Los diputados de la Asamblea Nacional discuten este martes 3 de diciembre una ley de endeudamiento con la CAF por 350 millones de dólares, para la ejecución de proyectos eléctricos en Zulia, Caracas, Los Andes y Nueva Esparta, que presenta sobreprecio y ejecuciones innecesarias por el orden de los 140 millones de dólares, según los especialistas Miguel Lara y José Aguilar, ambos consultados por El Pitazo.
La ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia del Sector Eléctrico estipula un acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela, la CAF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este último será el ejecutor y administrador de los recursos financiados por la CAF al Estado venezolano, de acuerdo con el borrador del proyecto de ley revisado por El Pitazo.
El Mecanismo de Apoyo Humanitario ante la Emergencia del Sector Eléctrico, un documento elaborado por técnicos de la CAF tras un trabajo de campo en el país, autorizado por Corpoelec, empresa del Estado, estima la mayor inversión en Zulia por un monto de 231.500.000 dólares. De esa cantidad, USD 194 millones estarían destinado para la incorporación de 240 megavatios en unidades de Generación de Respuesta Rápida o unidades de Fast Power en las plantas Ramón Laguna y Rafael Urdaneta durante un periodo de cinco meses. Aunque el proyecto no especifica el modelo de las máquinas a adquirir, el precio que se indica es superior a las cotizaciones que hay en el mercado en ese tipo de unidades.
Las empresas Siemens, General Electric y Mitsubishi venden modelos de turbinas de 30 megavatios -capacidad de las unidades que serían compradas-, cuyos precios oscilan entre los USD 13 millones y USD 15 millones, según se indica en Gas Turbine World Handbook 2019, un libro en el que los fabricantes a nivel mundial publican las especificaciones y precios de las unidades que tienen en venta.
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El monto de pago de esas unidades sería de USD 120 millones, a los que hay que sumarle unos USD 7 millones por gastos de traslado e instalación, según estimaciones de especialista consultados. Las cifra total es de USD 67 millones inferior a los indicado en la propuesta de endeudamiento.
El ingeniero José Aguilar, consultor internacional en análisis de riesgos eléctricos, asegura además que en el país hay al menos 800 megavatios en unidades de Generación de Respuesta Rápida que hoy están inoperativas, de las cuales se conoció que al menos dos máquinas están nuevas y nunca fueron instaladas.
Explicó que la instalación de esta tecnología no debe superar 45 días de trabajo porque de lo contrario no se trataría de generación de respuesta rápida. «Ellos colocan un tiempo estimado de cinco meses para instalar unas unidades que ya están listas, que no requiere grandes obras civiles para su montaje».
Miguel Lara, exgerente de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado, critica que los creadores del proyecto no consideraron la recuperación del sistema de suministro de gas para las centrales térmicas a objeto de minimizar su dependencia de combustibles líquido. «Ellos se basan en instalar más unidades para las cuales se deberá importar el combustible que usan, ya que de utilizar el nacional las unidades por comprar quedarán indisponible en corto tiempo, tal como ocurrió con las unidades que ya adquirió Venezuela, que no están funcionando y que son reparables por menor costo que lo presupuestado», dice Lara.
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Además de la compra de las turbinas, el plan prevé la recuperación de la unidad 2 de Termozulia por un monto de USD 25 millones, cuyo precio -según Aguilar- es de USD 10 millones menos; la compra de transformadores de potencia por USD 10.890.000, y la elaboración de un estudio de diagnóstico de generación y esquema de transmisión a largo plazo por un monto de USD 1.500.000.
El plan no es el más correcto ni servirá para aliviar la crisis eléctrica en Zulia, que el 24 de diciembre cumple dos años, de acuerdo con los expertos.
Aguilar indica que con USD 231.500.000 es posible reparar las unidades que están fuera de servicio en Termozulia y que aportarían en su totalidad al sistema unos 1.300 megavatios.
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Agregó que quedarían recursos para instalar el nuevo cable de 230 kilovoltios adosado al puente General Rafael Urdaneta, que está resguardado en Termozulia y que -según fuentes de Corpoelec- no ha sido instalado por la ausencia de personal calificado para hacer el trabajo. «Y todo esto en el mismo plazo de cinco meses, que se propone para instalar la generación de respuesta rápida que se quiere adquirir».
La puesta en servicio del cable de 230 kv permitiría importar unos 300 megavatios del Sistema Eléctrico Nacional hacia la Costa Occidental del Lago. «Por menor costo, Maracaibo tendría más energía que la que proponen con la compra de las unidades de Respuesta Rápida y es una solución más duradera y estructural», afirmó Aguilar.
Inversión injustificada
Miguel Lara considera que el proyecto aborda la emergencia zonificada y no como una crisis estructural que requiere una solución integral. «Lo que proponen es hacer más de los mismo que viene haciendo Corpoelec: Compras inconvenientes que no son solución sino mayor despilfarro de dinero que solo beneficiaría a compradores, intermediarios y vendedores, sin escrúpulos, en perjuicio de la sociedad venezolana».
Los sobreprecios no sólo están en las compras de Zulia. Para Los Andes, la propuesta de la PNUD/CAF y el Grupo de Boston propone la recuperación de centrales termoeléctricas. Estiman un monto de USD 42.000.000 para recuperar 450 Mw instalados en la planta Don Luis Zambrano (Mérida), pero ahí sólo hay una de sus tres unidades fuera de servicio. La central produce 185 Mw, de acuerdo con un reporte de Corpoelec del 28 de noviembre.
