Abogados constitucionalistas advierten que el empleo de misiones militares extranjeras no guarda relación con un enfrentamiento entre fuerzas militares ni con cualquier acto de fuerza que coloque en riesgo la independencia de la República. También señalan que la aplicación del mecanismo R2P no depende de la aprobación del 187.11
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En cada movilización ciudadana que convoca el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se perciben innumerables carteles con la exigencia de que se apruebe el artículo 187 numeral 11 de la Constitución, que admite al Parlamento autorizar el empleo de misiones extranjeras en Venezuela. Aunque el parlamentario ha pedido no caer en “falsos dilemas” que creen expectativas en el vacío, no ha explicado abiertamente cuál es el alcance de este apartado.
Desde el 19 de febrero, la fracción parlamentaria 16 de Julio ha puesto sobre la mesa esta opción bajo la figura de “una misión militar de paz” que permita el ingreso de la asistencia humanitaria escoltada por militares extranjeros y borrar el “vestigio de terrorismo y comunismo” que hay en el país. Ese día introdujeron ante secretaría un proyecto de acuerdo sobre la activación del artículo y desde entonces se lo recuerdan a Guaidó en los debates parlamentarios.
187.11
Artículo constitucional que admite al Parlamento autorizar el empleo de misiones extranjeras en Venezuela
En la dirigencia de Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, que son mayoría en el Parlamento, no existe un consenso al respecto. Una fuente parlamentaria indicó a El Pitazo que para abordar el tema debe existir al menos la solicitud de un Estado que desee cooperar con Venezuela para un objetivo en específico, lo cual, hasta el momento de la publicación de esta nota, no ha ocurrido.
“Cuando lo aprobemos será para decir que autorizamos a tantas personas para esto y chao, en todo caso. Ninguna opción en manos de un tercero nos quita la responsabilidad de todos los venezolanos”, justificó Guaidó el 27 de marzo durante una actividad para ofrecer los detalles de la Operación Libertad.
Posterior al acto, Capriles le declaró a Crónica.Uno que era “inaceptable” que algunos líderes actuaran como unos “chinches”, en referencia a los parlamentarios de la 16 de Julio.
¿Qué significa el artículo 187.11 de la Constitución?
En la interpretación del abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz, la autorización para el empleo de misiones militares extranjeras en el país tiene un tiempo y objetivo específico, que no es precisamente atentar contra la independencia de la República. Algunos de los propósitos podrían ser prestar apoyo frente a una situación de catástrofe o cumplir un programa de formación y adiestramiento.
“Es inconcebible que el Parlamento autorice una intervención militar, hecho que representa un acto de fuerza”, sostiene el constitucionalista y profesor universitario.
Apitz es enfático en señalar que, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución, Venezuela es un territorio de paz que no puede ser cedido de forma temporal o parcial a ningún país o potencia.
Es inconcebible que el Parlamento autorice una intervención militar, lo cual representa un acto de fuerza
Constitucionalista y profesor universitario, Juan Carlos Apitz
El abogado constitucionalista Pedro Afonso Del Pino coincide con los argumentos de Apitz. Advierte que el 187.11 no se autoriza para un enfrentamiento entre fuerzas militares.
“Ni derecho internacional ni las leyes venezolanas permiten una intervención militar. Políticamente tampoco es viable. Nuestra Carta Magna no da cabida a una posible guerra y la pretensión de utilizar este artículo para que otro país nos libere, no es el espíritu”, señala Del Pino.
Nuestra Carta Magna no da cabida a una guerra y pretensión de utilizar este artículo para que otro país nos libere no es el espíritu
Abogado constitucionalista, Pedro Afonso Del Pino
Recuerda que el punto más álgido para proceder con una intervención militar fue cuando se produjo la quema de cargamento con ayuda humanitaria, sin embargo, el Grupo de Lima reiteró que la solución a la crisis en Venezuela no guardaba relación con la vía armada. Así también lo apunta Estados Unidos y la Unión Europea, por lo que la probabilidad de que se concrete es muy baja. De todas formas, sería un acto al margen de las leyes y que no depende del artículo 187.
