Caracas.- La directiva del Parlamento electo en 2015, liderada ahora por la diputada del partido político Primero Justicia, Dinorah Figuera, espera por la rendición de cuentas del gobierno interino que encabezó Juan Guaidó hasta el pasado 5 de enero, cuando tras una decisión de la mayoría parlamentaria cesó la presidencia encargada, que entró en funciones en 2019 por mandato de ese mismo Parlamento.
Guaidó y los funcionarios que designó el gobierno interino, entre los que están exembajadores en países que reconocieron la figura de la presidencia encargada, exdirectivos de juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) y de Pdvsa; así como el excontralor especial, el exprocurador especial y el Consejo de Administración del Gasto, tienen 45 días para presentar sus respectivos balances de gestión ante la Asamblea Nacional de 2015.
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Figuera informó el lunes, en una rueda de prensa, que la mayoría del Parlamento de 2015 desconoce gran parte de las acciones vinculadas con el manejo de activos por parte del gobierno interino.
Sin embargo, en entrevista con la agencia EFE, difundida este martes, la parlamentaria dijo que recibieron la memoria y cuenta por parte de Guaidó y esperan la presentación del balance que prometió el miembro de Voluntad Popular.
«Hemos recibido por parte del gobierno interino la memoria de cuentas. Juan Guaidó se comprometió a presentarlo», dijo Figuera a la agencia EFE.
Algunas cifras
En septiembre de 2022, Guaidó presentó su memoria y cuenta en un acto que no fue ante el Parlamento de 2015 ni en el inicio del periodo legislativo, en enero, como lo establece la Constitución. Guaidó refirió, entonces, que ese balance lo consignó previamente ante esa instancia.
De acuerdo con Guaidó, entre 2020 y 2021 el gobierno interino contó con 130 millones de dólares.
Las cifras que presentó Guaidó correspondientes a fondos manejados por el gobierno encargado en 2020 las dividió en 7 áreas: programas sociales (41.977.803 dólares); funcionamiento de la Asamblea Nacional (8.527.829 dólares); contraloría (452.111 dólares); exteriores (4.522.401 dólares); ejecutivo (1.088.282 dólares); BCV (22.668.00 dólares) y Consejo de Administración del Gasto (3.566.529 dólares).
En total, en 2020, de acuerdo con lo detallado por Guaidó, el gobierno interino contó con 80 millones de dólares.
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Los recursos provenían de una cuenta protegida por la Reserva Federal de EE. UU. en la que se totalizó la cantidad de 346 millones de dólares, de los que, según Guaidó, 4,6 millones se recuperaron en 2019 con el funcionamiento del gobierno interino; y 342 millones de dólares correspondían a la cuenta del banco corresponsal Citibank, fondos de los que disponía entonces el BCV.
A mediados de abril de 2021, la Comisión Delegada del Parlamento de 2015 aprobó un presupuesto que totalizaba 182.639.573 dólares. Parte de ese monto (30.309.040 dólares) se usó para el pago de vacunas contra el COVID-19 del mecanismo Covax.
Según el balance que presentó Guaidó en septiembre, 40 % de los recursos que manejó el gobierno interino en 2021 se destinaron a ayuda humanitaria; 31 % a la defensa de la democracia y 20 % estuvo dividido entre el Parlamento de 2015; la presidencia encargada, embajadas de la presidencia encargada y gastos correspondientes al manejo de activos.
Caso Monómeros
El control del gobierno interino sobre Monómeros, empresa filial de Pequiven situada en Barranquilla (Colombia), generó una serie de cuestionamientos y acusaciones de presunta corrupción en contra del exgerente general de esa compañía, Guillermo Rodríguez Laprea, designado en enero de 2021 por el Parlamento de 2015.
«A la primera irregularidad escándalo que identificamos, lo investigamos, exigimos directamente la investigación; buscamos responsables -de haberlos- porque el que toque un centavo de la República es tan malo como el que toque uno, dos o cinco millones», dijo Guaidó en septiembre en la presentación del balance de algunas de las cuentas.
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Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, Monómeros pasó al control del gobierno de Nicolás Maduro. El gobernante anunció órdenes de detención contra 23 extrabajadores de Mónomeros, entre ellos el propio Rodríguez Laprea, acusados de conformar una presunta trama de corrupción.
El caso de Mónomeros generó cuestionamientos y desencuentros en el seno de la oposición y del propio Parlamento de 2015. Esto produjo que el gobierno interino ordenara, mediante decreto, la destitución de Rodríguez Laprea.
Deudas por arbitrajes y litigios
En agosto de 2022, el procurador especial designado por el gobierno interino, Enrique Sánchez Falcón, informó sobre el monto de la deuda con los 8 escritorios de abogados internacionales que atienden diversos procesos de juicio y arbitrajes en el exterior, cuyos pagos pendientes sumaban 18.787.316,66 dólares.
Entre noviembre y diciembre pasados, la Comisión Delegada autorizó el pago de honorarios por 5.025.063,54 dólares para los escritorios jurídicos que trabajan en los litigios de ConoccoPhillips ante el Ciadi y el juicio sobre el acceso a las 31 toneladas de oro depositado en el Banco de Inglaterra, como reservas de Venezuela.
Los pagos de la República a firmas internacionales de abogados, mediante el gobierno interino, totalizaban 44,8 millones de dólares, de los cuales 16.360.910,01 dólares correspondían a la gestión del exprocurador especial José Ignacio Hernández, mientras que 28.467.996,20 dólares a la administración de su exsucesor, Sánchez Falcón.
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Según un reporte de este mes de la agencia Reuters, la deuda del gobierno interino con abogados internacionales totaliza 20.7 millones de dólares, pese a las cifras que detalló Sánchez Falcón en su última comparecencia ante el Parlamento de 2015, en agosto.
Exigencias del TSJ en el exilio
El TSJ en el exilio, cuyos magistrados advirtieron en julio a El Pitazo que no contaban con recursos por parte del gobierno interino desde que se instaló fuera de Venezuela, exigió a Guaidó en noviembre remitir a esa instancia su informe de gestión.
La instancia judicial en el exilio exigió que también remitieran sus respectivos informes la Contraloría Especial y la Comisión de Administración del Gasto, creada por la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital.
Según el presupuesto aprobado por el Parlamento de 2015 en abril de 2021, de los 152.330.533 dólares la Comisión Delegada tenía previsto un monto de 1.758.000 dólares para concepto de magistrados.
La solicitud de la licencia que permitiera el uso de recursos para el pago de magistrados y el financiamiento del TSJ en el exilio no fue aprobada por la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (Ofac), según una fuente del gobierno interino consultada por El Pitazo a mediados de agosto.
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