Riesgo potencial para pobladores de tres estados

El embalse Camburito-Caparo no cuenta con la operatividad de las cámaras de compuertas que controlan su descarga de agua. Una falla de ese mecanismo está latente desde 2007. El ministro Luis Motta Domínguez está al tanto de los riesgos y consecuencias. Reconoce que no se hace nada para rehabilitar la estructura, que de colapsar pone en riesgo las vidas de 95.000 personas de los estados Táchira, Mérida y Barinas

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Al principio, en 2007, fueron 1.200 litros por segundo. Hoy, casi 11 años después, la fuga se elevó en 1.000 por ciento. Ahora, son 36.000 litros por segundo que pierde el embalse Camburito-Caparo y un potencial riesgo de inundación que pone en peligro la vida de 95.000 personas, según reportan tres informes de expertos que contrató Corpoelec para estudiar la fuga de agua que ocurre por averias en las compuertas de las represas La Vueltosa y Borde Seco.

“Las comunidades aguas abajo de las represas La Vueltosa y Borde Seco (ambas operan en el mismo embalse), más de 95.000 personas, viven en el constante riesgo de que el nivel de las aguas en los ríos Camburito y Caparo aumente súbitamente. Esto podría significar incalculables pérdidas en la matriz productiva de las comunidades, viviendas inundadas o destruidas por la fuerte corriente de agua y hasta el riesgo de pérdidas de vidas humanas en caso de que ocurra un desprendimiento de las compuertas que controlan el vaciado del embalse”.

La advertencia la hizo la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (Impsa), la última en inspeccionar la falla y que fue contratada en 2012 para rehabilitar las cámaras de compuertas de descarga de fondo de ambas represas, en un memorando dirigido en enero de 2016 a la Corporación Eléctrica Nacional en el que desisten de continuar con la contratación.

Son las poblaciones de Santa Bárbara, Punta de Piedra y El Cantón en Barinas; Santa María de Caparo, en Mérida; y Los Bancos y Abejales, en Táchira, las que resultarían afectadas por una inundación que alcanzaría unas 455.440 hectáreas.

Ya en 2009 se alertó sobre el peligro. La Electrificación del Caroní C.A (Edelca, filial de Corpoelec), tras hacer una inspección calificó el riesgo como grado I que significa: “Modo de fallo que claramente se considera factible al existir alguna condición que resulta de una serie de eventos probables e implica consecuencias potenciales importantes. Estos modos de fallo son críticos y requieren decisiones a corto plazo, bien para recabar más información o directamente para acometer una actuación”.

El ministro de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez está al tanto de la falla, de los riesgos y de las consecuencias en caso del vaciado descontrolado del embalse que sirve a La Vueltosa. Y pese a ello, reconoció en declaraciones a El Pitazo que no se hace nada y que Impsa estafó a la nación.

Mientras el ministro señala a culpables de la situación, las turbinas de la Central Fabricio Ojeda, donde se usa el agua de La Vueltosa, están sin producir un megavatio desde marzo, ante las dificultades que tiene para alcanzar su llenado debido a la fuga, la evaporación del agua y la explotación de generación de energía en los primeros meses del año, cuando la producción debió ser menor por la disminución de lluvias para la época.

Aunque el ministro ha dicho que se trata de un problema de sequía, Impsa deja claro en el informe lo contrario: “El embalse no tiene la capacidad para operar las dos turbinas de la Central Fabricio Ojeda en forma permanente. En época de seca, el tiempo de generación queda supeditado al nivel del embalse. Las filtraciones permanentes en ambos descargadores no hacen más que empeorar la situación”.

En peligro desde hace 11 años

La represa La Vueltosa, ubicada en Mérida, está en peligro desde 2007, cuando falló una de las dos compuertas de descarga de fondo, por donde se debe controlar el llenado y vaciado del embalse.

