Dirigentes políticos, activistas que defienden derechos humanos, periodistas y otras personas críticas del gobierno de Maduro son sometidas a interrogatorios y anulación de pasaportes. Además, se reportan casos de detenciones cuando llegan o van a salir del país desde el aeropuerto de Maiquetía. Este es un patrón intimidatorio y amenazante, advierten oenegés
Los aeropuertos son de encuentros y despedidas. Aunque las autoridades de Venezuela usan también la terminal del aeropuerto internacional Simón Bolívar para infundir miedo y convertirlo en un filtro para activistas, defensores de derechos humanos y personas críticas del gobierno de Nicolás Maduro. Allí hay interrogatorios y amenazas veladas que terminan en detenciones y hasta en desapariciones forzadas.
Esto se evidenció el pasado 9 de febrero de 2024, cuando detuvieron a la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien intentaba tomar un vuelo desde el aeropuerto de Maiquetía para salir de Venezuela junto a su hija, Miranda Díaz San Miguel.
Los abogados que defienden a San Miguel aseguraron a medios de comunicación que antes de que ella intentara viajar a Miami no había recibido información de que había una orden de captura en su contra, tal como aseveró el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.
Activistas de derechos humanos, diversas ONG y organismos internacionales exigen su liberación y rechazan esta detención arbitraria, que ocurrió después de una desaparición forzada. San Miguel estuvo al menos 100 horas incomunicada y fue acusada por el caso de magnicidio denominado Brazalete Blanco. Hasta el 16 de febrero sus abogados no habían podido verla.
Esta detención constata lo que ocurre desde 2014 en la principal terminal aérea de Venezuela —ubicada en el estado Vargas y a menos de 50 minutos de Caracas—, donde se han reportado detenciones, anulación de pasaportes, desaparición forzada, interrogatorios y persecución contra las personas que buscan visibilizar lo que ocurre el país.
Casos de detenciones y amenazas en aeropuerto de Maiquetía
Durante el gobierno de Maduro se han reportado detenciones de activistas, dirigentes políticos y familiares en el aeropuerto de Maiquetía. Estos son algunos de los casos:
Fernando Albán. El concejal del municipio Libertador fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el aeropuerto de Maiquetía el 5 de octubre de 2018. El militante del partido Primero Justicia regresaba de visitar a unos familiares en Nueva York. El Gobierno esperó 48 horas después de que se denunció su desaparición forzada para informar sobre su paradero. En su momento, su abogado comunicó que no sabía sobre esta orden de detención.
Albán murió el 8 de octubre de ese mismo año bajo custodia del organismo policial en la sede de plaza Venezuela. La versión oficial preliminar fue que falleció al caer de un décimo piso, y por este caso dos funcionarios del Sebin recibieron una condena de 5 años y 10 meses de prisión por homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.
Ronny Navarro. Es un periodista de Monagas que estudió en Maracaibo y fue detenido en junio de 2014, cuando salía a visitar a su familia en un vuelo desde el aeropuerto de Maiquetía hasta el estado Zulia. Los funcionarios alegaron que estaba implicado en el caso del exalcalde Antonio Ledezma y por eso sería trasladado hasta el Helicoide. Era miembro del partido Alianza Bravo Pueblo. Después de complicaciones de salud, le otorgaron medida humanitaria y fue liberado. En este caso también fue apresada la dirigente estudiantil Delibeth Briceño, pero la liberaron horas después.
Lisbeth Áñez. Conocida como Mamá Lis, activista que brinda apoyo a presos políticos, fue detenida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en mayo de 2017, cuando iba a salir en un vuelo. La acusaron de rebelión y traición a la patria y posteriormente la presentaron en un tribunal militar. 118 días después fue liberada con medida cautelar.
Rosmary Di Pietro. La entonces presidenta del Colegio de Contadores de Carabobo fue detenida en el aeropuerto en agosto de 2017, cuando llegaba en un vuelo procedente de la isla de Margarita junto a sus tres hijas. La vincularon con un asalto ocurrido en el fuerte Paramacay.
