El ministro de trabajo, Francisco Torrealba, informó este viernes, 22 de julio, que junto a la ministra de salud, Magaly Gutiérrez y otros gremios del sector, firmaron acuerdos para pagar el bono recreacional a los jubilados y cumplir con la cláusula de calzados y uniformes para el personal activo.
La información la ofreció Torrealba a través de su cuenta en Twitter, sin ofrecer mayores detalles de los tiempos y montos de los beneficios laborales. Tampoco especificó cuáles gremios de salud participaron en el encuentro.
El Sindicato Mayoritario de la Salud (SitraSalud) Aragua confirmó en su grupo de Telegram que este viernes el ministro de Trabajo, con el Sindicato Nacional de la Salud (Fenasirtrasalud) y el resto de las federaciones firmaron un acta de acuerdo.
En el texto destacaron que para «rescatar el espíritu de la cláusula de uniformes y zapatos se cancelará un bono de 200 bolívares, el cual será abonado junto al pago de la quincena». Además, precisa que «el próximo año se estará dotando de uniformes y zapatos«, pero advierte que de «no poder hacer posible dicha dotación se estará revisando la cláusula» en 2022.
SitraSalud Aragua también detalla que el pago del personal jubilado y jubilada se realizará en tres partes, a razón de 85 días: 30 días salario básico, 30 días más de salario básico y 25 días de salario básico. «Esto en virtud de que no hay disponibilidad presupuestaria», recalca.
Sin presencia sindical
Por su parte, Mauro Zambrano, dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, criticó que se hagan acuerdos sin la presencia de la dirigencia sindical, pues esto solo beneficiaría al patrono y no al trabajador.
Esta aprobación busca paliar las movilizaciones y quejas de los trabajadores y jubilados del sector público que tienen meses exigiendo sus derechos laborales. Falta conocer si cumplieron todas sus solicitudes.
El pasado 21 de julio, trabajadores públicos y jubilados de distintos gremios se movilizaron en una marcha unitaria por la avenida Urdaneta, en el centro de Caracas, para exigir la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), reivindicaciones salariales que les permitan vivir dignamente y mejoras en las condiciones laborales.
La movilización tenía previsto llegar a la Vicepresidencia de la República, pero funcionarios del Estado cerraron los accesos para que no pudiera avanzar hasta el punto establecido. Por ello, los dirigentes sindicales cambiaron la ruta de la actividad hasta la sede del Ministerio Público, ubicada en Parque Carabobo, donde denunciaron la presencia de grupos de los denominados colectivos durante toda marcha.
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