Los 61 funcionarios, políticos y empresarios detenidos desde mediados de marzo de 2023 por el desfalco de 16.600 millones de dólares de los fondos públicos de Pdvsa y otras estatales siguen presos y sus procesos judiciales están paralizados o se desconoce el avance de las investigaciones. El abogado y exfiscal Zair Mundaray dijo que hay una orden presidencial para que no se hable más del caso en el Poder Judicial ni en las filas del oficialismo
El escándalo de corrupción del gobierno de Nicolás Maduro, conocido como Pdvsa-Cripto, cumple un año, pero los 61 políticos, empresarios y funcionarios del entorno del defenestrado Tareck El Aissami que están detenidos por hechos de corrupción siguen a la espera de audiencias o no se sabe qué ha ocurrido con sus causas judiciales.
A partir del 17 de marzo de 2023, directivos de las estatales Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartón de Venezuela (Cartoven) y de organismos judiciales fueron a la cárcel por su vinculación en el desvío de 16.600 millones de dólares estadounidenses, según cálculos de Transparencia Venezuela y la firma Ecoanalítica. Esta purga en las empresas públicas y contratistas desencadenó la renuncia de El Aissami, del Ministerio de Petróleo, quien era considerado un hombre fuerte del oficialismo.
El exfiscal del Ministerio Público (MP) Zair Mundaray advierte que no se conocen los avances en la investigación penal contra los aliados de El Aissami porque el poder político prefiere silenciar los señalamientos de desfalco y robo en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Poder Judicial.
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Aunque el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, publicó detalles de la cruzada anticorrupción en sus redes sociales durante dos meses, dejó de hacer menciones del caso a partir de mayo de 2023 en su cuenta X (antes Twitter). La página web del MP no publica actualizaciones del caso desde abril de ese mismo año.
“Maduro ordenó que no se hablara más de este tema. Nadie en el sistema de justicia habla de esto. Ningún tribunal ni Tarek William Saab. Es una orden presidencial para que salga de la agenda pública”, declaró Mundaray a El Pitazo en entrevista telefónica.
El abogado sostiene que las autoridades se limitaron a encarcelar operadores de hechos de corrupción, figuras claves utilizadas en cargos estratégicos para desviar los fondos, pero sigue absuelto El Aissami, el autor del plan. “Este proceso carece absolutamente de legitimidad. No es posible que un proceso penal sea legítimo en la medida en que procesen a los subalternos y no a quien les dirige”, reitera.
Algunos de los involucrados en esta trama fueron detenidos sin orden judicial, estas solicitudes se incorporaron después a los expedientes y no estaban en situación de flagrancia. “Esto está plagado de irregularidades. Si hubiese una investigación real, se llegaría a otros actores políticos que se mantienen en el poder”, afirma.
Maduro ordenó que no se hablara más de este tema. Nadie en el sistema de justicia habla de esto. Ningún tribunal ni Tarek William Saab. Es una orden presidencial para que salga de la agenda pública
Zair Mundaray, exfiscal
Los familiares de los detenidos no han hecho denuncias públicas por retardo procesal o violaciones al debido proceso, excepto en el caso del presidente de Cartoven, Leoner Azuaje, hallado muerto en su celda.
Mundaray dice que no hay fechas fijadas para las audiencias, por lo tanto, tampoco hay diferimientos, de acuerdo con información que le suministraron fuentes internas. “Se les viola su debido proceso, independientemente del nivel de criminalidad que tengan o el involucramiento con esquemas criminales de corrupción”, argumenta.
El 25 de julio de 2023, el medio Últimas Noticias reportó que la fiscalía introdujo una acusación contra 22 de los 61 detenidos, entre ellos el diputado y exministro Hugbel Roa; el presidente de Sunacrip, Joselit Ramírez; y el vicepresidente de Pdvsa, coronel Antonio Pérez Suárez, ante el Tribunal Especial Segundo de Control de Caracas con competencia en Corrupción y Delitos Asociados y solicitó llevarlos a juicio. Luego de este anuncio, se desconoce si se han realizado las audiencias.
