Caracas.- La legalización del aborto seguro y acompañado en Venezuela es parte de una agenda de debate a la que el país llega con retraso debido al conflicto político estancando en una pugna existencial entre el oficialismo y la oposición que, en líneas generales, ha dejado por fuera discusiones que a escalas regional y mundial han visibilizado, entre otros aspectos, situaciones como el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
Este martes 28 de septiembre organizaciones feministas, activistas, representantes de ONG y ciudadanía en general se movilizaron hasta la Asamblea Nacional para entregar un comunicado con exigencias por la despenalización del aborto en Venezuela. El documento fue recibido por la Comisión Permanente de Desarrollo Social del Parlamento electo en diciembre de 2020.
«Es una deuda que el Estado tiene pendiente con las mujeres del país. Esto es un asunto de salud pública y de derechos humanos. Diversos comités de Naciones Unidas le han recomendado al Estado venezolano que despenalice el aborto y que flexibilice la norma jurídica que lo mantiene sancionado», recalcó en la movilización una vocera de la ONG Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa).
En El Pitazo repasamos en claves las exigencias de organizaciones y movimientos en torno a la despenalización del aborto seguro, que resumen el panorama general de una situación cuyo debate en el país ha estado rezagado.
- En Venezuela el aborto es ilegal debido a que el Código Penal vigente lo tipifica como un delito y solo es permitido cuando existe riesgo de muerte de la gestante, situación que ha sido cuestionada y rechazada por activistas y ONG defensoras de los derechos de la mujer.
- Movimientos feministas, activistas y ONG solicitan derogar los delitos sobre el aborto previstos en los artículos 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor) del Código Penal, de acuerdo con lo detallado en un comunicado difundido por la plataforma Ruta Verde.
- Otra de las exigencias de las organizaciones feministas, movimientos ciudadanos y ONG es la redacción de una legislación que cuente con la participación de las organizaciones defensoras de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, para garantizar el derecho de las mujeres al aborto seguro, de manera que sea discutida por el Parlamento electo en diciembre de 2020 en la agenda legislativa 2021-2022.
- Promover el debate acerca del aborto basado en los derechos humanos, en la ética y la evidencia científica, libre de consideraciones morales y religiosas como corresponde en un Estado laico, es la tercera exigencia de las organizaciones y movimientos feministas.
- En junio de 2018, grupos y organizaciones feministas acudieron a la Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo para consignar una propuesta sobre la legalización del aborto y los derechos sexuales y reproductivos. El documento fue recibido entonces por la Comisión de los Derechos de la Mujer.
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