Caracas.- Los abogados de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y Alejandro González de Canales solicitaron el viernes el cumplimiento de sus traslados al Tribunal Segundo de Terrorismo, en Caracas, para que se concrete la designación de la defensa técnica privada y de confianza, pues las autoridades no lo han permitido tras la detención de ambos desde el 9 de febrero y su posterior audiencia de presentación la madrugada del 13 de febrero.
«No ha sido posible la constitución de la defensa técnica de los ciudadanos Rocío San Miguel Sosa y Alejandro González de Canales Plaza. El tribunal había solicitado que ambos ciudadanos fueran conducidos al tribunal el día de ayer y el traslado no se realizó», manifestó el viernes a El Pitazo, vía telefónica, el abogado Juan González Taguaruco.
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Ni el Tribunal Segundo de Terrorismo o alguna otra autoridad judicial brindaron explicaciones sobre la no ejecución del traslado de San Miguel y González de Canales. «Se pidió el traslado para el día martes de la semana que viene», añadió González Taguaruco.
Hasta que no se concrete la designación de la defensa privada y de confianza de San Miguel y González de Canales, los abogados de ambos no tendrán acceso al expediente constituido en contra de la presidenta de la ONG Control Ciudadano y el militar retirado, ambos señalados por el Ministerio Público de presuntamente participar en una supuesta conspiración para atentar contra la vida del gobernante Nicolás Maduro.
El abogado Joel García, también integrante de la defensa privada de San Miguel y González de Canales, alerta sobre la indefensión de ambos en las condiciones actuales. «El estado de Rocío San Miguel y Alejandro González es de indefensión. Mientras no tengan sus abogados de confianza, los lapsos siguen transcurriendo y no se podrá ejercer recurso de apelación y proponer diligencias de investigación», acotó a El Pitazo vía telefónica.
Tras los 13 días transcurridos luego de su detención, ninguno de los dos abogados ha tenido contacto con San Miguel ni con González de Canales. «Insistiremos en que ellos sean trasladados al tribunal para que puedan designar a su defensa técnica de confianza», añadió García.
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La Fiscalía acusó a San Miguel por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros, mientras que a González de Canales lo señaló presuntamente por la revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
El pasado miércoles, en la Conversa ARI, García señaló que a San Miguel como a González de Canales les impusieron una defensa pública que calificó de cómplice en ausencia del debido proceso.
«Lamentablemente, la defensa pública forma parte de este patrón: ya es un cómplice necesario de todo lo que estamos viendo (…) El debido proceso es inexistente en este momento. Sabemos que es una dama que tiene la defensa. Todavía no conocemos su nombre ni ella se ha comunicado con ninguno de los familiares», explicó García.
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