El 30 de julio de 2007 los trabajadores del Desarrollo Uribante Caparo (Desurca, que justo un día después quedó en manos de Corpoelec con la creación de esta) hacían una inspección de rutina en la presa y tenían previsto cerrar la compuerta para iniciar el llenado del embalse que entonces estaba en la cota 274 metros sobre el nivel del mar y debía alcanzar los 310 msnm (cota máxima de operación de las turbinas) para diciembre de 2008. En esa fecha se tenía previsto poner en funcionamiento la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, con una capacidad instalada de 514 megavatios, de acuerdo con el programa de construcción.

Pero consiguieron un desastre: “la compuerta estaba parcialmente cerrada, su válvula de desahogo de agua estaba dañada y no había electricidad; había una inundación general de la cámara de compuerta, cuyo nivel alcanzó 40 centímetros; una fuga de agua por los cilindros de accionamiento de las compuertas; y los tableros de fuerza y de control estaban destruidos y caídos sobre el piso”, señala un informe de la firma colombiana Ingetec, que fue contratada en 2007 para hacer una inspección y análisis de riesgos.

Desurca, indica el documento, atendió la contingencia. Rehabilitó el sistema eléctrico, removió los escombros, consultó a los fabricantes y montadores de los equipos con el fin de solventar la falla en el menor tiempo posible para continuar con el llenado del embalse -que nunca se detuvo-; y procedió a hacer el cierre manual de la compuerta averiada.

Para disminuir la fuga de agua, de acuerdo con los hechos relatados en el informe, se aseguró la válvula de desahogo de la cámara de compuertas con nuevos pernos y se reemplazó su sello. La salida de agua se controló por unas semanas pues, de acuerdo con lo reportado por la empresa de ingeniería colombiana, para los primeros días de septiembre la fuga era de 1.200 litros por segundo, y para finales de mes —con el llenado del embalse a la cota 298 metros sobre el nivel del mar— el escape era de 1.600 litros por segundo.

La consultora colombiana Ingetec hizo la inspección el 5 de octubre de 2007 tras ser contratada por la recién creada Corpoelec. El informe de la firma indica que los trabajos elaborados fueron los correctos, pero que se debían tomar los correctivos lo más pronto posible porque “la compuerta de operación se encontró desenganchada del mecanismo” y con riesgo de desprenderse.

En el documento incluyeron 11 recomendaciones sobre las acciones que debían seguirse dentro de un “Plan de Obras de Emergencia”, que incluía monitorear el comportamiento de la cámara y los caudales de fuga en corto plazo.

Los ingenieros sugirieron inspeccionar también la cámara de compuertas de la presa Borde Seco, porque se usaba “intensivamente” por la avería de la instalada en La Vueltosa. Alertaron que podría ocurrir una falla similar, con lo que se dejaría al reservorio sin forma de descarga controlada de agua. Lo pronosticado ocurrió en 2012. El embalse no cuenta hoy con sistema fiable para regular y controlar su agua, lo que incrementa los riesgos.

Desurca estableció que la posible causa del daño en la cámara de compuertas fue causado por un golpe de ariete que desprendió la compuerta de regulación del lado derecho, de lo que no se tiene una fecha exacta, aunque los expertos presumen que pudo ser provocado por el sismo de 5,5 grados en la escala de Richter registrado cerca de La Vueltosa el 16 de julio de 2007.

Nuevo informe, más riesgos

Veinticuatro meses después del incidente en La Vueltosa, el mismo problema seguía en la cámara de compuertas de descarga de fondo. En 2009, Edelca (filial de Corpoelec) levantó un nuevo informe de análisis, pero esta vez para determinar los riesgos si no se reparaba la cámara dentro del periodo de construcción de la casa de máquinas, donde serían instaladas las dos turbinas.

Los ingenieros de Edelca y Desurca, quienes conformaron el equipo que estuvo en marzo inspeccionando la obra, indicaron en el documento entregado en agosto de 2009 a Corpoelec que uno de los modos de fallo era que se presentara una descarga incontrolada de caudales por un evento hidrológico (aumento de las lluvias), ya que con la subida de la cota del embalse se ejercería mayor presión dentro y sobre la cámara de compuertas.

