Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro continúa poniendo trabas en cuanto a la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esta oportunidad, pide al organismo responder a los testimonios de 8.900 víctimas que apoyan la reanudación de las indagaciones. No obstante, el tribunal internacional no le dará la información recaudada porque es totalmente confidencial.
Así lo expresa un artículo publicado en portal web de la CPI sobre la situación del caso venezolano que se titula: «Información para las víctimas«. En el mismo precisa que la Corte maneja la información recibida con estricta confidencialidad, por lo que recalcan que el gobierno oficialista no tendrá acceso a los documentos.
«Esta información sólo se transmite a la Sala (de Cuestiones Preliminares); ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, videos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre. Las opiniones y preocupaciones de las víctimas no se consideran evidencia», resalta la CPI.
En ese sentido, agrega que la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) fue la encargada de registrar la información que aportaron las víctimas a una base de datos segura a la que sólo tiene acceso el personal autorizado de la Secretaría.
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El escrito de la CPI subraya que la gran mayoría de las víctimas mencionaron preocupación por su seguridad y la de sus familiares, así como también inquietud por la seguridad de las personas u organizaciones que las asisten.
«El miedo a las represalias fue mencionado recurrentemente por las víctimas. Además, mantener la confidencialidad de su identidad es una de las solicitudes más frecuentes», precisa el tribunal internacional.
¿Qué quiere el gobierno de Maduro?
El gobierno oficialista solicita a los jueces que le den hasta el 30 de mayo para responder a los testimonios de las víctimas que recogió la VPRS. La petición la hizo el canciller Yván Gil, a través de una carta de siete páginas, con fecha del pasado 25 de abril.
Entre los argumentos que presenta el gobierno es que el informe de la VPRS registra hechos de víctimas que pudieron haber sido objeto de investigaciones penales internas o incluso los perpetradores pudieron haber recibido sanciones internas.
Además, habla sobre la posibilidad de que esos hechos no se hayan reportado nunca ante el sistema judicial y que por esa razón necesitan revisarlos en detalle.
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Solicitud tiene el objetivo de dilatar
Para la ONG Provea, que defiende los derechos humanos en Venezuela, la petición del gobierno de Maduro se hace con un fin dilatorio, porque los jueces de la CPI deberán responder al Estado, retrasando así la decisión de continuar o no las investigaciones.
La organización no gubernamental Encuentro, Justicia y Perdón (JEP) coincide con Provea en ese sentido. La ONG cree que la maniobra del oficialismo es una táctica que tiene el objetivo de dilatar el procedimiento y, de esa manera, evitar que avance.
«Por la contundencia de la información enviada, tanto por el fiscal Karim Khan, como por la Sección de Víctimas (VPRS), no queda lugar a dudas de que este proceso, en sus tiempos y en sus formas, irá avanzando de conformidad con los más altos estándares que establece el derecho internacional», agrega JEP en un hilo de mensajes de Twitter.
Igualmente, dicha ONG pide a las víctimas, que participaron en el proceso, sentirse confiadas y tranquilas porque desde el inicio se sabe que la información aportada es absolutamente confidencial.
Sobre la decisión de continuar o no con las investigaciones, lo dictará la Sala de Cuestiones Preliminares luego de examinar y evaluar detenidamente todas las observaciones recibidas por la Fiscalía, el Gobierno de Venezuela y las víctimas.
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