Caracas.- El Gobierno interino liderado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, emitió un comunicado en el que agradece las investigaciones y recomendaciones hechas por la ONG Transparencia Internacional, a propósito de denuncias de irregularidades en los gastos hechos en Cúcuta para atender a los militares disidentes y sus familias, por parte de dos funcionarios designados: Rossana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñaloza.
Transparencia Internacional tomó como base la denuncia publicada en un reportaje de Panam Post sobre un presunto manejo irregular de fondos de la ayuda humanitaria. La ONG conversó con Humberto Calderón Berti, embajador designado por Guaidó en Colombia; con Barrera Castillo y Rojas Peñaloza; y recopiló diversos documentos y publicaciones periodísticas previo a la publicación de su Primer Informe.
Aunque la publicación de Transparencia Internacional no es concluyente evidencia hechos clave, debilidades en la selección de funcionarios y en la forma en que se manejaron recursos: sin rendición de cuentas ni auditoría. No obstante, plasma que las dos personas acusadas por Panam Post no tuvieron acceso a la administración de la ayuda humanitaria.
La organización reseña que Barrera Castillo y Rojas Peñaloza atendían una situación de urgencia en Cúcuta, debido a la cantidad de militares venezolanos que desertaron desde el 23 de febrero y que llegaron a la ciudad colombiana esperando ser ayudados. No manejaban dinero del Patrimonio Nacional, sino aportado por fundaciones y donantes.
“Reiteramos que dicho informe ratifica que ningún insumo o recurso de la ayuda humanitaria ha sido afectado, al mismo tiempo que asumimos las responsabilidades, recomendaciones y planteamientos de la investigación que señalan la insuficiencia de criterios y procesos adecuados para el manejo de los recursos destinados a los militares y sus familias”, se lee en el comunicado del Gobierno interino difundido este miércoles por el Centro de Comunicación Nacional.
La administración de Juan Guaidó espera el resultado de las pesquisas iniciadas por la Fiscalía de Colombia, a fin de esclarecer el caso y tomar acciones. Transparencia Internacional, además, recordó las investigaciones iniciadas por la Asamblea Nacional mediante una Comisión de Contraloría.
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La justicia colombiana será la que precise la cantidad de policías y militares venezolanos atendidos en Cúcuta, en cuáles hoteles se hospedaron y el detalle de los gastos, prevé Transparencia Internacional.
“Será este proceso de investigación oficial el que esclarezca el alcance real de la información publicada en el medio digital ya mencionado (Panam Post), en la que se hicieron afirmaciones que debieron tener un sustento sólido. La denuncia es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, pero debe estar fundamentada en evidencias consistentes, pues, de lo contrario, se crea confusión en la ciudadanía y se fomenta la desconfianza en las autoridades”, se lee en el reporte.
Por último, la organización recomendó designar un contralor especial y un equipo con autonomía funcional e independencia administrativa, a fin de auditar los ingresos, gastos y bienes del Estado venezolano en el extranjero.
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