Los primeros detenidos de la trama se anunciaron el 17 de marzo de 2023 l Cortesía
Para Mundaray, la trama Pdvsa-Cripto solo tenía un objetivo político: desplazar a Tareck El Aissami y transferir más poder a otra facción del oficialismo al mando de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y vicepresidenta de la República. Dirigentes medios del Psuv coinciden con esta hipótesis, según fuentes consultadas por El Pitazo tras el estallido de la operación anticorrupción.
Sobre las actuaciones judiciales, Mundaray alega que solo hubo acciones precarias como el vaciado de datos telefónicos, allanamientos y la recuperación parcial de criptoactivos que supuestamente pasaron a manos de altos funcionarios y no a las arcas públicas. El abogado explica que los presos en esta cruzada están en una fase intermedia, aunque también incierta porque sus causas están paralizadas.
A la mayoría de los detenidos, comenta Mundaray, no se les permitió la juramentación de defensa privada y tienen defensores públicos; en contraste, hay investigados que sí cuentan con defensa privada o tienen equipos de abogados que dan instrucciones a los defensores públicos. Estos no son los únicos vicios que identifica el entrevistado.
Combatir la corrupción con más corrupción es una de las expresiones de desmontaje del Estado más graves
Zair Mundaray, exfiscal
“Combatir la corrupción con más corrupción es una de las expresiones de desmontaje del Estado más graves. Esto se ve en toda la lucha interna que hay en el Sebin para mantener con privilegios a grupos como los de Pdvsa-Cripto tengan ventajas para que puedan comer lo que quieran, pedir en restaurantes a la carta, tomar licores, recibir visitas ilimitadas, tener aire acondicionado, televisión por cable, internet. Todo eso forma parte de un esquema de corrupción muy grueso que está en manos de los comisarios del Sebin o el Helicoide como centro de reclusión”, precisa sobre el trato preferencial que supuestamente les conceden a los detenidos bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
¿Qué ha pasado con El Aissami?
El paradero de Tareck El Aissami sigue siendo una incógnita desde que renunció a su cargo de ministro de Petróleo. “En virtud de las investigaciones sobre graves hechos de corrupción, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo”, tuiteó el 20 de marzo de 2023.
Doce fuentes del oficialismo consultadas por El Pitazo en septiembre de 2023 confirmaron que El Aissami permanecía en su residencia en Fuerte Tiuna bajo una especie de arresto domiciliario.
Este es un escenario de ambiente electoral y (el oficialismo) no quiere hablar de esto, no habla de casos concretos. Trata de eliminar a quienes responden a él para quitarle margen de acción
Zair Mundaray, exfiscal
El exfiscal Zair Mundaray considera que El Aissami no será enjuiciado y que puede salir bien librado si el Gobierno continúa con lo que él describe como una estrategia de “enfriamiento”.
“Este es un escenario de ambiente electoral y (el oficialismo) no quiere hablar de esto, no habla de casos concretos. Trata de eliminar a quienes responden a él para quitarle margen de acción. Esto se demostró con Tareck porque tejió una estructura de poder que tenía que ver con lo económico y manejaba los activos del estado. El objetivo fue acabar con lo que respondían a él, sin tocarlo a él porque sigue siendo una situación de ruptura interna”, explica.
Mundaray prevé que anteriormente, el oficialismo recurre a maniobras para que la militancia y los políticos se olviden de los políticos apartados, como sucedió con Elías Jaua o Jesse Chacón.
La trama Pdvsa-Cripto está marcada por la opacidad, opina el abogado Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia.
“Sigue habiendo falta de información. Todavía no se sabe cuál es el monto que fue sustraído del dinero de la República y tampoco se ha dicho a cuánto equivale ese monto en los bienes que fueron recuperados. Entonces, no sabemos si se recuperó el uno por ciento o la mitad de lo robado y el hecho de que no se diga nos sugiere que no hubo una recuperación significativa de los bienes”, subraya.
La información sobre este proceso judicial no es de dominio público y la administración de Maduro, que se prepara para la elección presidencial del 28 de julio de 2024, desvía su discurso a otros asuntos y no ofrece detalles sobre el despliegue encargado a la Policía Nacional contra la Corrupción (Pncc) que también se presentó como la operación “Caiga quien caiga”.
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