Caracas.- La organización no gubernamental (ONG) Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) registró 1.599 víctimas de tortura entre enero de 2013 y diciembre de 2022. Así lo precisó su informe anual, en el que advierte sobre la impunidad estructural que «socavó la garantía para los derechos a la vida, libertad e integridad personal» en Venezuela.
Este martes 9 de mayo, en la presentación de su reporte anual, la ONG detalló el registro de 91 víctimas de tortura en 2022 y 2 muertes vinculadas con ese delito en el apartado de las violaciones a la integridad personal, que totalizó 2.203 casos documentados.
«La mayoría son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles (…) Las condiciones de reclusión, no solo de los presos políticos, sino de todos los reclusos en el país, generan este patrón masivo de violación de derechos humanos«, agregó la coordinadora del informe de Provea, Lissette González.
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Provea precisa en su informe que los 91 casos de tortura documentados en 2022 representan un descenso de 62,2 % con respecto al número de víctimas registradas en 2021, cuando totalizaron 241 casos.
La ONG destaca, además, que la documentación de 1.599 víctimas de tortura entre 2013 y 2022 puede estar sujeta a un subregistro, debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo como consecuencia de la disminución de la prensa independiente y el miedo de familiares de víctimas para denunciar los abusos.
«Indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de tortura», resalta el informe de la ONG divulgado el martes.
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Víctimas y victimarios
Según el registro de Provea, la mayoría de las personas torturadas en 2022 fueron hombres, jóvenes y pobres, con edades de entre 17 y 31 años. «Manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este delito. 95,6 % (87) de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, y 4,3 % (4) de género femenino», detalló la ONG.
De acuerdo con el informe de Provea, la mayoría de los castigos infligidos a las víctimas consistió en amenazas de abuso sexual, golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, insultos y amenazas de muerte, entre otros.
Del total de víctimas documentadas por Provea durante 2022, 77 (84,6 %) fueron personas privadas de libertad por la comisión o presunta comisión de delitos comunes, manteniéndose así la tendencia registrada en 2019, 2020 y 2021.
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Provea detalla en su informe que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) «fue señalado como responsable en 65 casos de torturas –con igual número de víctimas– para alcanzar 71,4 % del total de denuncias registradas en 2022».
La ONG precisa que detrás del Cicpc, la Guardia Nacional (GN) fue señalada como un organismo responsable de 12 casos (13,1 %) de tortura. El registro lo completan los custodios penitenciarios, así como otros cuerpos de seguridad entre los que destacan la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB.
Violación al derecho a la integridad personal
Provea destacó que en 2022 se produjo, además, un incremento de 68,6 % de las violaciones al derecho a la integridad personal, con 2.203 víctimas documentadas, pese al «escrutinio de la comunidad internacional y de las instancias internacionales de protección de los derechos humanos».
«Las autoridades venezolanas siguen de espaldas a sus obligaciones, mostrando una completa ausencia de voluntad para detener los abusos, sancionar a los responsables y ofrecer reparación a las víctimas», advirtió la ONG en su informe.
En 2021, los casos de violaciones al derecho a la integridad personal totalizaron 1.306 registros.
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