La parroquia Caruao, al este del litoral central venezolano, conjuga el verdor del bosque y la belleza de extensas playas. Sus terrenos son considerados de vocación turística, pero un fenómeno se opone como obstáculo: la práctica, de algunos, de invadir la tierra haciéndose pasar por agricultores y retrasando el proceso de desalojo con extensas querellas en tribunales agrarios
Razones para ser un emporio turístico le sobran a la llamada Costa Verde de Vargas, como definen los lugareños y los especialistas en turismo sostenible, a la franja costera de la parroquia Caruao, que va desde el pueblo de Osma hasta Chuspa, en el litoral central venezolano.
A pesar de las potencialidades y de formar parte del plan de desarrollo turístico que esgrime la Zona Económica Especial La Guaira, la Costa Verde enfrenta un gran obstáculo, la invasión de terrenos, que, a pesar de ser de vocación turística, son tomados para el desarrollo agrario, basándose en lagunas legales basadas en la Ley de Tierras y en largas disputas en tribunales.
Disfrazarse de productor agrario para despojar a otros de su terreno. Esta práctica daña especialmente la vocación turística de Caruao, algo que las autoridades deben analizar, especialmente, cuando se habla de seguridad legal para los inversores
Posadero de la Costa Verde de Vargas
De acuerdo con los residentes de estos poblados costeños, algunos se aprovechan de estas variables haciéndose pasar por productores agrarios, solicitando permisos ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI) para una posterior explotación o negociación de la tierra a través de su venta.
“Muchos se aprovechan y se ponen el traje de productor agrario, usándolo como patente de corso para hacerse ilegalmente de terrenos. En muchos casos se comete quema y tala indebida, se afectan las cuencas de los ríos y los bosques tupidos que tenemos cerca del mar”, explica un vecino del pueblo de La Sabana, que solicitó la reserva de su identidad.
En ese espacio geográfico se ubica un caso emblemático de esta práctica, la invasión a parte de las 9,4 hectáreas de terreno, pertenecientes a la empresa Costa Caruao S.A., lote ubicado en la zona de La Concepción, entre los poblados de La Sabana y Caruao.
“El caso de Costa Caruao destaca porque se nos presentó un proyecto, la comunidad lo avaló, se nos habló de hacer un desarrollo amigable con la naturaleza que, además, ofrecía puestos de empleo y desarrollo económico, que iba servir de punto para el apoyo de planes de conservación ambiental. Todo se paralizó y devino en la invasión, la intervención del terreno generando daño ambiental y una escaramuza con el INTI, con los tribunales, con la guardia y, al final, no pasa nada”, agrega el residente de La Sabana.
A pesar de que Costa Caruao posee la cadena de titularidad completa del terreno ha debido enfrentar decisiones poco favorables y las consecuencias de la fragilidad que atraviesa el sistema judicial.
Un largo camino tribunalicio
El proyecto que desarrollaría Costa Caruao se vio paralizado por la contracción económica de Venezuela, entre 2015 y 2017, lapso que fue aprovechado por un invasor, Ángel Adrián Trías Liendo, que posteriormente, en 2021, realizó la venta de una de las parcelas a un tercero, sólo contando con medidas de protección, otorgadas ese mismo año, por la Defensoría Agraria y la Oficina Regional de Tierras en Vargas.
Como complemento, los nuevos pisatarios cometieron actos tipificados como delitos ambientales: quemaron y talaron los terrenos que colindan con la playa e irrespetaron, además, la norma que obliga a dejar sin ningún tipo de construcción la franja de 80 metros sobre la marca de la marea más baja.
Toda esta situación obligó a Costa Caruao a exigir el desalojo de su terreno por vía de tribunales. Asi lo confirmó El Pitazo, quien tuvo acceso al expediente en el Tribunal de Primera Instancia en lo Agrario de la circunscripción del litoral central, donde se ventila el caso de Costa Caruao, S.A. contra Corrado Scata Cavalieri y Ángel Trias Liendo.
