De acuerdo con el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Cepyg-UCAB), Benigno Alarcón, y el internacionalista y doctor en Ciencias Políticas, Félix Arellano, la ruta asumida por el oficialismo tendrá consecuencias con incidencias en el esquema y en la estrategia de sanciones del Gobierno estadounidense
Transcurridos más de dos meses desde que el Gobierno estadounidense anunció que no renovaría la Licencia General 44 vinculada con el sector petrolero y gasífero de Venezuela, otorgada tras el acuerdo de Barbados, llegó el momento del vencimiento de esa autorización, este 18 de abril, y de la definición del esquema de sanciones en medio de un contexto político y electoral con cada vez más restricciones y una atmósfera autoritaria.
La administración del presidente Joe Biden se enfrenta al dilema de flexibilizar, mantener o endurecer las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, sin repetir el esquema de su rival político Donald Trump durante su gestión en 2019, pero con la aplicación de medidas que impulsen un cambio político en Venezuela, disminuyan el flujo migratorio de venezolanos hacia Estados Unidos y las respalden los estadounidenses, quienes en noviembre decidirán entre la reelección de Biden o el retorno de Trump.
El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Cepyg-UCAB), Benigno Alarcón, y el internacionalista y doctor en Ciencias Políticas, Félix Arellano, coinciden en afirmar que debido al incumplimiento al acuerdo de Barbados por el gobierno de Maduro, al no permitir la inscripción de María Corina Machado ni la de su representante, la académica Corina Yoris, la administración de Biden está obligada a revisar su estrategia de sanciones sectoriales.
El martes, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que EE. UU. ha sido claro al exigirle a Maduro el cumplimiento pleno del acuerdo de Barbados, pues de lo contrario, en alusión a la Licencia General 44, volverían a imponer sanciones. Miller no quiso adelantar detalles sobre lo que tienen previsto hacer.
La situación de la administración Biden no es fácil. El objetivo no era perpetuar sanciones ni concentrarse exclusivamente en ellas
Félix Arellano, internacionalista
Pero hay incertidumbre sobre qué pasará con la Licencia General 41, la que en noviembre de 2022, con el inicio de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición en México, autorizó a la petrolera estadounidense Chevron a reanudar operaciones limitadas de extracción en Venezuela.
“Creo que su línea sería un pragmatismo con dosis de flexibilidad: el panorama se ve complejo. En principio, pudieran no flexibilizarse totalmente las licencias otorgadas, que retiren algunas tratando de mantener el pragmatismo en beneficio de Chevron y diseñar un esquema de presión mayor para tratar de que alguno de los compromisos de Barbados y, en cierta medida, la eliminación de las inhabilitaciones, permitan avanzar en la negociación”, explicó Arellano vía telefónica.
Fuentes del sector financiero, consultadas por El Pitazo, indican que la Licencia 41 continuará, para permitir las actividades de Chevron.
Alarcón, por su parte, considera que es “poco realista” creer que el Gobierno estadounidense pasará la página de las sanciones y renovará licencias, luego de la decisión del oficialismo de no permitir la candidatura de Machado y con el bloqueo de la inscripción de Yoris.
“Eso no encaja en el esquema porque lo que sucedería al final es que toda la credibilidad del Gobierno norteamericano, para prometer o amenazar en el futuro, se perdería. Una cosa que es muy importante para cualquiera que hace una promesa o promueve una amenaza es su credibilidad”, añadió el analista.
Impacto económico
De acuerdo con la firma Ecoanalítica, los ingresos petroleros representan en este momento 89 % del total para Venezuela. En ese contexto, el economista y socio director de la consultora, Asdrúbal Oliveros, dijo que sería sorpresiva una medida para revertir la Licencia General 41, incluso en el contexto político actual.
“Estamos viendo un escenario en el que se tomen algunas decisiones, pero en el que la Licencia 41, que ampara la actividad de Chevron, no se toque. Sería una gran sorpresa que eso ocurra”, dijo el economista en entrevista radial el 10 de abril.
Aunque la profunda crisis económica en Venezuela se produjo mucho antes de la imposición de sanciones de EE. UU. en 2019, economistas como el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana, Luis Oliveros, destacan que hay consenso acerca del efecto perjudicial de las sanciones en la economía venezolana.
“El problema económico en Venezuela se genera mucho antes de las sanciones. Quien diga que la causa son las sanciones está mintiendo. Hay consenso en torno a que sí tienen que generar cambio económico. Venezuela es un país muy fácil para generarle daños con el tema de sanciones: depende en gran medida del sector petrolero”, afirmó Oliveros en entrevista radial el martes.
