Caracas.- Jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) negaron al gobierno de Nicolás Maduro la solicitud de responder a los testimonios de 8.900 víctimas que apoyan la reanudación de las investigaciones en Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Así lo hicieron saber en un documento que hicieron público este 8 de mayo.
«El informe transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas. En esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida a participar en el proceso, por lo que el nivel de respuesta previsto por Venezuela no es garantizado en la etapa actual«, es uno de los alegatos que esgrimió el organismo internacional.
Igualmente, la CPI dijo que no considera necesario recibir presentaciones adicionales de Venezuela o más participantes en el procedimiento y recalcó que ya cuenta con los documentos pertinentes para el caso. Ahora, procederá a hacer el análisis para tomar la decisión sobre reanudar o no las investigaciones en el país.
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La respuesta de la Corte Penal Internacional llega casi dos semanas después de que el gobierno de Nicolás Maduro solicitara a los jueces que le dieran hasta el 30 de mayo para responder a los testimonios de las víctimas, que recogió la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS).
El Gobierno argumentó que en el informe de la VPRS se registraron hechos de víctimas que pudieron haber sido objeto de investigaciones penales internas, incluso los perpetradores pudieron haber recibido sanciones internas, por lo que debían revisar los datos en detalle. No obstante, estos son confidenciales.
Sobre este particular, la CPI respondió: «Esta presentación no es, en sí misma, lo suficientemente precisa como para determinar la procedencia de conceder una autorización para replicar. Además, una respuesta bajo el marco legal de la Corte no está destinada al tipo de presentaciones exhaustivas«. Es decir, a responder en detalle a cada una de las alegaciones.
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Igualmente, aclaró que el informe de la VPRS no constituye una respuesta, debido a que fueron ellos los que invitaron a las víctimas potenciales y a sus representantes legales a presentar sus opiniones e inquietudes.
Las Organizaciones no gubernamentales Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Acceso a la Justicia denunciaron que la táctica del gobierno oficialista era dilatar el proceso.
Todo el material que aportaron las víctimas y la documentación que envió el gobierno de Maduro lo analiza la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que será la que dicte una sentencia sobre la reanudación de la investigación. El veredicto puede tardar semanas y hasta meses.
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