La falla ocurriría por vibraciones excesivas en las compuertas del lado izquierdo, que está en buenas condiciones, pero que produciría un golpe de ariete y, en consecuencia, su daño; o por la erosión del concreto en la ya averiada compuerta derecha, señala el documento.

Esta falla —según el informe de Edelca— provocaría un vaciado descontrolado hasta las cota 220 metros sobre el nivel del mar del embalse, que puede acumular unos 5.600 millones de metros cúbicos (Mm3). La inundación alcanzaría unas 455.440 hectáreas, similar a toda la superficie del estado Carabobo.

Los expertos no pudieron determinar entonces las consecuencias en pérdidas de vidas humanas por la falta de un censo poblacional, pero alertaron sobre un alto riesgo de muertes por lo que recomendaron “emprender acciones inmediatas en menos de 90 días”.

Indicaron que no hay forma de detener una “descarga súbita” del embalse tras el potencial colapso de la cámara de compuertas, lo que de ocurrir con un descenso muy rápido del agua — expertos calculan que perdería por día 1.500.000 litros de agua por segundo— se pueden producir deslizamientos en las presas de tierra y en las laderas del embalse. Ello traerá “consecuencias debido a la onda (de agua), proveniente de la descarga, sobre personas y bienes ubicados aguas abajo”, alertó Edelca.

A ello le suman que el costo de la generación diaria dejada de producir como consecuencia de la inoperatividad de la central hidroeléctrica es de alrededor de 52.000 dólares diarios para la fecha. Y que en caso de la necesidad de vaciar el embalse para acometer los trabajos de reparación, los mismos podrían requerir años.

Edelca concluyó: “El riesgo asociado al hecho de no reparar la cámara de compuertas en La Vueltosa es muy alto y se considera no aceptable para la presa a corto, mediano o largo plazo. Es importante emprender acciones inmediatas. La tarea para mitigar las posibles consecuencias es la rehabilitación inmediata de la cámara”.

Indicaron que los trabajos “se deben seguir de la manera más estricta posible” para evitar cualquier incidente que “ubique la estructura o las poblaciones aguas abajo en una situación de peligro”.

Para Hipólito Izquierdo, entonces presidente de Corpoelec, su plan era poner en funcionamiento la central Fabricio Ojeda lo antes posible porque ya se acercaba la crisis en el sector. En una entrevista publicada el 18 de agosto de 2009 en la página web del Ministerio de Comunicación e Información, el militar dijo que estaba en construcción la casa de máquinas de la central, que estaría lista para finales de 2010 y que sería “la solución definitiva para los estados Táchira, Mérida, Trujillo y parte de Barinas”.

Contrato millonario sin resultados

Cinco años después del incidente no había reparación para evitar los daños fatales. Es en 2012 cuando Corpoelec se interesó por arreglar la falla y bajo la presidencia de Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, contrató el 22 de junio de ese año a la empresa argentina Impsa para rehabilitar las compuertas de descarga de fondo de La Vueltosa y Borde Seco.

El contrato inicial con Impsa fue suscrito el 26 de diciembre de 2012 por un monto de 65.885.648 dólares y 146.887.901 bolívares. El Gobierno pagó de anticipo 100% de lo requerido en moneda nacional y 76 por ciento de lo solicitado en dólares. De acuerdo con el contrato NCO- CAP10-0296/2012, los recursos calculados a la tasa oficial de entonces Bs. 4,30 por dólar, fueron saldados por Corpoelec.

Impsa tenía hasta febrero de 2015 para culminar las reparaciones, pero se retrasaron por unos trabajos adicionales de mantenimiento de las presas que eran prioridad para la estatal eléctrica con el fin de poner en funcionamiento por primera vez la turbina de generación 2 en 2013 y la número 3 en 2015. Esos trabajos, considerados de “emergencia” por Corpoelec, fueron cumplidos pero no cancelados y la deuda era de Bs. 68.433.106 más 6.160.376 dólares, según indicó la compañía.

