El Estado venezolano no le da garantías a los familiares de mujeres víctimas de femicidio y otros tipos de violencia de género. Para exigir justicia, crean grupos de apoyo y de activismo para encontrar la justicia junto a otras víctimas
«Como familia estamos rotos, pero unidos. Todos los días nos sentimos vigilados, pero no me mudo de mi casa porque tengo la esperanza de que Jennifer Paola toque un día el timbre», cuenta Jenny Sánchez, quien tiene siete años esperando volver a ver a su hija.
Jennifer Paola Mora Sánchez desapareció en noviembre de 2016, cuando tenía 18 años, en un balneario del río Caroní, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, mientras compartía con su hermana y otros amigos. La joven fue al baño sola, aproximadamente a las cuatro de la tarde, y desde ese momento no supieron más de ella.
La madre de Jennifer Paola lleva siete años buscándola sin parar. Aunque la familia se siente constantemente vigilada, la madre de la joven desaparecida no ha tomado la decisión de mudarse porque espera que algún día su hija aparezca por la puerta del apartamento y vuelva a su hogar.
Compartir el dolor con personas que están pasando por la misma situación, ha permitido a Sánchez seguir adelante. Jenny ha encontrado apoyo y guía en Manuela Pérez, quien tiene un grupo con familiares de víctimas de violencia basada en género de todo el país. A través de esta asociación se presta contención emocional, se brinda apoyo legal, además de la creación de campañas para redes sociales.
Manuela Pérez creó el grupo en medio de la búsqueda de justicia por el asesinato de su hija, Adriana Urquiola. La joven fue una de las víctimas mortales de las protestas sociales de 2017. Adriana estaba embarazada y era intérprete de señas en un canal nacional cuando fue asesinada mientras iba camino a su casa en Los Teques, estado Miranda. Tras investigaciones del Ministerio Público se identificó a Yonny Bolívar como el responsable del asesinato, el hombre intentó dispersar las barricadas con disparos al azar y una de las balas alcanzó a la mujer de 28 años.
La madre de Jennifer Paola lleva siete años buscándola sin parar y su familia se siente constantemente vigilada. Espera que algún día su hija aparezca.
Bolívar huyó a Colombia, pero debido a la presión de Manuela Pérez por redes sociales, fue detenido y extraditado a Venezuela y en 2019 lo condenaron a 27 años de prisión.
Debido a su activismo en redes sociales, a Manuela se le fueron acercando otros familiares y así empezó a brindar ayuda.
«A muchas de las familias las conocí por redes sociales. Hay casos de femicidio, desapariciones y abuso sexual. Tenemos aproximadamente entre 25 y 30 familias a las que apoyamos de diferentes maneras para que logren la justicia», relata Pérez.
Madre de joven desaparecida: Tengo la esperanza de que mi hija toque un día el timbre
Actualmente está en la etapa de creación de la Fundación Adriana Urquiola, con la que espera llegar a más personas y poder tener mayor visibilidad. Pérez conoce los casos, prepara la campaña para redes sociales y consigue acompañamiento legal para ir al Ministerio Público.
«La señora Manuela ha sido un pilar fundamental para mí y para muchos familiares. Nos guía, nos motiva y nos da el apoyo que necesitamos para seguir adelante. En mi caso, con su guía, fue que logré ir a la Fiscalía General de la República y que se reabriera la investigación», explica Sánchez, la mamá de Jennifer Paola Mora.
Una red para sostenerse
La psicóloga Kika Martorell señala que las redes de apoyo nacen de la necesidad de sostenerse en colectivo, de estar con personas que pasan por lo mismo para lograr una fuerza y drenar.
«Se ha generado que surjan redes de apoyo entre las mismas familias porque el Estado no responde ni con atención a las víctimas, ni con salud mental a los familiares. Son personas desprotegidas y en desolación ante un sistema de justicia que acentúa el malestar que ya se tiene. Esto genera incertidumbre», detalla Martorell.
La experiencia que ha vivido Manela Pérez en el proceso de búsqueda de justicia para su hija, es lo que le ha permitido guiar a otros familiares; lo mismo sucede con Ángel Aguirre, padre de Ángela Aguirre, quien fue asesinada en marzo de 2019 en Ciudad Guayana, estado Bolívar, cuando asistió a la fiesta de cumpleaños de su femicida a una isla.
Ángela, con 17 años, fue abusada sexualmente y murió por asfixia mecánica por inmersión, su cuerpo apareció dos días después en un balneario del río Caroní. Siete personas fueron imputadas; dos por femicidio agravado y están privadas de libertad con una condena por 30 años, mientras que las otras cinco personas que fueron sentenciadas por omisión al socorro ya están en libertad.
