Caracas.– La Red por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) de Venezuela exigió este domingo, 5 de mayo, al Estado la reactivación del programa de trasplantes de órganos para así garantizar el derecho a la salud de quienes requieran este tipo de intervención.
«Desde la Redhnna exigimos al Estado reactivar el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT), para que así, los miles de niños, niñas y adolescentes con patologías renales puedan soñar con una vida digna y un futuro mejor», escribió la organización en una publicación en la red X.
La red indicó que el Estado venezolano está en la obligación de garantizar el derecho a la salud de los menores de edad. Asimismo, que no reactivar este programa vulnera el derecho a la salud y a la vida, consagrados en el artículo 83 de la Constitución de Venezuela.
Mientras que la ONG Prepara Familia informó en enero, que al menos 82 niños han fallecido desde 2017 en el servicio de Nefrología del hospital J. M. de los Ríos por falta de trasplantes de riñón; durante 2023 murieron 7 menores.
El 2 de junio, una comisión de la Asamblea Nacional anunció un proceso de recolección de firmas de víctimas de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra el país suramericano, para consignarlas ante organismos internacionales.
Tres niños han fallecido en el J.M. de los Ríos durante enero 2024 esperando trasplantes
El jefe de esta comisión, Pedro Infante, aseguró entonces, de acuerdo a una nota de prensa, que las medidas estadounidenses impiden atender a niñas y niños que requieren trasplantes de médula ósea para salvar sus vidas.
Varias ONG y activistas de Venezuela realizaron una campaña en junio de 2023 para exigir la reactivación del programa de trasplantes de órganos.
La directora de la ONG Prepara Familia, Katherine Martínez, dijo a la agencia EFE que hay pocas opciones para los pacientes, pues la posibilidad de que la donación sea de vivo a vivo -única que se practica en el país- es «excepcional», entre otras cosas, señaló, por las carencias en los hospitales públicos que impiden la ejecución de estas intervenciones.
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