En el expediente queda constancia de que los presuntos invasores no poseen, a la fecha, documentos del Instituto Nacional de Tierras (INTI) que los autorice a estar actualmente ocupando el terreno, pues la Carta Agraria con la que contaban inicialmente fue revocada por el propio organismo al ver a gravedad de los daños ambientales y los planteamientos de Costa Caruao.
A pesar de esta medida, emanada en agosto de 2022, donde el juzgado ordena el cese de toda actividad en el terreno, ya sea agraria o de cualquier tipo, la tala y quema han proseguido. En ese mismo tiempo, y a solicitud de Costa Caruao, el Tribunal Agrario dictó medidas cautelares para la preservación del terreno, pero quienes permanecen allí hacen caso omiso a las medidas. Actualmente, el caso se encuentra en fase de promoción de pruebas, para ambas partes, en la espera de la admisión del tribunal.
Para especialistas en derecho agrario consultados para este reportaje, lo más preocupante es el fraude a la ley y la inacción del Estado ante las medidas que se toman desde los tribunales.
Un juicio agrario (en Venezuela) puede extenderse tres y cuatro años. En todo ese tiempo, el que invade sigue actuando en el terreno, destruyendo, y, el propietario, viendo cómo se afecta su patrimonio
Abogado especialista en Derecho Agrario
“Es un fraude a la ley, es decir, quien invade no es productor agrario. Se valen del tiempo en que tarda en revocarse una medida. Mientras buscas abogados, estos preparan la demanda y los escritos de oposición, pasan los lapsos de evacuación de pruebas. Un juicio agrario puede extenderse entre tres y cuatro años. En todo ese tiempo el que invade sigue actuando en el terreno, destruyendo y el propietario viendo cómo se afecta su patrimonio, porque no puede ejercer la vía de la fuerza para que se cumpla un desalojo”, advierte un abogado litigante de los tribunales agrarios, que solicitó la reserva de su identidad.
“La gente se pregunta ¿cómo va a ser difícil sacar a alguien si uno tiene papeles de propiedad? Pues sí lo es, especialmente cuando uno va por la vía pacífica para realizar un desalojo. Lo es cuando los propios tribunales no tienen manera de hacer cumplir sus propias medidas, cuando se oficia a las autoridades y estas no hacen nada para cumplir con su trabajo, porque no tienen vehículos, por ejemplo, para llegar hasta los terrenos, en el caso de Costa Caruao”, detalla la fuente.
Explica el abogado que otra grave consecuencia es que “conforme pasa el tiempo, la tenencia ilegal de la tierra va cogiendo más forma, porque no hay respeto a las medidas cautelares”.
El Pitazo pudo comprobar que las medidas cautelares solicitadas para el terreno y emanadas por el tribunal fueron remitidas a los organismos policiales del estado y a la Guardia Nacional, sin que esto haya impulsado alguna acción por parte de estos cuerpos de seguridad.
“Simular ser productor agrario es una mampara para decir que no lo puedes sacar del terreno invadido. Se utiliza lo que dice la ley de tierras de manera fraudulenta. Disfrazarse de productor agrario para despojar a otros de su terreno. Esta práctica daña especialmente la vocación turística de Caruao, algo que las autoridades deben analizar, especialmente en época en que se habla de seguridad legal para los inversores. Nadie viene a invertir, si se va a encontrar con todo este cuadro”, agrega un posadero de la Costa Verde, consultado por El Pitazo, sobre este caso. Su identidad es protegida por miedo a represalias.
El Pitazo intentó establecer comunicación con las partes del juicio que Costa Caruao S.A. mantiene contra Ángel Trias Liendo y Corrado Scata Cavalieri, sin obtener respuesta.
Y mientras el aprovechamiento de una tierra bendecida con el azul y el verde en un mismo espacio sigue su curso, sin control aparente, empresas como Costa Caruao pierden oportunidades de ser referentes de turismo sustentable y desarrollo económico haciendo frente a un modus operandi que se comienza a repetir como un patrón, que atenta contra el turismo y el respeto ambiental, agrega la fuente, que conoce el caso por ser un dirigente vecinal con años de vida en La Sabana.
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