Los trabajos iniciales requeridos a Impsa nunca se cumplieron. Culminado su plazo, la empresa alegó falta de recursos financieros y altos riesgos en la cámara de compuertas de La Vueltosa en un memorando presentado a las autoridades de la estatal en enero de 2016, en el que informaron además que desistían del contrato.

En el documento Impsa alertó que ninguna de las compuertas que sirven para el vaciado controlado del embalse funciona, por lo que las poblaciones de Santa Bárbara, Punta de Piedra y El Cantón en Barinas; Santa María de Caparo, en Mérida; y Los Bancos y Abejales, en Táchira podrían quedar “seriamente comprometidas” ante la incapacidad de drenar de manera segura en caso de que falle una compuerta o se desborde el reservorio por el aumento de las lluvias. “El costo social ante un evento de este tipo sería muy elevado, y totalmente evitable”.

Los riesgos no terminan ahí. La empresa argentina, que también fue favorecida en 2008 con un contrato por 250 millones de dólares para el suministro de turbinas y generadores a la central hidroelétrica de Tocoma, obra aún sin concluir, aseguró que ante un “accidente” la generación eléctrica en la Central Fabricio Ojeda quedaría interrumpida “por tiempo indeterminado”. Al menos siete años podría tardar su reconstrucción, según estimó el ingeniero José Aguilar, consultor internacional en análisis de riesgos eléctricos.

Señalaron además que se generaría un “elevadísimo costo” de reparación de los equipos involucrados en el siniestro y los daños ocasionados en la infraestructura de la presa, además de los generados en las poblaciones aguas abajo. Todo podría superar los 150.000.000.000 de dólares, calculó el experto.

Por la falla de las compuertas en La Vueltosa y en Borde Seco, hoy se pierden 36.000 litros de agua por segundo. Solo en la primera presa son 30.000, 28.000 más de lo reportado al inicio del incidente en julio de 2007.

Impsa pronosticó que de seguir el proceso acelerado de erosión en la cámara de compuertas por la fuga de agua, se llegará a tal punto que las tareas de rehabilitación serán inviables, y con un nivel de riesgo en su implementación en donde prácticamente muy pocas contratistas estarán en condiciones de llevarlo a cabo.

Tras presentar los peligros y advertencias, la empresa decidió prescindir del contrato porque las condiciones de trabajo cambiaron. Ya para mayo de 2015, casi tres años después de la firma del tratado, la contratista manifestó su preocupación por las demoras en los trabajos por razones “ajenas a ellos”, que no se explican en el memorando. En diciembre de 2015, reiteraron su inquietud por la situación. Y en enero de 2016, entregaron el documento en el que se eximen de culpabilidad ante cualquier desastre.

“Deseamos manifestarles que deslindamos nuestra responsabilidad ante cualquier evento que ocasione perjuicios o daños en las instalaciones dentro de la cámara de compuertas, en la casa de máquinas o en la rivera ubicada aguas debajo de ese embalse”.

Impsa se declaró en 2014 en quiebra por impagos de “algunos clientes en contratos significativos” —según alegó entonces—, pero en octubre de 2017 la justicia argentina aprobó un Acuerdo Preventivo Extrajudicial que la firma alcanzó con sus acreedores para llevar a cabo el proceso de reestructuración de su deuda de 1.136 millones de dólares. El convenio garantizó la continuidad de la empresa, fundada en 1907, pero sus propietarios, la familia Pescarmona, pierde la mayoría accionaria de la empresa (65 por ciento), según publicó el medio argentino El Cronista.

Motta Domínguez lo sabe todo

Once años después, el peligro está latente en las presas que hoy están sin producir energía y que Corpoelec tiene estimado poner en funcionamiento cuando el nivel del embalse alcance el mínimo de 290 metros sobre el nivel del mar (para el 9 de mayo era de 287,65 msnm) para paliar la crisis eléctrica que afecta a Los Andes desde el 11 de marzo y que el Gobierno le achaca a la sequía.

Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, sabe del peligro de inundación, de pérdidas económicas y de muertes por el vaciado brusco del embalse que en las últimas semanas ha inspeccionado en lancha, sobrevolado en helicóptero y donde ha posado para videos y fotografías al momento de explicar la merma de la producción de energía en la región de Los Andes.

El general dejó constancia de ello en un punto de cuenta firmado el 10 de mayo de 2016 en el que se le indica que la empresa Impsa desistió del contrato.

En el documento se informa que las fugas de agua en las compuertas de Borde Seco y La Vueltosa alcanzaron para la fecha los 27 metros cúbicos por segundos. También se deja asentado los riesgos que alertó Impsa: “Incremento de filtraciones; alto potencial de un grave incidente o colapso del túnel con las graves consecuencias de vaciado incontrolado y pérdida del embalse Camburito Caparo; imposibilidad de generación de energía; inundación de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, pérdida de presa y potenciales pérdidas de vida”.

La firma de Motta Domínguez quedó estampada en el instrumento legal en el que se recomienda una extensión de 18 meses de prórroga para que la compañía argentina culmine la rehabilitación de las descargas de fondos de las represas, ya que “se encuentra con sus plazos de ejecución vencidos y sin recursos financieros”. Pero la anotación del ministro fue ordenar a la Consultoría Jurídica estudiar la posibilidad de rescindir del contrato con la empresa y buscar otra especializada para ejecutar las labores.

Hoy no se hace nada por resolver el problema, según confirmó el propio ministro Motta Domínguez a El Pitazo durante una visita que hizo a Maracaibo el pasado 24 de abril.

–¿Se están haciendo los trabajos para rehabilitar la falla que existe en la Cámara de Compuertas de La Vueltosa que presenta una fuga desde 2007?

–No se están haciendo porque la empresa que firmó nunca trabajó. Ahí hubo una estafa. Fue Impsa.

Motta Domínguez aseguró que introdujo una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia contra Impsa “por incumplimiento y crearle ese problema a la nación”.

El recurso fue presentado ante el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa el pasado 3 de abril, dos años después de que la empresa desistió darle continuidad al contrato. Se trató de una demanda por incumplimiento de contrato, indemnización de daños y perjuicios conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada contra Impsa.

La demanda, cuyo expediente es 2018-0302 número 364, fue admitida el 25 de abril, un día después de las declaraciones del ministro a El Pitazo. La jueza Belinda Paz Calzadilla ordenó emplazar a la empresa argentina para que comparezca ante el juzgado a la audiencia preliminar, que sería fijada una vez las partes fueran notificadas.

Sobre la solicitud de la medida cautelar, en la que Corpoelec pide el aseguramiento de todos los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, cuentas bancarias y cualquier otro activo propiedad de Impsa en el país, el juzgado ordenó abrir un expediente al respecto para iniciar las actuaciones correspondientes.

Una catástrofe

En 2009, con una fuga inferior de agua a la que hay hoy, las condiciones para reparar la cámara de compuertas no eran las mejores, pero si era posible, aseguró uno de los ingenieros que trabajó con Edelca ese año para levantar el informe.

“Yo entré a la cámara de compuertas. En esa inspección se dejó claro a la autoridades de Corpoelec que la vida del proyecto era la descarga de fondo (controlado por la cámara de compuertas) y que antes de poner en operativa las turbinas, era necesario arreglar la falla que había porque sin descarga de fondo no hay proyecto”.

El experto, que pidió proteger su identidad, es hoy jubilado de la estatal, por lo que –aseguró- perdió el rastro del caso y desconocía que aún la Cámara de Compuertas seguía averiada.” Es preocupante. Eso se debió arreglar. Era necesario que lo hicieran pronto, era la prioridad”, insistió el ingeniero que al ser consultado sobre las consecuencias agua abajo dijo: “No quiero ni siquiera pensar en eso”.

En 2018, ya la fuga en la cámara de compuertas es de 36.000 litros por segundo. “La presión negativa de aire o succión de aire que genera la fuga de agua en el túnel de descarga de fondo para llegar a las compuertas ya hace inviable su inspección y mucho menos su reparación. Su potencial colapso se agravará una vez que el embalse recupere su nivel normal de operación, porque aumentan las fugas y se aceleran los mecanismos de deterioro”, explicó el ingeniero José Aguilar.