Aguilar afirma que es excesivo ese costo. «Lo que queda pendiente por normalizar es una sola unidad Siemens y eso no cuenta USD 42 millones. Una unidad nueva similar está por el orden de los USD 35 millones. Reparar esa unidad no supera el 5 por ciento del monto solicitado en el endeudamiento».
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La otra propuesta es recuperar Planta Táchira, que hasta el 28 de noviembre generaba 20 Mw. El mercanismo de la PNUD/CAF calcula un préstamos de USD 15 millones para reparar 30 Mw con la restauración de las unidades 9 y 10. Según Aguilar, con el precio estimado se pueden recuperar cinco veces más de lo indicado por tratarse de una tecnología vieja.
«Son trabajos que privilegian la recuperación térmica por sobre la recuperación de las hidroeléctricas del área, con costos de operación prohibitivos con diésel por la falta de gas», advierte Miguel Lara.
En el caso de la Región Capital, el proyecto plantea recuperar la planta India Urquía que se mantiene apagada, sin producir megavatios. El plan es reparar 210 Mw con la puesta en servicio de las unidades 1 y 6 por un monto de USD 12.300.000. Para Aguilar, esto demuestra el desconocimiento de la crisis y la situación del sistema eléctrico venezolano porque esta planta requiere ser reparada por completo y un trabajo de esta envergadura costaría en el orden de unos USD 90 millones.
Los especialistas no ven necesario invertir USD 5 millones en Nueva Esparta bajo los trabajos de conversión a gas de seis turbogeneradores de la Planta Luis Cáceres de Arismendi para incorporar 56 Mw, porque en la isla ya hay nueve unidades (302 Mw) que pueden funcionar a gas y son suficientes para cubrir la demanda. Tampoco les parece oportuno, gastar USD 9 millones para hacer los trabajos de mantenimiento mayor a la unidad 2 de la Planta Juan Bautista de Arismendi, que están en funcionamiento.
Tanto José Aguilar como Miguel Lara Insisten en que hay opciones técnicamente superiores, menos costosas y que pondrían al servicio del sistema eléctrico venezolano hasta más de cuatro veces el monto de capacidad (MW) de la propuesta presentada por la CAF, PNUD y el Grupo de Boston.
Advierten que la aprobación de esta ley implica seguir el mismo patrón que ha mantenido el gobierno de Nicolás Maduro: Aumentar las deudas, comprar equipos inconvenientes, no recuperar ni mantener y seguir en crisis.
El acuerdo involucra a Maduro
El Mecanismo de Apoyo Humanitario ante la Emergencia del Sector Eléctrico, avalado y presentado a la AN por el Grupo de Boston, sólo es posible si la AN lo aprueba. En él se estima una incorporación total de 1.070 megavatios al sistema eléctrico: 240 megavatios en unidades de generación de respuesta rápida, la dotación de plantas para hospitales y la recuperación de 831 megavatios térmicos instalados en plantas de Mérida, Táchira, Nueva Esparta, Zulia y Caracas.
De aprobarse la ley, estaría la Asamblea Nacional avalando un proyecto en el que el gobierno de Nicolás Maduro es partícipe de la ejecución, porque todo lo que se ejecute en las instalaciones eléctricas debe estar bajo la coordinación de la Corpoelec. De hecho, el mecanismo de financiamiento indica que la junta directiva del proyecto estaría conformada por un representante del PNUD, uno de la CAF, uno del Gobierno de Maduro, uno de la oposición, un diputado de la bancada opositora y uno de la bancada oficialista.
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La propuesta del plan de endeudamiento fue comunicada el 9 de noviembre a Juan Guaidó, líder de la AN, en una carta emitida por el Grupo de Boston y que está firmada por su coordinador en Venezuela, Pedro Díaz Blum. En la misiva se le pide a la AN aprobar la ley que permite contraer la deuda para la ejecución del Mecanismo de Apoyo Humanitario ante la Emergencia del Sector Eléctrico, que tiene como objetivo «solventar a corto plazo y de manera parcial la situación de emergencia que atraviesa el país en materia eléctrica».
Los diputados de UNT son los promotores de la ley dentro de la AN y es la parlamentaria Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Servicio, la encargada de coordinar la misma que cuenta con el apoyo de Acción Democrática. De hecho, Manuel Rosales, exgobernador de Zulia y líder de UNT, es uno de los precursores del proyecto y lo promueve como la solución que hará que se minimice la crisis eléctrica en Zulia.
A los diputados Nora Bracho, Enrique Márquez y a Manuel Rosales se le solicitó una entrevista para hablar sobre el tema y no fue posible. Pedro Díaz Blum fue consultado y dijo que “no es bueno declarar sobre el tema”.
Sólo Elías Mata, diputado zuliano por UNT, contestó. Al ser consultado sobre que la ejecución del plan debe ser en conjunto con el gobierno de Maduro, respondió: «Hay que hacer algo para solventar el sufrimiento que viven los zulianos. No nos podemos quedar de brazos cruzados».
Con respecto al sobreprecio que presenta el proyecto, dijo desconocer. «Eso hay que decirlo, yo voy a consultar», respondió.
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