Manuela Pérez tiene un grupo con familiares de víctimas de violencia basada en género de todo el país. Creó el grupo en medio de la búsqueda de justicia por el asesinato de su hija, Adriana Urquiola. La joven fue una de las víctimas mortales de las protestas sociales de 2017.
El padre de Ángela Aguirre, el caso de femicidio que más ha sonado en el estado Bolívar, considera que Pérez ha sido uno de los apoyos fundamentales para su familia, pero él también ha ofrecido su apoyo a otros familiares.
«Ha sido especial poder tenernos unos a otros. He podido apoyar a la hermana de Gina (Giannelly Pirrongelli, asesinada en 2020 en el estado Bolívar) y a la familia de Yusleydi Salcedo, que es una historia similar a la de mi hija. Estamos todos para orientarnos», comenta Ángel Aguirre.
Aunque la familia de Ángela Aguirre ha tenido el apoyo de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres a nivel nacional, así como de individualidades que prestan servicios legales y psicológicos, también se han topado con personas que entorpecen los avances; especialmente funcionarios policiales y judiciales. También se le acercaron abogados a ofrecerles el apoyo, pero solo eran formas de obstruir el proceso de justicia.
Lo mismo pasó en el caso de Jennifer Paola Mora Sánchez. «Hubo una abogada que declaró en medios de comunicación social y sacó un comunicado en el que decía que yo había interpuesto una querella y eso es mentira, eso nunca ocurrió», explicó Jenny Sánchez.
Separación, riesgo y dolor
El cambio de vida no es solo sobre sus nuevos roles, ha sido tener que abandonar sus rutinas, trabajos y separarse de las familias, para evitar repercusiones de las personas interesadas en que guarden silencio.
Ante la dinámica familiar, los más afectados han sido los hermanos. Jennifer Paola tiene unas hermanas gemelas a las que no conoce, porque nacieron a solo un mes de su desaparición. Mientras que el hermano menor de Ángela ha tenido que lidiar con la ausencia de su hermana, así como la separación de su familia, pues actualmente están todos en diferentes ciudades, hasta que el caso esté cerrado.
El padre de Ángela Aguirre, trabajador de CVG Ferrominera del Orinoco, tuvo que abandonar su puesto de trabajo para seguir el caso de su hija, pues el juicio fue remitido a Caracas debido a las irregularidades en los tribunales del estado Bolívar. La familia se tuvo que mudar de la ciudad y separarse por temor a las represalias de los familiares de las siete personas involucradas en el femicidio de la adolescente.
«No nos sentíamos seguros en nuestra casa, porque no solo era el acoso por los afectos de los femicidas, sino también del Cicpc, porque los vehículos rondaban la casa sembrando zozobra», asegura Aguirre. Los familiares de los femicidas vivían a pocos metros de la familia Aguirre en San Félix, estado Bolívar.
La situación no es muy diferente para la familia Sánchez, quien asegura que por su casa siempre pasan carros diferentes que no son los comunes y bajan la velocidad. Es por esto que la hermana de Jennifer Paola evita salir sola a la calle, porque se siente vigilada sin saber por quién.
Las familias Aguirre y Sánchez comparan esta búsqueda de justicia con un laberinto, pues cuando sienten que han tenido un avance, se cierran las puertas y deben comenzar desde cero.
Es una lucha desgastante, pero el interés por obtener justicia les da fuerzas, como cuenta Jenny Sánchez, madre de Jennifer Paola, quien ha tenido que viajar a diferentes partes de Venezuela buscando pistas del paradero de su hija.
El padre de Ángela Aguirre, el caso de femicidio que más ha sonado en el estado Bolívar, tuvo que abandonar su puesto de trabajo para seguir el caso de su hija, pues el juicio fue remitido a Caracas debido a las irregularidades en los tribunales del estado Bolívar.
Lucha sin cansancio
«La lucha, como la palabra lo indica, requiere de mucha fortaleza, de fuerza y de constancia en un país que no brinda las condiciones para luchar», menciona la psicóloga Martorell. Sumado a esto indica que el proceso de duelo puede desencadenar depresión en algunas personas.
Jenny Sánchez refleja mucho dolor en su mirada, especialmente cuando insiste en la falta de atención por parte de las autoridades policiales, quienes no le han brindado el seguimiento necesario a la desaparición de su hija.
Desde que su hija desapareció, Sánchez se siente abandonada por el Estado venezolano, pues en la sala de evidencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) se «perdió» el pasaporte de la joven de 18 años.
