Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explica los puntos más destacados del más reciente estudio de la organización que revela que Colombia, Perú, Ecuador y Chile han aprobando pocas solicitudes de refugio y que las alternativas ofrecidas para la regularización de los migrantes venezolanos no cumplen con los estándares necesarios de protección
Entrevista: César Batiz Redacción: Daniela Carrasco
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, entregó los hallazgos clave del informe Regularizar y Proteger: Obligaciones Internacionales de Protección de Personas Venezolanas. La investigación revela las preocupantes condiciones que enfrentan los venezolanos en Colombia, Perú, Ecuador y Chile, países que han recibido a casi 70 % de los más de 7,7 millones de personas de Venezuela que se han visto forzadas a emigrar por la crisis humanitaria compleja y la violación de derechos humanos.
La investigación evalúa el funcionamiento de los sistemas de refugio y las alternativas de regularización migratoria en los cuatro países de América Latina que reciben a la mayoría de los migrantes venezolanos.
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La directora de Amnistía Internacional explica que el estudio reveló una situación negativa en dos aspectos clave: en primer lugar, se están aprobando pocas solicitudes de refugio en estos cuatro países; y en segundo lugar, las alternativas ofrecidas para la regularización de los migrantes venezolanos no cumplen con los estándares necesarios de protección, lo que deja a estas personas en una situación de vulnerabilidad.
«La posición de Amnistía Internacional es que las personas que salen de Venezuela debieran recibir protección internacional y ser reconocidas como refugiadas porque, debido a que están huyendo de un país donde hay violaciones masivas de derechos humanos, caben dentro de la definición de refugiados», explica Piquer, en entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz.
—¿Cómo es ésta situación con otras nacionalidades y en otros países?
—En las Américas, lamentablemente, tenemos varios ejemplos de países que están atravesando por crisis importantes en materia de violaciones derechos humanos y situaciones de violencia generalizada. Pensemos en Nicaragua, Cuba y Haití, son situaciones también dramáticas en que las personas están constantemente tratando de salir del país.
El caso de Venezuela tenía una atención especial. Recientemente, tenemos el trabajo que ha hecho la Misión de Determinación de los Hechos que sacó un nuevo informe; también hay una investigación abierta en la fiscalía de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad. Es un caso que es muy claro, y es que todas las personas que están saliendo de Venezuela están buscando protección. No son migrantes en el sentido tradicional de la palabra, sino que son personas que están huyendo de una situación tan grave de violaciones de derechos humanos que debieran ser reconocidas de entrada como personas refugiadas
—¿Cuáles son, de acuerdo con Amnistía Internacional, los factores más graves que impulsan a que hoy día cerca de ocho millones de venezolanos hayan migrado?
—Es una emergencia humanitaria compleja, porque es una cadena de violaciones de derechos humanos que abarcan no solo lo que es obvio en materia de derechos civiles y políticos, sino también en materia de derechos económicos sociales y culturales, el acceso a la salud, alimentación, servicios muy básicos.
Hay una situación en donde la interdependencia de todos los derechos humanos está a la vista. El cómo se violan esos derechos, cómo no están garantizados debidamente, y eso hace que las personas necesiten salir para buscar un lugar seguro donde poder hacer su vida.
Las personas que salen de Venezuela debieran recibir protección internacional y ser reconocidas como refugiadas porque, debido a que están huyendo de un país donde hay violaciones masivas de derechos humanos, caben dentro de la definición de refugiados
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
—Recientemente, publicamos un caso sobre la alta migración de mujeres de la etnia Wayuu debido a la falta de oportunidades
—Sin duda. Ahí se generan una serie de capas de problemas que enfrentan las personas que huyen de Venezuela. Por ejemplo, las mujeres, específicamente las personas indígenas, que son víctimas de otras formas de discriminación adicionales al hecho de ser personas extranjeras.
La ausencia de perspectiva de género en muchas de los mecanismos de atención en materia de refugio regularización también es algo que analizamos en el informe y tampoco salió bien evaluado. En términos generales, no hay una acogida específica a las mujeres y menos aún si son mujeres que vienen huyendo o siendo víctimas en ese momento de violencia basada en género.