No obstante, del lado de la plataforma Soy Venezuela, que coordina María Corina Machado, insisten en que el numeral 11 no establece ningún condicionante y el Poder Legislativo puede acordar el efecto de la autorización. El abogado Perkins Rocha, quien respalda el movimiento, argumentó a El Pitazo que se trata de una norma neutra que queda abierta “para cualquier propósito”.
El politólogo Óscar Vallés desmiente el planteamiento de Machado y la fracción 16 de Julio: “la ayuda humanitaria no implica apoyo militar y la intervención humanitaria se realiza cuando hay una hambruna y el Estado mantiene como política el genocidio contra vastos sectores de la población civil. Aunque Venezuela vive una situación difícil, no hay una hambruna”.
La ayuda humanitaria no implica apoyo militar y la intervención humanitaria se realiza cuando hay una hambruna y el Estado mantiene como política el genocidio…
Politólogo, Óscar Vallés
Protección a Guaidó
A juicio de la dirigente de Soy Venezuela, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Guaidó, realizado de forma ilegal por la Asamblea Nacional Constituyente, debe provocar la autorización del artículo.
“¿Qué más debe esperarse? El 187 numeral 11 es la mejor protección para Guaidó”, señaló Machado en rueda de prensa el pasado 3 de abril.
El encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Eliott Abrams, manifestó, este 4 de abril, que considera prematuro activar ese artículo. Inmediatamente, Machado rebatió al decir que sus declaraciones demostraban que los tiempos de los aliados son diferentes al de los venezolanos.
“El tiempo de los venezolanos es el hambre, el éxodo y la muerte. Hoy, con más razón, debemos presionar para q el auxilio internacional a Venezuela se acelere. Por eso, el 187.11”, insistió a través de su cuenta en Twitter.
La desconexión entre el R2P y el 187.11
Soy Venezuela ha planteado que el 187.11 se active bajo el mecanismo de Responsabilidad de Protección de los Pueblos (R2P), creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2005, con el propósito de proteger a las poblaciones de los crímenes de lesa humanidad.
Vallés refiere que esta figura se activa a través del Consejo de Seguridad de la ONU, una vez se compruebe que el Estado extermina a la población de forma sistemática por razones religiosas, de cultura, políticas o de género. Sin embargo, China y Rusia, aliados de Maduro, tienen poder de veto y, en consecuencia, pueden influir en la toma de decisiones del organismo multilateral.
“En Venezuela no hay condiciones para un R2P. El mundo tiene sus propios indicadores para determinar cuándo intervenir o no. Esto no depende del 187 de ninguna manera”, aclara el académico.
En el último reporte del Monitor del R2P, publicado el 15 de marzo de 2019, Venezuela aparece en el último lugar de la fase Grave Preocupación, que a su vez es la última, es decir, no es el país con mayor propensión a ser asistido. Por encima se encuentra Sudan. Y la nación con mayor posibilidad de recibir el R2P es Afganistán.
En Venezuela no hay condiciones para un R2P, mecanismo implementado por la ONU para proteger a los pueblos de políticas genocidas. Tampoco depende del artículo 187.11
Politólogo, Óscar Vallés
El documento señala que en Venezuela entre 2015 y 2017 se han registrado 8.292 muertes extrajudiciales y desde 2014, al menos 12.000 detenciones arbitrarias. Se ha calificado de enemigos del Estado a quienes se oponen a Nicolás Maduro, cuya reelección se dio de forma viciada. Además, existe una crisis diplomática luego de que “docenas” de gobiernos reconocieran a Guaidó como presidente interino de la República.
El monitor señala que Maduro no cumple con la responsabilidad de proteger a los venezolanos, independientemente de su afiliación política, y lo insta a poner fin a la “sistemática violación de los derechos humanos”. Exhorta también a los estados miembros de la ONU a imponer sanciones específicas a todos los funcionarios responsables de estas transgresiones.
Precisamente Estados Unidos solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU, este 04 de abril, tratar el tema de Venezuela.
La última vez que se reunieron por el caso venezolano fue el 28 de febrero y no hubo consenso. La propuesta de EEUU, quien es miembro permanente, ponía sobre la mesa unas elecciones libres y transparentes como salida a la crisis, pero contó con el veto de Rusia y China. Mientras que Rusia propuso un proceso de diálogo, sin elecciones. Tampoco contó con la votación para ser admitida.
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