Caracas.- La organización no gubernamental (ONG) Laboratorio de Paz recomendó al Consejo de la Unión Europea (UE) en un informe divulgado este lunes, 6 de noviembre, que las medidas sancionatorias contra funcionarios del Gobierno presuntamente vinculados con violaciones de derechos humanos, así como el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna en Venezuela, se prorroguen durante 12 meses adicionales.
La ONG precisa que ante la solicitud manifestada el 24 de octubre por el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, de levantar las sanciones contra Venezuela -como ya lo hizo EE. UU. tras el acuerdo suscrito por Gobierno y oposición en Barbados-, el Consejo de la UE no debería proceder así, pues sería desacertada la decisión de levantar el embargo de armas a un país investigado por la Corte Penal Internacional (CPI).
«Las medidas aprobadas por la Unión Europea son de naturalezas individual y selectiva. En resumen, consisten en el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes respecto de 55 funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela», precisa la ONG en su informe.
Laboratorio de Paz detalla que países del bloque europeo –España y Países Bajos– son responsables del 16.15 % del armamento que compró el Estado venezolano entre 1998 y 2022. Ambos países, en tercer y cuarto lugares, respectivamente, están por detrás de Rusia y China, como las naciones que más armamento vendieron a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
«En el caso de España, comercializó un total de 327 millones de dólares en armamento, de los cuales 5.638.952 de euros fueron en material antidisturbios», puntualiza Laboratorio de Paz en su informe.
La ONG destaca que durante 2014, año en el que se registraron varios meses de protestas antigubernamentales, España ejecutó la mayor venta a Venezuela bajo la categoría que denominó «otro material», incluido equipos antidisturbios, por un monto de 1.483.263 euros.
«Ese año se realizaron durante varios meses protestas antigubernamentales, que según el informe de Amnistía Internacional ‘Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas’, habían arrojado un lamentable saldo de al menos 37 personas asesinadas y más de 550 heridas; mientras 2.000 personas habían sido detenidas y enfrentaban procesos judiciales por su participación en las manifestaciones», agregó la ONG.
En su informe, Laboratorio de Paz destaca que ante la ausencia de «claros mensajes de voluntad política» por parte del Gobierno para cumplir con lo suscrito con la oposición en Barbados, «se suma que ninguno de los supuestos establecidos por la propia Unión Europea para el levantamiento de las sanciones focalizadas sobre Venezuela se ha cumplido».
Celebración de elecciones creíbles y significativas, respeto a las instituciones democráticas, adopción de un calendario electoral completo y la liberación de todos los presos políticos (270 personas, de acuerdo con el recuento más reciente de la ONG Foro Penal), son los supuestos establecidos por la UE para el levantamiento de sanciones a Venezuela.
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La ONG incluye en su informe tres recomendaciones para la consideración de la UE: prorrogar las sanciones por 12 meses, hasta noviembre de 2024, como lapso en el que pueda evaluarse la voluntad y disposición del Gobierno de permitir una «salida pacífica al conflicto, mediante la convocatoria y realización de elecciones con garantías democráticas«.
Asimismo, Laboratorio de Paz agrega que la UE debe renovar el mandato de su Misión de Observación Electoral para que acompañe las elecciones que deben realizarse en Venezuela en 2024, en el contexto del acuerdo de Barbados.
La ONG Laboratorio de Paz puntualiza, además, que la Misión de Observación Electoral de la UE debe monitorear, documentar e informar sobre el nivel de cumplimiento de las 23 recomendaciones detalladas en su informe tras las elecciones locales y regionales de 2021.
«Las sanciones promovidas por la Unión Europea han sido diseñadas para no afectar al conjunto de la población venezolana, por lo que en este caso específico no aplica el argumento de que estarían agravando los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja», resalta el informe de Laboratorio de Paz.
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