—Cito algo que dicen en su informe: «La falta de acceso a un estatus migratorio regular es especialmente preocupante para las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, quienes quedan totalmente desprotegidas en sus países de acogida»
—Las mujeres que están en situación irregular, y que están siendo víctimas de violencia, muchas veces no se van a atrever a denunciar por temor a que eso revele su situación de irregularidad y terminen siendo deportadas, porque quisieron buscar protección contra la violencia de la que estaban siendo víctimas.
En ese sentido, es que también miramos si los mecanismos de acogida toman eso en cuenta. Puede ser que una mujer requiere una protección especial, debido a que es víctima de violencia.
De los países que analizamos muchos no lo incluyen y quienes lo incluyen, como es el caso de Perú o de Chile, muchas veces incorporan requerimientos que hacen muy difícil hacer solicitarlo y que además muchas veces esos requisitos son revictimizantes para las mujeres.
Hay una situación en donde la interdependencia de todos los derechos humanos está a la vista. El cómo se violan esos derechos, como no están garantizados debidamente, y eso hace que las personas necesiten salir para buscar un lugar seguro donde poder hacer su vida
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
—¿Y la infancia? Los niños, niñas y adolescentes ¿cómo quedan aquellos que son nacidos en los países de acogida?
—Son familias que tienen múltiples nacionalidades. Ahí de nuevo se van generando capas de desprotección, más aún cuando, volviendo al tema, la vulnerabilidad que le toca a la mujer también afecta al niño.
Vimos casos en donde los hijos o hijas de una persona tienen estatus regular en el país, pero la madre no, entonces hay muchos trámites que la madre no puede hacer porque ella no tiene estatus regular, con lo cual, el hijo igual queda desprotegido.
—¿Cuál es el trato que reciben (los refugiados) en Colombia, Perú, Ecuador y Chile?
—En Colombia, si uno mira el sistema de refugio, la verdad es que la gran mayoría de las personas no son reconocidas como refugiadas. La tasa de acogida de la solicitud de refugios es mínima.
Existe un programa de regularización que permite acceder a un programa de protección temporal. Digamos que está limitado en este momento a personas que hayan entrado al país antes de enero de 2021, lo que también deja por fuera a muchas personas. Ese programa, si bien reconoce derechos a la salud, educación y trabajo, no protege contra la devolución, o sea, eventualmente las personas podrían ser devueltas a Venezuela si se considera que incumplieron con ciertas condiciones.
En el caso de Perú, hay un límite fundamental para acceder al refugio, y es que ahí la oficina física de la autoridad que concede refugio cerró hace algunos años, por lo que todo se hace de forma virtual. Eso ha limitado el acceso a solicitar refugio y la gran mayoría de las personas que lo solicitan no son reconocidas como tal.
Hay un programa, también de protección temporal, que tiene también algunos límites. Tiene costos financieros para las personas que quieran aplicar, lo que deja a algunas personas fuera porque no tienen como acceder a ese dinero.
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En Ecuador, la mayoría de personas no son reconocidas como refugiadas, la accesibilidad también está limitada por el costo. Existe un programa que se llama Estoy aquí, que permite acceder a una visa específica de protección temporal y también tiene limitación por fecha de entrada
Chile está en una situación bastante compleja en que no garantiza el derecho al solicitar refugio. Está exigiendo visa de entrada a personas venezolanas, lo que genera una barrera para personas solicitantes de asilo.
Si una persona entró de forma irregular al país y quiere solicitar refugio, necesita hacer lo que es conocido como una autodenuncia, tiene que ir a las autoridades y decir «Estoy irregular en Chile». Podría incluso ser sometido una multa y después de eso es que pueden pedir refugio, lo que es contradictorio con todas las normas internacionales.
—¿Por qué ocurre esto con los venezolanos?