El experto en análisis de riesgos eléctricos insistió en que la fuga de agua puede ser superior a los 40.000 litros por segundo en la cota máxima de operación del embalse 310 msnm.

“Los mecanismos harán que la fuga siga creciendo y las pulsaciones que la misma introduce contra la averiada compuerta y sus estructuras aumentan la posibilidad de un desprendimiento generalizado de la cámara, lo que provocaría todos los riesgos expuestos ante el vaciado descontrolado del embalse”.

El desprendimiento de la compuerta haría vaciar el embalse hasta la cota 220 metros sobre el nivel del mar. Aguilar indicó que caerían aguas abajo entre 1.500.000 y 2.400.000 litros por segundo. Se perderían entre unos 120 o 207 centímetros diarios, casi el doble de lo máximo permitido en la obra para evitar daños en su infraestructura y aguas abajo.

“Una falla de ese tipo en La Vueltosa comprometería la presa Borde Seco en cuestión de horas. Su cámara de compuertas, también dañadas desde 2012, podría colapsar. De ahí se desprenden todas las consecuencias mencionadas” por Ingetec, Edelca e Impsa.

Aguilar explicó que el agua descargaría por el túnel de descarga de fondo que desemboca en el río Caparo y provocaría su desbordamiento; y por la galería 1A que inundaría el patio de maniobras eléctricas y la casa de máquinas, además atacaría la base de la presa.

Sobre este hecho ya hay antecedentes en la ingeniería mundial, durante mayo de 2008, en la represa Massingir de Mozambique. “Un año después de su inauguración registrada en mayo de 2008, las tuberías de la descarga de fondo colapsaron y hubo una descarga de 1.000.000 de litros por segundo. Después de la brecha en la compuerta de fondo, las autoridades emitieron una alarma para la región y 23 poblados fueron evacuados. Cerca de 2 días la presa descargó 300 millones de metros cúbicos de agua en el río Limpopo. 51.800 hectáreas de cultivos se perdieron en Mazinger y 150 hectáreas en Chokwé”.

La comisión para la investigación del accidente conformada por el gobierno concluyó que dos de las compañías consultoras involucradas en los trabajos de rehabilitación fueron negligentes en inspeccionar y evaluar el estado general de la presa; y que el presupuesto para el mantenimiento de la obra era insuficiente y comprometió la seguridad de la presa, indica la traducción que hace Edelca a los documentos del gobierno de Mozambique.

La presa registró serias filtraciones de agua en 1978, un año después de culminada su construcción y tras el primer llenado del embalse, lo que resultó la pérdida de 60 % de la capacidad de almacenamiento. Con esa capacidad trabajó hasta 2007, después de su rehabilitación de 2006. Su reparación tardó años por la guerra civil.

La presa Massingir, originalmente concebida como para riego y generación hidroeléctrica, fue proyectada con una capacidad de almacenamiento de 2.840 metros cúbicos de agua, su tamaño es de 4.600 metros de longitud y su altura máxima es de 50,5 metros de altura y su creSta sé ubica en los 130, 5 metros sobre el nivel del mar.

Las especificaciones de La Vueltosa son el doble de la Massinger, de allí que los análisis de riesgos elaborados por el ingeniero Aguilar sea el doble de lo que ocurrió en Mozambique hace nueve años.

Para Aguilar la etapa de las inspecciones y estudios quedó atrás. “Es hora de proceder con un plan serio de acción para mitigar y corregir los peligros en la matriz de riesgos”.

Aseguró que la inacción, el “poco serio” seguimiento, y la falta de compromiso de la plana mayor cívico-militar de Corpoelec es parte de las causas que hoy mantiene bajo amenazas a más de 95.000 personas.

“El tema con estos incidentes en las presas La Vueltosa y Borde Seco no es si va a fallar catastróficamente, es cuándo va a fallar”.