Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que se le permita responder a los testimonios de 8.900 víctimas que apoyan que se reanude la investigación de la Fiscalía CPI por crímenes de lesa humanidad.
La solicitud fue hecha a través de una carta de siete páginas, con fecha del pasado 25 de abril y firmada por el canciller Yván Gil.
Entre los argumentos que presenta el Gobierno, sostiene que el informe consignado por la Sala de Participación de las Víctimas y las Reparaciones plantea nuevos problemas que no estaban previstos antes de conocer dicho escrito.
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Además, señala que el informe presenta hechos sobre «supuestas víctimas» que pudieron haber sido objeto de investigaciones penales internas o incluso los perpetradores pudieron haber recibido sanciones internas.
«Puede que los hechos no hayan sido nunca reportados ante el sistema judicial interno de Venezuela, lo que hace necesario que el gobierno responda en detalle cada uno de esos alegatos», dice parte de la carta.
El gobierno de Maduro solicita también a los jueces que le den un plazo, por lo menos, hasta el 30 de mayo para responder.
Petición del Gobierno no es viable, según ONG
La Organización Justicia Encuentro y Perdón (JEP) aclaró que todo lo recaudado en el informe de la Sala de Participación de las Víctimas y las Reparaciones queda bajo la única custodia de los jueces de la Sala de Cuestiones preliminares y de ningún modo será compartida con las autoridades venezolanas.
Por su parte, Provea asegura que esta solicitud no tiene precedentes y que, además, tiene muy pocas probabilidades de éxito, ya que se trata más bien de una táctica dilatoria.
«Los Jueces de la CPI deberán responder a la petición del Estado, lo que podría retrasar el procedimiento para decidir si se autoriza al fiscal Karim Khan a retomar la investigación por crímenes de lesa humanidad», señaló la organización a través de su cuenta oficial en Twitter.
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