctima de malos tratos, “pero después nos dijo que lo dejaron quieto. Con respecto a la comida nos quedó claro que se la hacen llegar”.

El 24 de enero, un fiscal del Ministerio Público le imputó al joven los delitos de obstaculización de las vías, agavillamiento, instigación al odio y resistencia a la autoridad. Su hermana rechaza los cargos y dice que su única culpa “es haber querido marchar en una dictadura”.

GUÁRICO
Fue a ver lo que pasaba y la detuvieron

Doris Balza es dueña de una tienda de telas ubicada en el casco central de Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante. La mujer, el 23 de enero, decidió no ir a trabajar para evitar problemas con los manifestantes; sin embargo, un rumor de saqueo la activó y, junto a su hija y una empleada, fue a ver lo que estaba ocurriendo en la plaza Bolívar de la localidad.

Las mujeres, por la cantidad de personas se dispersaron, y dejaron de verse por un tiempo. Minutos más tarde, Doris se enteró de que su hija de 13 años y estudiante de tercer año de bachillerato, Estefany Gota,  y su empleada Yarbelis Toro, de 37 años, habían sido detenidas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

Doris también cayó en la redada. De acuerdo con la versión de los funcionarios, las  mujeres se encontraban lanzando piedras, quemando cauchos e incendiando bombas molotov contra los policías y guardias, y también se les señaló de ser  protagonistas de los saqueos. Junto a ellas detuvieron a cinco personas más. Todas fueron trasladadas al Destacamento 343 de la Guardia Nacional.

A las mujeres se les imputaron los delitos de incendio agravado, instigación pública, resistencia a la autoridad, lesiones, daños a instalaciones públicas y agavillamiento.

Una semana después, a las tres se les dio la medida de casa por cárcel y esperan que se cumplan los 45 días reglamentarios para presentarse ante tribunales.

LARA
Diego Sánchez, 23 años

El primer detenido en las protestas de Lara

Diego Sánchez tiene 19 años y es dirigente estudiantil de la Universidad Fermín Toro. Fue arrestado el 23 de enero por funcionarios de la Guardia Nacional en la urbanización Fundalara de Barquisimeto, a escasos metros de una protesta opositora dispersada con perdigones y bombas a la altura del Cardenalito.

La Policía de Lara lo emboscó para pedirle su identificación y lo dejó ir, pero a pocas cuadras se lo llevó un contingente hasta el Destacamento 121 de la GN.

El joven, que cursa actualmente segundo año de derecho y forma parte de la dirigencia del Movimiento Estudiantil Somos de la Universidad Fermín Toro, es descrito por sus allegados como “un joven aplicado, centrado y ganado al trabajo social en beneficio de los más necesitados”.

«Los estudiantes damos la cara, luchamos por la universidad y por nuestro país en busca de un mejor futuro», es uno de los últimos mensajes que publicó en su muro de Facebook. Diego es considerado como el primero de los 32 detenidos en Lara –entre el 23 y 27 de enero– en ser presentado en tribunales.

El fiscal encargado de su caso le imputó cinco delitos: obstaculización de la vía pública, instigación pública, agavillamiento, uso de adolescente para delinquir y resistencia a la autoridad.

MONAGAS
Jorge Rondón. 19 años

Un futbolista es uno de los 41 jóvenes que fue víctima del 23E

Jorge Gregorio Rondón es de Maturín, futbolista y uno de los 41 jóvenes que estuvo detenido por protestar en enero en contra de Nicolás Maduro.

Su aprehensión ocurrió frente a su casa, en la calle Las Tijeras de Las Cocuizas, una de las zonas más pobres de Maturín. La noche del 22 de enero, los efectivos de la Guardia Nacional (GN) lanzaron tiros al aire para detenerlo.

“No estaba protestando; salió a ver cómo la gente quemaba cauchos. Su delito fue salir de la casa”, cuenta Jorge Rondón, su papá. Entre los delitos que se le imputan se encuentran obstaculización de la vía e instigación al odio.