Al momento de su desaparición, Jennifer Paola no tenía cédula de identidad, por lo que su mamá entregó al Cicpc el pasaporte. Cuando el documento fue solicitado por el Ministerio Público se supo que había desaparecido en las oficinas del cuerpo policial, es por esto que Jenny Sánchez ha solicitado insistentemente los movimientos migratorios de su hija y no se los han entregado.
Sánchez ha viajado a diferentes partes del país, sola, de forma fallida. En La Guajira, estado Zulia, visitó un hospital psiquiátrico dónde estaba una muchacha con características similares a las de su hija. Esa imagen todavía la lleva consigo, y ora todas las noches para que esa joven vuelva a su hogar.
«Mi hija mayor y yo caminamos y en cada joven de la calle vemos a Paola. Sabemos que no falta mucho para poder verla de nuevo. Mi pálpito de madre me dice que está viva», comenta Sánchez con ilusión.
Presión en redes sociales para ser visibles
Aprender a utilizar las redes sociales como herramienta para hacer presión ha sido fundamental para estas dos familias. Cada cierto tiempo se posicionan las etiquetas #DóndeEstáJenniferPaola, mientras que la familia Aguirre posiciona la etiqueta #JusticiaParaAngelaAguirre, para hacer presión a las autoridades venezolanas y evitar que el femicidio de su hija, ocurrido en marzo de 2019, quede impune.
«Estamos a un like de ayudar (…) El activismo online puede ayudar a crear comunidad local y de manera más íntima. Existe el estigma de que el trabajo online no logra movilizar. Hemos demostrado lo contrario», explica Carolina Benitez, activista del medio colombiano Somos Jacarandas en una sesión del Semillero Violeta de la Red de Periodistas Venezolanas.
Esto es lo que han venido haciendo, de diferentes formas, los familiares de las víctimas de violencia de género en Venezuela para movilizar al resto del país en la búsqueda de justicia.
«El uso de redes sociales nos ayuda a visibilizar cada caso, así las autoridades toman en serio las denuncias, que la familia toma fuerza con estas acciones en redes sociales y se dan cuenta que la frase ‘no estás sola’ no es solo una frase, es una realidad», menciona Pérez.
Para la abogada y activista de la ONG 100% Estrogeno, Venus Faddoul, aunque se logra el objetivo de obtener justicia gracias a la presión de redes sociales, considera que no son las formas, pues el Estado venezolano está obligado a cumplir con el debido proceso y a resolver todos los casos sin importar si son expuestos de forma online.
De acuerdo con un informe de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), en el estado Bolívar durante los primeros diez meses de 2023 se registraron 183 casos de violencia basada en género. Estas cifras solo son conocidas por el monitoreo a medios de comunicación o por las mujeres que buscan ayuda en los servicios psicosociales que ofrece la ONG, porque el Estado venezolano no da cifras oficiales.
«Hay que ir más allá de poner los casos en los medios o con influencers que a veces banalizan el caso. Ojalá se pudiera conseguir un grupo de abogados penalistas, junto a expertos en violencia de género y revisar cada caso para poder establecer estrategias jurídicas lógicas en conjunto con la comunicacional», recomienda Faddoul.
Hasta que haya justicia, hasta que aparezcan
Aguirre detalla que antes todas estas luchas y campañas se veían como algo aislado, pero al pasar a ser víctimas tuvieron que también ser actores para que Ángela no fuera una más en la lista de femicidios impunes.
Aunque las siete personas involucradas en el femicidio de la adolescente fueron condenadas, la familia Aguirre considera que deben seguir siendo vigilantes del sistema de justicia venezolano, para evitar que «sigan tratando de torcer la justicia».
«Nosotros siempre vamos a ser vigilantes de que la justicia se cumpla y que la justicia no les otorgue ningún beneficio. Nos queremos reunir de nuevo como familia y ayudar a otros con el trabajo que hemos hecho», reflexiona Aguirre.
El padre de Ángela comenta que muchas personas les dicen que debería dejar todo cómo está, pero no van a descansar hasta que las siete personas involucradas en el femicidio paguen su condena.
«No me van a callar, ni voy a descansar hasta saber el paradero de mi hija. Yo tengo un pálpito de que cuando encontremos a Jennifer, van a aparecer muchas más niñas. Eso me mantiene en pie», asegura Jenni Sánchez con una sonrisa de esperanza.
Este reportaje forma parte del programa Género en foco, una iniciativa de la Red de Periodistas Venezolanas, con apoyo de la Embajada del Reino Unido.
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