Estamos viendo un escenario en el que se tomen decisiones, pero en el que la Licencia 41 no sea tocada
Asdrúbal Oliveros, economista
Desde 2019, las incidencias de las sanciones administrativas en el sector petrolero venezolano son notorias. La relevancia de la Licencia General 41, vinculada con las operaciones de Chevron, se resume en un incremento de la producción petrolera venezolana, fundamental para la dinámica de una economía estancada.
En junio de 2023, cuando se cumplieron 6 meses de la licencia otorgada a Chevron, la producción venezolana pasó de aproximadamente 650.000 barriles diarios a superar, por primera vez en 16 meses, los 800.000 barriles diarios.
El repunte de la producción petrolera tras el retorno de operaciones de Chevron en campos venezolanos desde noviembre de 2022, implicó también un incremento en los ingresos en divisas del Estado, hecho que incide en la estabilidad cambiaria en un contexto económico inflacionario como el nacional.
“Si el Estado tiene menos ingresos en divisas, el Gobierno tiene menos dólares que inyectar a la economía. Esta estabilidad cambiaria, que es discutible su sostenibilidad, genera que tengamos 4 % de inflaciónen lo que va de año”, añadió Oliveros.
El anuncio del Gobierno estadounidense en enero sobre la Licencia 44 genera incertidumbre y repercute en las expectativas de la maltrecha economía venezolana. La decisión de EE. UU. pone sobre la mesa la posibilidad de un escenario de aumento gradual de sanciones, de acuerdo con el socio director de Ecoanalítica.
La Licencia General 44 establecía entre sus puntos la autorización para que Venezuela, además de permitir importar aditivos y diluyentes para la producción y el abastecimiento interno de combustible, exportara y vendiera petróleo en países del mercado internacional, como India.
Antes de la medida anunciada por Estados Unidos el 18 de octubre, 4 días previos a la Primaria opositora, Pdvsa recurría al mercado asiático para sortear las sanciones y vender el crudo con mayores descuentos, lo que incide en el flujo de ingresos para el Estado venezolano.
El objetivo de la comunidad internacional es democratizar a Venezuela y eso implica que haya una elección libre y justa
Benigno Alarcón, politólogo
“Una parte del petróleo va a tener que venderse con descuentos y ahí vamos a perder parte de los ingresos. Hay una diferencia que tenemos hoy y los precios que tendríamos con descuento. Hemos estimado que esa pérdida del 18 de abril hasta el 31 de diciembre, en términos netos lo que deja de percibir el Estado venezolano, es de unos 1.500 millones de dólares”, detalló el socio director de Ecoanalítica sobre un escenario de retorno de sanciones.
La no flexibilización de sanciones plantea un contexto económico distinto del que analistas económicos y firmas consultoras proyectaban a principios de año para el segundo trimestre de 2024, que tendrá una incidencia en la actividad de empresas petroleras internacionales como la propia Chevron.
“Mantener el ritmo de intervenciones cambiarias de 50, 60, 70 millones de dólares semanales se le hace cuesta arriba al Gobierno por una sencilla razón: tienes un flujo de divisas distinto. También Chevron va a tener una afectación en su actividad petrolera, con lo que vas a tener una economía muy distinta. Venezuela es un país distinto con sanciones que sin sanciones”, explicó Oliveros.
El lunes circuló en redes sociales una carta pública, firmada por más de 800 personas de diversos sectores de la sociedad civil, presentada por el presidente de la encuestadora Datanalisis, Luis Vicente León, en la que los firmantes aluden a las sanciones y sostienen que “es necesario que se preserve la ruta de flexibilización de participación de Venezuela en el mercado energético internacional” y se evite su reversión en medio de la campaña presidencial.
Dinámica política
Pero luego de la firma de compromisos en Barbados y de la Primaria opositora del 22 de octubre, evento que desencadenó una serie de reacciones del oficialismo, “preservar la ruta de flexibilización”, como piden sectores dentro de Venezuela, luce cada vez más difícil. La realidad nacional denota que no hay disposición del oficialismo para avanzar en los acuerdos políticos, lo que le complica la estrategia a Biden.