La única cerca que conocía Jorge Gregorio era la de la cancha de fútbol donde entrenaba; formaba parte del equipo de la comunidad. Ahora mira a diario la del centro Nelson Mandela, el anexo de la cárcel de La Pica donde está recluido desde hace 20 días.

Jorge Gregorio Rondón Díaz tiene 19 años y estudia refrigeración en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).

De acuerdo con una vecina, el 22 de enero la Guardia Nacional arrestó a jóvenes que regresaban a su casa después de jugar fútbol. La mujer está tan segura de la inocencia del muchacho que firmó una carta de buena conducta que su padre redactó para llevársela a un juez. La carta ya lleva 180 rúbricas y le habían exigido 20.

El joven salió en libertad el pasado 20 de febrero bajo régimen de presentación.

PORTUGUESA
Johana Meléndez. 19 años

Aunque no oye ni habla durmió en un calabozo

Johana Karelis Meléndez García tiene 19 años. Fue detenida el 23 de enero junto a 54 manifestantes, durante las protestas contra Maduro en Guanare, la capital del estado Portuguesa. Desde esa fecha, su mamá, Jhoana García, no dejó puertas que tocar implorando justicia. Nadie la oía. Nadie tuvo piedad: ni los jueces, ni los fiscales, tampoco los militares.

Johana Karelis es una niña con discapacidad, no oye, no habla, no sabe leer ni escribir, no tiene sentido de la orientación; con frecuencia no sabe dónde está, de acuerdo con las pruebas que muestra su madre, a través de un certificado de deficiencias auditivas.

La condición de la joven no fue un impedimento para mantenerla presa y aislada en los calabozos del Destacamento 311 de la Guardia Nacional.

Por orden del tribunal penal de control 2, a cargo de la jueza Doris Aguilar, y de la fiscal Mariangy Royero, Johana Karelis es señalada por los delitos de agavillamiento y resistencia a la autoridad. La representante del Ministerio Público le había imputado un tercer delito:  hurto calificado, el cual le fue desestimado.

A la joven se le acusó de participar en el  saqueo del abasto Bicentenario, ocurrido en la avenida Unda a la altura del barrio Maturín; sin embargo, su madre desmiente el hecho y dice que Johana sí se encontraba por el sitio pues hacía unas comprar en esa zona comercial, junto con una prima, cuando vio un alboroto y empezó a correr, a pesar de no lograr escuchar lo que sucedía.

Vecinos del barrio Colombia Sur, al oeste de Guanare, de donde es oriunda Johana Karelis,  recogieron firmas y realizaron jornadas en apoyo a la joven.

Querían demostrar que era inocente y que con ella se cometía un delito de lesa humanidad. No hizo lo mismo el consejo comunal, cuyos voceros principales le negaron la carta de buena conducta y la certificación de que su madre, Johana García, es una señora de trabajo que ha forjado para sus tres hijos un pequeño emprendimiento de comida criolla en la humilde barriada.

Johana Karelis, tras su detención, empezó a sufrir de depresión y  estaba en un estado nervioso de riesgo que la mantienen con la hemoglobina baja (10 g /dl), fuertes dolores de cabeza y con taquicardia aguda. Por exigencias y súplicas de su mamá y del abogado defensor fue trasladada a un centro médico privado el pasado 4 de febrero.

El pasado 13 de febrero, la joven fue excarcelada a través de una fianza. Recibió medidas cautelares como prohibición de salida del país y presentación ante tribunales.

TRUJILLO
Humberto Rondón. 20 años
José Rondón. 22 años

Dos hermanos y un primo entre los detenidos de Trujillo

En Trujillo, siete personas fueron detenidas tras la marcha del 23 de enero. Humberto Javier Rondón, de 20 años, es uno de ellos; el joven fue apresado la noche del 24 de enero cuando se encontraba cerca de una manifestación en el sector de Morón, municipio Valera.