—Los cuatro gobiernos están están incumpliendo con sus obligaciones internacionales. Lo que hemos visto, por una parte, es que se tiñe políticamente y es lamentable que se vea de esa forma, porque estamos hablando de derechos humanos, de personas que necesitan protección. Muchas veces se ha transformado en situaciones diplomáticas complejas y como que toda la atención se enfoca en esas preocupaciones diplomáticas y no en los derechos de las personas.
Las conclusiones no son una sorpresa, pero por supuesto siempre son tristes y muy preocupantes. El constatar una vez más que la situación de derechos humanos en Venezuela no ha mejorado
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
—¿Qué más debe hacerse para resolver este este trato que reciben los migrantes venezolanos en estas cuatro naciones?
—Lo primero es decir que el tema de la coordinación y de la cooperación internacional es fundamental para abordar esto regionalmente.
En estos cuatro países es fundamental implementar adecuadamente la legislación que tienen en materia de refugio. Todos los países reconocen la definición de refugiado de la Convención de Refugiados y de la Declaración de Cartagena; bajo esa lógica, todos estos países debieran entender que, legalmente, estas personas venezolanas son solicitantes de asilo y se debiera reconocer su estatus de refugio.
Dejar de poner barreras innecesarias para que las personas venezolanas puedan acceder a eso, incluyendo eliminar visas de entrada para que puedan realmente solicitar asilo y garantizarles sus derechos mientras están en el país
Por último, encontrar formas de integrarles a las sociedades a las que llegan para que puedan establecerse, y también abordar la situación de derechos humanos en Venezuela, que ese foco tampoco podemos perderlo.
—Como representante de Amnistía Internacional, ¿qué puedes decirnos del informe de la misión de hechos de la ONU?
—Coincidimos con el análisis. Desde Amnistía Internacional también venimos documentando la situación en Venezuela desde hace muchos años y, de hecho, fuimos de las organizaciones que empujó para la creación de la Misión internacional independiente de determinación de hechos, porque nos parecía que era fundamental poder tener una mirada más cercana de la Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto de las graves situación que se está viviendo en el país.
Las conclusiones no son una sorpresa, pero por supuesto siempre son tristes y muy preocupantes. El constatar una vez más que la situación de derechos humanos en Venezuela no ha mejorado.
TPS para venezolanos en EE. UU.: ¿quiénes son elegibles para la protección?
Se sigue persiguiendo políticamente; vemos que se está deteniendo a todo tipo de personas: profesores, sindicalistas, estudiantes. Es una constatación de que la situación sigue siendo grave y que por lo mismo las personas que están saliendo de Venezuela, hoy día debieran ser consideradas prima facie como personas que son solicitantes de asilo.
—¿Qué opina sobre esta decisión del gobierno de Estados Unidos de extender el TPS?
—En el estudio no analizamos la situación de Estados Unidos, pero en términos generales hay que decir que cualquier oportunidad de regularización va a ser de alguna forma una buena noticia, aunque sea limitada.
Qué bueno que se amplió, pero de nuevo ahí se contradice con otras medidas que ha estado adoptando Estados Unidos. Por ejemplo, en materia de asilo, está limitando la posibilidad de solicitar asilo si no puedes demostrar que las personas solicitaron asilo en todos los países por los cuales pasaron antes de llegar a Estados Unidos, lo que es un requisito imposible de cumplir.
Además, se está exigiendo que para solicitar asilo la cita se haga a través de una aplicación móvil que se ha reportado con muchísimos problemas, porque se cae, que las personas no pueden acceder a la cita, que son muy pocas citas, que las traducciones no funcionan bien.
Por un lado uno dices, que bueno que puedan aumentar las posibilidades de regularización, eso siempre va a ser bienvenido, se ha hablado que podría beneficiar incluso 500.000 personas y eso es una muy buena noticia, pero es una pequeña cosita en un mar de dificultades.
Por un lado uno dices, que bueno que puedan aumentar las posibilidades de regularización, eso siempre va a ser bienvenido (…) pero es una pequeña cosita en un mar de dificultades
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
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