Caracas.- El presidente encargado de Venezuela y jefe de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, dejó sobre la mesa una propuesta para hacer frente a la crisis por el coronavirus, pero que también se apunta como solución al actual conflicto político del país: conformar un gobierno de Emergencia Nacional que obligue a él y a Nicolás Maduro a dar un paso al costado y entregar el poder a un Consejo de Estado de cinco miembros.
El planteamiento, que ya había sido formulado durante las conversaciones de 2019 entre oposición y chavismo en la isla de Barbados, reimpulsa el debate en torno a nuevas negociaciones políticas con la puerta abierta a representantes de todas las fuerzas políticas del país, incluido el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Analistas políticos calificaron de positivo que en el marco de la emergencia humanitaria compleja que padece Venezuela se planteen opciones para mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19 en el país. Aunque advierten que de las probabilidades de éxito son escasas en unas eventuales negociaciones, sobre todo si no se establecen garantías claras al sector militar.
En este gobierno de coalición, según ha dicho Guaidó, no se aceptarían altos funcionarios del régimen venezolano acusados por narcotráfico y terrorismo internacional por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellos Maduro. Esta propuesta ya recibió el visto bueno la administración de Donald Trump, que respaldó la conformación del consejo, bajo la tutela del Parlamento que preside Guaidó.
Todo esto sobre la base de que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias en corto plazo en Venezuela a cambio del levantamiento de las sanciones de Estados Unidos.
«La oferta de Guaidó de buscar un gobierno de transición no es para Nicolás Maduro o su gobierno. La oferta es para los actores que no hayan sido cuestionados, que puedan participar en un gobierno de transición y en una posterior elección transparente, pero en el fondo el objetivo son los militares, que además son los únicos que podrían tener la capacidad de hacer funcionar esta propuesta», señaló el presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.
Para el también economista, la presentación del plan no sorprende, puesto que parte de una estrategia promovida desde Washington de endurecer las medidas sobre Maduro, en busca de quebrar los soportes internos y externos del régimen socialista, que se profundizó con las sanciones a Rosneft Trading C. A, filial de estatal petrolera rusa, y las recompensas ofrecidas por la captura del líder chavista y colaboradores cercanos como Diosdado Cabello.
«EE. UU. tiene una estrategia muy clara. Estrangular, aislar, fracturar. Ya demostraron que tienen el garrote, ahora enseñan una zanahoria como incentivo», agregó.
El politólogo Fernando Spiritto considera que, a diferencia de las negociaciones auspiciadas por Noruega, actualmente el contexto social y económico es más complejo para la élite gobernante, lo que ha obligado a hacer movimientos desesperados como solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI). «La apuesta de Estados Unidos es que ante esta situación de emergencia sanitaria, el gobierno pueda responder porque el margen de maniobra que tiene es muy pequeño», asegura.
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No obstante, la Cancillería de Venezuela rechazó rotundamente el proyecto de transición avalado por la Casa Blanca en un comunicado. «Venezuela es un país libre, soberano, independiente y democrático, que no acepta, ni aceptará jamás, tutelaje alguno, de ningún gobierno extranjero», reza el texto.
El propio gobernante Maduro también desestimó el 30 de marzo la propuesta de Guaidó para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, al tiempo que resaltó su papel para traer «verdadera» ayuda humanitaria al país, gracias a la cooperación de salud con países como China y Cuba.
Fuerza Armada, la pieza que falta
León insistió en que al margen de los pronunciamientos que se emitan desde el gabinete ejecutivo, el actor clave en el rompecabezas de la transición continúa siendo las Fuerzas Armadas.
Ya en abril de 2019, el gobierno de interino de Guaidó, con apoyo de Washington, intentó desmoronar la lealtad de las filas militares hacia Maduro con una fallida insurrección armada.
Ahora las concesiones dispuestas en el plan que anunció el secretario de Estado, Mike Pompeo, se encuentra que el alto mando militar permanezca vigente durante el lapso del gobierno de transición. Pero el director de Datanálisis cree que una oferta a la sector castrense «normalmente incluye garantías a familiares, de preservación patrimonial, y nada de esto está asegurado. Por lo menos en el largo plazo».
En sus últimos llamados, Guaidó volvió a pedir a la Fuerza Armada venezolana “ponerse al servicio del pueblo, la soberanía, la Constitución y garantizar la estabilidad del país” y aceptar su propuesta, que contaría con la comunidad internacional como garante.
«Ahora se han establecido nuevos niveles de negociación, que obliga a Maduro a revisar con mucho cuidado a sus aliados. Y abre nuevamente el debate de las negociaciones políticas», prosiguió León.
En tal sentido, Spiritto opinó que la única alternativa que le resta a Maduro para sostenerse es la represión y persecución política, potenciada a partir de la entrada en vigor del decreto de Estado de Alarma para enfrentar el coronavirus. El comisionado de Guaidó para los derechos humanos, Humberto Prado, denunció el pasado lunes 30 de marzo que, en lo que va de la cuarentena, 13 diputados y 20 activistas políticos en todo el país fueron víctimas de amenazas y hostigamiento.
León, al igual que Spiritto, destacó que, pese a que el gobierno de Maduro muestre señales de debilidad, no significa que ceda con facilidad ante las demandas de la oposición.
«La pandemia y el riesgo de que haya una conmoción social son elementos que influyen en la fuerza de cambio. Puede servir para fomentar una negociación, pero también puede ser para que se radicalice Maduro y se convierta en un gobierno más represivo. O para que el sector militar decida tomar el poder y apartar a Maduro y a la oposición para controlar la anarquía», dijo.
Señaló que lo positivo de los proyectos de transición delineados por Guaidó y EE. UU. es que se conviertan en un punto de partida para negociar acuerdos intermedios, pero que si se plantean como un «ultimatum» no trascenderá más allá de un nuevo intento de presión política sin resultados a la vista.
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