“Ahora la situación de la administración Biden no es fácil. El objetivo no era perpetuar sanciones ni concentrarse exclusivamente en ellas, porque su misión desde que llegó al poder era de mayor flexibilidad e incluso pragmatismo. Luego de los retrocesos que han ocurrido en Venezuela, tras la firma del documento de Barbados, se siente una atmósfera más autoritaria. Todo se viene complicando y eso, en el ambiente electoral norteamericano, le pone las cosas difíciles a Biden”, explica Arellano.
El lunes, en su programa televisivo semanal, Maduro se refirió al anuncio de EE. UU. sobre la revocatoria de la Licencia General 44, que calificó de colonialista. Dijo que las conversaciones con el Gobierno estadounidense se mantienen y que EE. UU. intenta un chantaje. Afirmó que, con o sin licencia, su administración seguirá adelante.
“Siguen chantajeando: que van a quitar la Licencia 44. Ellos le quieren hacer daño económico a Venezuela. Nosotros hemos tomado nuestro propio curso de trabajo, con amenazas, con sanciones, aprendimos a trabajar y a superarnos (…) Queriéndonos hacer un daño, se hacen un daño ustedes”, dijo Maduro.
Alarcón cree que el punto medular que está vinculado con el esquema de sanciones del Gobierno estadounidense y la evaluación que hagan al respecto es que el gobierno de Maduro no está dispuesto a ceder en ciertos temas electorales.
“Si vamos a ver las sanciones como lo que los americanos llaman la política del palo y la zanahoria, el problema que tiene la administración de Biden es que el gobierno de Maduro se ha comido todas las zanahorias y no hubo consecuencias por no cumplir con ciertas cosas. El Gobierno no está dispuesto a ceder en ciertos temas que tienen que ver con lo electoral, porque entiende que está en el peor momento político”, apuntó Alarcón.
El problema económico en Venezuela se genera mucho antes de las sanciones
Luis Oliveros, economista
Dentro y fuera de Venezuela, analistas resaltan la incidencia que las sanciones sectoriales tienen en lo que se considera la estructura y el aparato político clientelar del Estado controlado por la coalición gobernante del oficialismo.
Encuestas y estudios de opinión reflejan el desafío que tiene el Gobierno para reconectar y movilizar a su electorado en el peor momento de respaldo popular desde 2012, con niveles de apoyo a Maduro de apenas 10 %.
“El objetivo de la comunidad internacional es democratizar a Venezuela y eso implica que haya una elección libre y justa. La pregunta es si el esquema de sanciones sectoriales se mantendrá o será sustituido por otras medidas. El Gobierno ya tomó una decisión respecto a la inscripción de candidaturas y no va a revertir su deseo. Los americanos ya tomaron una decisión respecto a la Licencia 44 y no la van a revertir. Para que uno revierta la decisión, el otro tiene que revertir su acción también”, resaltó Alarcón.
En lo político, las sanciones también generan reacciones entre las filas opositoras. Varios de los candidatos presidenciales postulados ante el CNE, como el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, rechazan las medidas administrativas que impuso Estados Unidos y argumentan, entre otras razones, que incrementan la diáspora venezolana.
En entrevista con El Pitazo, el aspirante opositor independiente a la Presidencia de la República, Enrique Márquez, sostuvo que las sanciones sectoriales no sirven y solo atornillan a los malos gobernantes.
“Deberían ser individuales porque las que impiden el funcionamiento del Estado solo ocasionan un problema y permiten que el Gobierno se escuden en ellas”, dijo el político y exvicepresidente del CNE.
CUATRO PUNTOS CLAVE SOBRE LAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS
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14 meses antes de oficializar su candidatura a la elección presidencial 2024, Manuel Rosales dijo que las sanciones de Estados Unidos, impuestas desde 2017, no favorecieron un cambio político en Venezuela y asomó que la solución a la crisis política debía ser “negociada y electoral”. Estas fueron sus declaraciones.
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Los acercamientos por el alivio de sanciones de Nicolás Maduro con el Gobierno de Estados Unidos comenzaron en 2022. ¿Cuál era la motivación de Joe Biden para reanudar las negociaciones? Este artículo responde a la interrogante.
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La administración Biden revirtió el uso de las sanciones contra Venezuela por la fracasada estrategia de su antecesor, Donald Trump, de presionar la salida de Maduro sin ofrecer incentivos claros, anticipó el internacionalista Geoff Ramsey a comienzos de 2023. Lea la entrevista completa aquí.
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Venezuela aumentó las exportaciones petroleras tras el alivio temporal de las sanciones, según reportes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A continuación ofrecemos la lista de los principales compradores de crudo venezolano con la entrada en vigencia de la licencia general 044.
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