Por Gabriel Peraza, del Programa de Formación de Nuevos Periodistas
Caracas.- El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (Cepyg) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Benigno Alarcón, y el expresidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, se refirieron este viernes 3 de mayo a las dificultades en la ruta hacia las elecciones presidenciales del 28 de julio, entre ellas las relacionadas con la actualización del Registro Electoral y el incremento de centros de votación.
“La única razón por la cual se generan nuevos centros es para dificultar la vigilancia del voto”, aseguró Alarcón en declaraciones a la prensa tras la entrega del premio Valores Democráticos.
El director del Cepyg también dijo que la mayoría de los nuevos centros tienen una mesa y eso complica la custodia. “Nos pone a pensar en que puede haber un intento de fraude el 28 de julio”, añadió.
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El 2 de mayo se actualizó en el Registro Electoral la cantidad de centros de votación, que ahora serán 16.025. En comparación a los últimos comicios y según el periodista especializado en procesos electorales Eugenio Martínez, hubo un aumento de 1.700 centros, la mayoría con una mesa, algo que “intensificará el control político y electoral del Gobierno”.
Por su parte, Casal definió el proceso de inscripción y actualización de datos como “muy limitado” y lo vinculó a las “dificultades que seguirán apareciendo”, incluso el 28 de julio. Si bien destacó que alrededor de 500.000 venezolanos se inscribieron o actualizaron su dirección, hubiera preferido un lapso más extenso para llevar a cabo el proceso.
Muchos migrantes, pocos electores
Uno de los aspectos en los que Alarcón hizo énfasis fue el bajo número de inscritos (508) reflejado en la actualización del Registro Electoral. “Se renovó bajo condiciones fríamente calculadas para que se inscribiera el menor número de personas posibles”, dijo. Añadió que el Gobierno venezolano “sabe” que aumentar la participación le implicaría perder la elección por un margen mayor.
De acuerdo con la organización Votoscopio, 69.189 electores fuera de Venezuela están habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para votar. Según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), hay más de 7,7 millones de migrantes venezolanos.
“El oficialismo sabe que cada elector que se inscribe tiene altísimas probabilidades de ser un voto en contra”, comentó el director del Cepyg. También señaló que cada elector inscrito en el exterior es otro voto en contra para el Gobierno de Nicolás Maduro, ya que probablemente se trate de una persona que salió del país por estar en desacuerdo con su gestión.
Sobre este tema y haciendo referencia a la legislación, el decano de Derecho de la UCAB hizo un llamado para renovar la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Pidió reformar la exigencia de una residencia permanente para los electores y apegarse al derecho internacional.
“Debemos considerar más las situaciones de hecho, que terminan definiendo la conexión de la persona con el lugar, y hay que facilitarle el derecho del ejercicio político”, declaró.
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