Caracas.- El pasado 31 de marzo, el gobierno de Maduro presentó la providencia número 001-2021 dictada por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento, y publicada en Gaceta Oficial 42.098 del 30 de marzo
Allí, se establece que las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro están obligadas a registrarse y exponer detalles claves de su trabajo, como, por ejemplo: un listado de los organismos nacionales o extranjeros de los cuales reciba dádivas, donaciones o aportes; un listado de las sucursales extranjeras de las organizaciones internacionales, y de otras organizaciones con las que hayan acordado algún tipo de asociación; también un listado de personas beneficiarias, debidamente identificadas, que reciban asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia.
Persecución y hostigamiento
Para Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, esta providencia “es el intento gubernamental de colocar a las organizaciones que hemos denunciado las violaciones de derechos humanos al borde de la ilegalización”, según comentó a El Pitazo.
Explicó que con esta medida buscan controlar los sectores sociales que aún conservan autonomía y que se dedican a exponer las violaciones de los Derechos Humanos en el país y las carencias de los venezolanos, pero, además, tratan de dividir a la sociedad civil. Este escenario abre las puertas a nuevas persecuciones y hostigamiento, así como la detención de activistas, entre otras irregularidades.
“Maduro avanza en su intento de querer desarticular al resto de las organizaciones de la sociedad que sean independientes”, sostiene Uzcátegui. A su juicio, el gobierno de Maduro busca acabar con la autonomía de la sociedad civil e intensificar la estatización de la vida cotidiana de los venezolanos.
Impacto en la sociedad
Para el director de Provea, el mayor impacto lo sufren los beneficiarios de las diferentes iniciativas que ayudan a los necesitados en el país, especialmente aquellos cuyos Derechos Humanos han sido vulnerados.
En este sentido, explicó que esta orden abre la posibilidad de que, por ejemplo, un funcionario policial o militar, denunciado por violaciones de Derechos Humanos, sepa quién ha sido el denunciante. Es decir, expone abiertamente a las víctimas y sus familias a mayores represalias.
Por lo tanto, sostiene, en caso de que la norma siga su curso, las víctimas evitarán acercarse a las ONG a denunciar. Se debe mencionar que las cifras recolectadas por diferentes ONG son la única fuente confiable de los organismos internacionales (como la ONU) para conocer la dimensión de la vulneración de los Derechos Humanos en el país.
“El gobierno, en su estrategia de criminalización, quiere ubicar el centro de la discusión en el dinero, de dónde viene, pero nosotros haremos el énfasis en a quienes beneficia ahora y a quienes dejará de beneficiar”, dijo Uzcátegui, quien aseguró que el Estado venezolano también recibe ayuda internacional para el desarrollo de los Derechos Humanos.
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