Caracas.- Durante una reunión del Consejo de Estado, Nicolás Maduro ordenó la creación de una comisión especial para reformar el sistema judicial de Venezuela, que se enfocará en resolver en 60 días los problemas del retardo procesal y el hacinamiento de reclusos en los centros de detención específicamente, todo en un lapso de 60 días.
De acuerdo con los directores de dos ONG consultados por El Pitazo, este proceso no puede hacerse en ese lapso de tiempo, y que una posible investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Maduro y sus funcionarios por crímenes de lesa humanidad (cuya respuesta se espera para este mes) es un elemento clave que le pesa al Gobierno y por eso la presión para darle celeridad.
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Un problema estructural
Para Laura Louza, fundadora y directora de la ONG Acceso a la Justicia, llama la atención que puedan resolver en tan poco tiempo lo que a su juicio es un “problema estructural”.
“¿En qué sitios se van a poner esas personas?”, se pregunta Louza, mientras explica que el hacinamiento en Venezuela se ubica cerca del 300%. Además, no se han construido nuevos centros penitenciarios en casi dos décadas, por el contrario, desde la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios en 2011 se han cerrado 10 de ellos, lo que ha elevado el hacinamiento en los calabozos policiales.
Por otra parte, según anunció Maduro en su alocución, esta comisión especial estará conformada por Diosdado Cabello, Cilia Flores y la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Lourdes Suárez Anderson.
A juicio de Louza, el que dicha comisión esté conformada por personas vinculadas al poder político del gobierno de Maduro viene a “aumentar la partidización de la justicia, no solo la politización”, explicando que estas personas deben rendir cuentas al Consejo de Estado, conformado enteramente por el Gobierno y miembros del Psuv.
“No dan una idea de transparencia ni de independencia (…) pareciera que es una manera de resolver un problema que efectivamente le está pesando al país y al gobierno de Maduro (…) ”, sentenció, haciendo referencia a los reclamos de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y ante la posible investigación que pudiera realizar la Corte Penal Internacional (CPI) por la violación de estos derechos en Venezuela, “eso lleva a que hay que hacer algo, hay que mostrar algo y ya”, sentenció.
Reconocen la grave crisis penitenciaria del país
Por su parte, Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, sostiene que esta acción del gobierno de Maduro es un “reconocimiento a la grave crisis que se vive en los centros de detención preventiva y cárceles de Venezuela, y concuerda con la referencia que hace Louza sobre las investigaciones realizadas por la ONU y la posible investigación de la CPI como justificación para realizar este trabajo en tan poco tiempo.
“Significa que están intentando echarle una pinturita a la situación penal (…) y que vienen elecciones próximamente, es también un poco para lavarse la cara”, sostiene Nieto Palma.
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Sin embargo, a su juicio, no es posible hacer todo ese trabajo en 60 días. “Solucionar el hacinamiento carcelario no es solo sacar a los reclusos de los centros de detención preventiva y llevarlos a las cárceles, a que dejen de estar hacinados en un calabozo policial a que estén hacinados en una cárcel sin atención médica, sin agua, con retardo procesal, etc.”, sostuvo.
Invitó a Diosdado Cabello, presidente de la Comisión Especial, a visitar al menos los principales centros de detención del país, especialmente la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta y el retén de Cabimas, en el estado Zulia.
“Esperamos que se cumpla, que sea verdad, le damos el beneficio de la duda (…) esperamos es que cumplan, que no sea una comisión más, que no sea una promesa más y que todo se quede en el olvido”, dijo, al tiempo que agregó que desde su ONG harán seguimiento a esos 60 días con sus investigadores en cada estado del país.
Por otra parte, Nieto Palma afirma estar sorprendido de la visita que realizaron los diputados Pedro Carreño e Iris Varela a diversos centros de detención en Lara, y tras lo cual afirmaron que “eran sitios inhumanos, con condiciones inhumanas violatorias de todos los derechos humanos”, tomando en cuenta que Varela, durante sus años como ministra negó los problemas del sector penitenciario, e incluso, aseguraba que Venezuela tenía el mejor sistema penitenciario del mundo.
Desde esta ONG, afirma, se ha denunciado por casi cinco años la grave situación que se vive en los centros de detención del país, presentando informes anuales, semestrales y especiales, que son públicos y que se han entregado a organismos nacionales e internacionales, sin que hasta ahora les hayan hecho caso.
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