Por Liz Gascón y Rosanna Battistelli
La intervención de la cárcel de Tocorón, base de operaciones del Tren de Aragua, a cargo de 11.000 funcionarios de seguridad del Estado no se traduce en el desmantelamiento de la megabanda que cuenta con más de 5.000 integrantes y que tiene presencia en al menos 13 estados de Venezuela y 7 países de América Latina, indicaron 3 fuentes consultadas por El Pitazo.
El miércoles, 20 de septiembre de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro anunció, mediante un comunicado, que realizaban la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro para “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada” en el centro penitenciario del estado Aragua, sin mencionar a la organización criminal que se conformó en 2014 en el lugar y que ejercía el control absoluto en su interior.
Cinco horas más tarde, las autoridades informaron, en otro comunicado, que tomaron el control del recinto y que sería desalojado para una reestructuración.
Los pranes, el apodo que reciben los jefes que controlan la prisión, abandonaron las instalaciones antes de la incursión de las comisiones policiales y militares, aseguraron dos fuentes del oficialismo y un agente de seguridad entrevistados por El Pitazo.
Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, salió de Tocorón hace una semana, igual que Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, un lugarteniente del Tren de Aragua que encabeza la lista de criminales más buscados del estado Lara e Interpol Venezuela, refugiado en Tocorón durante los últimos tres años.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmó que hubo conversaciones previas con Guerrero para negociar la toma y que el despliegue de seguridad comenzó el 19 de septiembre en las comunidades aledañas.
Un grupo de presos escapó por túneles y se ocultó en las montañas cercanas a la cárcel, afirmó la organización en una nota de prensa.
La periodista de investigación y consultora de seguridad Ronna Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, considera que hay varias razones detrás de la intervención de la cárcel el mismo día de la presentación del cuarto informe sobre Venezuela de la Misión de Determinación de Hechos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a pocas horas de la proyección de una serie de videos en Times Square, Nueva York, sobre las torturas ejecutadas por el Gobierno contra los presos políticos en el país.
Mujeres y niños estaban de visita en Tocorón antes de la intervención
“El Gobierno de Venezuela intenta legitimarse y ser reconocido por los presidentes de distintos países y hay exigencias directas y públicas de autoridades de Colombia, Perú y Chile en las que hacen un exhorto sobre las acciones que comete el Tren de Aragua en esos países, donde logró expandirse, y cómo estas acciones son lideradas desde la prisión de Tocorón. Esta presión internacional fue teniendo impacto en el Gobierno venezolano”, declaró Rísquez.
El cierre de Tocorón no implica la desarticulación del Tren de Aragua, sostuvo la investigadora que cuenta en un libro cómo nació el grupo que acumulaba hasta tres millones de dólares anuales por el cobro de “causa” o impuesto de vida a la población penitenciaria y los planes que tenía el “Niño Guerrero” para urbanizar la cárcel, que ya tenía un estadio de béisbol y una discoteca.
“Están, ciertamente, tomando el centro de operaciones, pero eso no significa el desmantelamiento del Tren de Aragua, sobre todo porque es una organización bastante estructurada, que tiene tentáculos no solamente en otros estados de Venezuela sino fuera”, agregó Rísquez.
Además, señaló que hubo una desproporción con el envío de 11.000 funcionarios de seguridad al operativo en Tocorón, cuya población penitenciaria no sobrepasa las 5.000 personas.
“Están entrando más de dos funcionarios por cada privado de libertad, a menos de que el Gobierno esté reconociendo que necesita un ejército para desmantelar una estructura criminal que se había convertido en un ejército delictivo”, comentó.
Impunidad de larga data
En opinión del abogado y coordinador general de la organización Una Ventana a la Libertad (UVL), Carlos Nieto Palma, con este despliegue el Gobierno reconoció el caos penitenciario y la negligencia que permitió que en la cárcel se consolidara una banda con un extenso portafolio criminal que incluye extorsión, secuestro, estafa telefónica, tráficos de drogas y de personas, contrabando de chatarra, sicariato y otra decena de economías ilícitas.
“El problema de Tocorón no es algo nuevo. Hace muchos años que el control de esta cárcel está en manos de los pranes, encabezados por «Niño Guerrero» y su banda Tren de Aragua, que representa un problema nacional e internacional, ya que tiene ramificaciones en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador”, indicó Nieto a El Pitazo este 20 de septiembre.
El abogado citó la Constitución Nacional para destacar que “el Estado debe garantizar los derechos humanos de los privados de libertad en este recinto carcelario, ya que están bajo su custodia”.
La criminóloga y coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad (UVL), Magaly Huggins, coincide con Nieto en que el problema en Tocorón es de vieja data y que el Gobierno demoró para actuar.
“¿Se enteró por fin el Gobierno de que en Tocorón hay una banda que opera desde hace muchos años y controla la zona? ¿Es tan peligrosa esta banda que mandan 11.000 funcionarios a una prisión? ¿Cuál es la verdadera situación de alarma?”, se preguntó la también docente universitaria.
Hasta la tarde de este 20 de septiembre, las autoridades no han reportado el saldo de heridos ni el destino de los líderes de la banda criminal.
En los dos comunicados oficiales publicados hasta el momento, el Gobierno no hace mención del Tren de Aragua ni de sus cabecillas.
En la intervención de la banda del “Koki” en la Cota 905, en Caracas, o del retén de Cabimas, en Zulia, el paradero de los líderes criminales también era incierto, recordó Rísquez.
«Cuando se desmanteló el retén de Cabimas, los cuatro líderes simplemente escaparon o salieron, no se sabe cómo”, precisó.
Uno de ellos, apodado “el Conas”, figura en la lista de los delincuentes más buscados, aunque debería continuar en prisión, y ha enviado amenazas al fiscal Tarek William Saab.
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