Caracas.- La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela (UCV) alertó este martes, 9 de agosto, sobre el quiebre del principio de soberanía territorial, que constituye la base de cualquier Estado, de concretarse la cesión de 1 millón de hectáreas de tierra de cultivo por parte del gobierno de Nicolás Maduro a la administración iraní, según lo que anunció a finales de julio el viceministro de Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Kousheshtabar.
De acuerdo con lo que destacó la Agencia de Noticias de la República Islámica (Irna) el pasado 27 de julio, cuando informó sobre el anuncio de Kousheshtabar, el director de la Asociación de Cultivos Transterritoriales de Irán, Ali Rezvanizade, resaltó que Venezuela puede brindar una mejor oportunidad que países como Brasil y Rusia para los proyectos agrícolas de Iran en el extranjero, incluido el cultivo de soja y maíz.
En ese contexto, en una rueda de prensa celebrada este martes en la sede del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas (CNP), el coordinador de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, Tulio Álvarez, en compañía de otros miembros del órgano académico, alertó sobre la violación de la Constitución que puede representar la ejecución de la medida por parte del gobierno de Maduro y de la que además poco se conoce, salvo lo que anunciaron funcionarios iraníes.
«La mayoría de las instituciones nacionales que han denunciado la entrega del territorio venezolano a Irán lo han hecho desde la perspectiva de la violación de la precitada norma constitucional, lo que evidentemente es una razón suficiente para afirmar el quiebre del principio de soberanía territorial que constituye la base de cualquier Estado», destaca la Cátedra de Derecho Constitucional en un documento presentado este martes que alerta sobre la situación.
Álvarez señaló que la medida no solo violenta lo que establece la Constitución en el artículo 13, en el que se destaca que el territorio venezolano no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado ni enajenado, parcial o temporalmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.
«No es casual la entrega de 1 millón de hectáreas a Irán. Es un acto intencionado, dirigido a no defender los intereses nacionales, con un componente aún más grave: la violación de los derechos humanos de las comunidades que forman parte de los territorios cedidos», advirtió el catedrático.
En junio, Maduro estuvo en Irán, una administración aliada y sancionada por Estados Unidos, que en los últimos años ganó protagonismo a propósito de los convenios en materia petrolera, incluido el envío de gasolina, entre otros aspectos.
En su paso por la nación islámica, el gobernante oficialista firmó un acuerdo con su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, para una cooperación estratégica de 20 años en todas las áreas. «Un mapa de cooperación verdaderamente asombroso», dijo Maduro citado por la agencia de noticias estatal iraní.
El jefe de cátedra de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCV, Nelson Chitty La Roche, señaló que la medida prevista por el oficialismo convertiría a Irán en el más grande latifundista con la aprobación del Estado venezolano. «Esto que vivimos es el desconocimiento de nuestra República. Se entiende cada día menos cómo el régimen se compadece con la noción de soberanía».
El Arco Minero y ahora lo que desde la administración oficialista tienen previsto con respecto a la cesión a Irán de una considerable extensión de tierras para el cultivo, constituye un motivo para que la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV denuncie lo que califica de abierta violación de los derechos fundamentales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto, Álvarez fue enfático en advertir sobre lo que representa para las comunidades autóctonas del sur del país la ejecución de una medida que afecte sus derechos fundamentales, como la sesión de tierras.
«Vamos a presentar un petitorio a los organismos internacionales, solicitando las correspondientes medidas de tutela que se correspondan con la grave situación descrita y el daño inminente por la irregular e inconstitucional cesión del territorio nacional a potencias extranjeras», concluyó Álvarez.
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