Caracas.- Venezuela no pasó el examen en el ámbito de derechos civiles y políticos, como lo refleja el quinto informe periódico -con 49 observaciones y recomendaciones- que divulgó este viernes, 3 de noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La instancia de la ONU examinó el quinto informe periódico de Venezuela en las sesiones celebradas los días 10 y 11 de octubre, y aprobó el 26 de octubre las observaciones divulgadas este viernes en las que insta al Estado venezolano a liberar sin condiciones a todas las personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria.
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Asimismo, el Comité manifestó su preocupación por las denuncias vinculadas con las restricciones al espacio democrático en Venezuela. Urge al Estado venezolano a garantizar el derecho a la participación de la ciudadanía en asuntos públicos y desmontar las restricciones en prácticas de carácter político electoral.
En claves, El Pitazo resume aspectos medulares del informe divulgado por el Comité sobre el contexto político en Venezuela:
Libertad y seguridad personal
Entre los principales motivos de preocupación que el Comité de DD. HH. de la ONU detalla en su informe, lamenta que, en materias de libertad y seguridad personales (punto 29), informes recibidos por la instancia den cuenta de que las personas detenidas de forma ilegal o arbitraria en Venezuela no disfruten, en la práctica, de todas las salvaguardias jurídicas fundamentales desde el momento de su detención.
En ese contexto, el Comité precisa en sus recomendaciones que el Estado venezolano debe «poner en libertad sin condiciones a todas las personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria».
Asimismo, la instancia de la ONU manifiesta su preocupación por los informes que señalan el trámite de nuevas órdenes de detención contra personas detenidas tras la emisión de la orden de liberación, así como el uso de la privación judicial preventiva de libertad.
La ONG Coalición por los DD. HH. y la Democracia detalla que en Venezuela hay 285 presos políticos.
Prohibición de la tortura
En el punto 25 de su informe, el Comité de DD. HH. de la ONU manifiesta su preocupación por la persistencia del uso de la tortura y malos tratos en lugares de investigación y detención por parte de autoridades estatales, así como de «actores no estatales controlados o apoyados por el Estado como forma de represalia o castigo utilizado para silenciar la oposición al Gobierno y, en algunos casos, obtener confesiones fabricadas o declaraciones falsas».
La instancia de la ONU precisa que el Estado venezolano debe adoptar, de manera inmediata, medidas para erradicar la tortura y los malos tratos e investigar todos los casos vinculados con ese delito, de forma rápida, independiente y exhaustiva, y que los autores sean presentados ante la justicia, sancionados adecuadamente, y las víctimas recibir una reparación integral.
Independencia del Poder Judicial
El Comité de DD. HH. de la ONU manifestó su preocupación sobre la autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial, «dados los supuestos vínculos de varios jueces y magistrados, incluso del Tribunal Supremo de Justicia, con partidos políticos».
«Preocupan las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que cercenan los derechos de participación política con la destitución de representantes públicos elegidos democráticamente, su ilegal arresto y la negación de sus privilegios e inmunidades constitucionales», detalla el informe.
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El Comité insta al Estado venezolano a que ejecute medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, y garantizar el libre ejercicio de sus funciones «sin que se vean sometidos a ningún tipo de presión o injerencia indebidas» por parte de los Poderes Ejecutivo o Legislativo.
Derecho a la participación
El Comité de la ONU manifestó su preocupación ante las denuncias vinculadas con la restricción del espacio democrático en el país, por acción u omisión de las instituciones judiciales y constitucionales como el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, incluido mediante la inhabilitación política «para impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos».
El Estado venezolano, de acuerdo con el Comité de la ONU, debe ejecutar las medidas necesarias para que sus prácticas electorales se ajusten el Pacto que promueve la instancia de la ONU y tenga en cuenta las directrices para los Estados sobre la puesta en marcha efectiva del derecho a participar en la vida pública.
Tres aspectos que debe considerar el Estado venezolano resalta el Comité de la ONU en el contexto del derecho a la participación en los asuntos públicos:
- Disfrute pleno y efectivo del derecho a la participación política de todos los ciudadanos, incluidos los pueblos indígenas.
- Celebración de elecciones nacionales, regionales y municipales, justas, transparentes, inclusivas y pluralistas, con el debido proceso y transparencia en los procedimientos administrativos que ejecuta la Contraloría General respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos, «garantizando un recurso judicial efectivo contra tales inhabilitaciones».
- La protección de los candidatos opositores contra medidas arbitrarias y sin garantías judiciales adecuadas de inhabilitación.
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