No se encontraba solo, estaba junto a su primo, José Rondón, y su vecino, Harrison Josué Pernía, de acuerdo con el relato de su hermana, Rosiel Rondón. El comerciante de verduras y víveres en el mercado municipal permanece encerrado en el Centro de Coordinación Policial Número 2 de Valera.

José Ramón Rondón Jaime, de 22 años, primo de Humberto Javier, también fue detenido por funcionarios de la policía de Trujillo tras participar en una protesta del sector Morón.

Según su madre, Beatriz Jaime, “mi hijo no estaba participando en ninguna protesta». Aseguró que estaba de «asomado» y lo agarraron por estar cerca. La víctima se gana la vida en una pizzería del Sur de Valera y, al igual que su primo, permanece recluido en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Número 2.

SUCRE
Luis Chacón. 35 años

Luis Chacón tiene una discapacidad y sigue detenido en Sucre

Luis Chacón tiene 35 años y está encerrado desde el 23 de enero en los calabozos del Instituto Autónomo Policía del estado Sucre. Es una persona con discapacidad: le faltan su ojo derecho y tres dedos en uno de sus pies; además, padece de una enfermedad mental y sufre de ansiedad.

Su madre, Luisa Del Valle Maicán, cuenta su historia: “Vivo sola con mi hijo, él es quien se encarga de comprar los alimentos. No sé qué hacer; ahora me iré a morir de hambre si él sigue preso», se lamenta y sigue: «¿Quién me va a traer dinero para comprar la comida?»

Luisa asegura que las limitaciones no le impedían a su hijo trabajar. Chacón se gana la vida cargando bolsas y haciendo mandados a algunos consumidores en el Mercado Municipal de Cumaná. “También trabaja como vigilante cuidando una casa por las noches”, agrega.

La madre recuerda que cuando lo detuvieron, Luis se encontraba en las inmediaciones del cuartel Antonio José de Sucre, en la calle Cardonal. Una patrulla de la Policía de Sucre pasó y los funcionarios se lo llevaron.

Luis está detenido junto a otras 44 personas. Los arrestos se practicaron entre el 22 y 23 de enero; el Ministerio Público les imputó los delitos de alteración del orden público, agavillamiento e incendio de un vehículo.  

VARGAS
Luis Rondón. 23 años

Lo detuvo la GN cuando regresaba de comprarle unas pastillas a su tío para la tuberculosis

Luis Miguel Rondón Oropeza, de 23 años, es un agricultor del caserío Pericoco – El Hondón en la parroquia Carayaca, que además los fines de semana suma ingresos en la Cachapera La Calidad, ubicada en la vía de El Junquito.

El pasado 26 de enero de 2019 fue detenido en el Kilómetro 16 de la carretera de El Junquito, parroquia El Junko, estado Vargas, luego de que entre los kilómetros 12, 13 y 14 vecinos protagonizaran protestas y horas después se dieran conatos de saqueo; también hubo enfrentamientos con funcionarios de la Guardia Nacional.

Tres días después de los hechos, uniformados realizaron redadas en la zona. Luis Miguel Oropeza transitaba por el kilómetro 12 tras regresar de Caracas donde fue a buscar una medicina en El Algodonal para su tío con tuberculosis, quien falleció posterior a los hechos que aquí se narran. Cuando se paró a saludar a un grupo de amigos fue detenido por los funcionarios, quienes lo acusaron de haber participado en las protestas.

Sus familiares niegan que Luis Miguel haya participado en las protestas del 23 de enero. De acuerdo con su madre Elena Oropeza, el joven padece de un leve retraso cognitivo –se le dificulta entender algunas cosas– y junto a su tío son el sostén de una familia que se describe así misma como “sumamente pobre”.

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Textos: Alfredo Morales, María Eugenia Díaz, Mickey Véliz, Gladylis Flores, Alexander Olvera, Adriana Pérez Gilson, Daisy Galaviz, José Guerra. Keren Torres, Bianile Rivas, María Danieri, Nadeska Noriega,
Joanne González.