Hugo Marino Salas. El buzo profesional Hugo Marino Salas fue detenido el 20 de abril de 2019 por funcionarios de la Dgcim. Ese día fue la última vez que su madre, Beatriz Salas, supo de él. Marino es el propietario de Sistemas Electrónicos Acuáticos, una empresa especializada en rastreos marítimos que brindó sus servicios al Estado venezolano para localizar aeronaves siniestradas en el país. En 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado para decir que desconoce dónde se encuentra actualmente Hugo Enrique Marino Salas, tras su detención. Su madre denuncia que tiene 1.715 días sin saber de su paradero.
Juan José Márquez. Es tío del expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en el aeropuerto de Maiquetía al regresar con el entonces presidente interino del país de una gira internacional por ciudades de Estados Unidos y Europa, donde trataron temas relacionados con la situación política del país. Márquez estuvo detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar durante cuatro meses. El vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, lo acusó de trasladar explosivos químicos.
Anulación de pasaportes e interrogatorios
En el aeropuerto de Maiquetía no solo se ejecutan detenciones, sino que también retienen a las personas para interrogatorios prolongados en los puntos migratorios cuando llegan o salen del país. Políticos, diputados y activistas han sido retenidos durante varias horas o se les han anulado sus documentos.
El exgobernador de Miranda Henrique Capriles Radonski fue retenido en 2017 en el aeropuerto de Maiquetía cuando iba a Nueva York, y le anularon su pasaporte, aunque el documento estaba vigente hasta 2020. “Mi pasaporte fue robado en el aeropuerto de Maiquetía, porque así es como se puede calificar. No he podido viajar, no voy a poder asistir a la reunión con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos”, denunció el político en ese momento.
Semanas después retuvieron a la hija del exalcalde Antonio Ledezma, Antonieta Ledezma Capriles, cuando regresaba a Estados Unidos. Funcionarios de la Guardia Nacional le quitaron su pasaporte y fue sometida a una revisión rigurosa; después de una hora la dejaron en libertad. En 2015 su mamá, Mitzy Capriles, también había sido retenida por funcionarios de migración.
Mi pasaporte fue robado en el aeropuerto de Maiquetía, porque así es como se puede calificar. No he podido viajar
Henrique Capriles, exgobernador de Miranda en 2017
El periodista César Miguel Rondón también fue retenido en 2017 junto a su esposa, Floralicia Anzola, en el aeropuerto de Maiquetía, donde les quitaron sus pasaportes y se los retuvieron por meses. Bajo engaño, según se conoció entonces, les hicieron firmar una carta en la que ellos mismos declaraban que, junto a dos de sus hijas, intentaban abordar un vuelo con sus pasaportes «reportados como perdidos». Los documentos, dijeron los funcionarios, se los devolverían al día siguiente, pero eso no sucedió.
El pasaporte del parlamentario Jorge Millán también fue anulado cuando regresaba del Consejo de la Internacional Socialista en Nueva York. Otros de los parlamentarios a los que también les han anulado su pasaporte desde 2015 son Carlos Berrizbeitia, Américo de Grazia, Luis Florido, Eudoro González y Williams Dávila
Igual suerte tuvo el periodista Nelson Bocaranda Sardi cuando en el año 2018 varios funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) le anularon, sin una orden judicial, el pasaporte. También el periodista Isnardo Bravo fue detenido en 2018, cuando salía con su hija a Miami y le decomisaron el pasaporte. Además le dijeron que tenía prohibida la salida del país, pero no le mostraron ningún documento legal que lo probara.
En abril de 2019 retuvieron a los diputados Mariela Magallanes y Oscar Ronderos en el aeropuerto internacional de Maiquetía, y a uno le anularon el pasaporte. Magallanes contó que una vez notificada del impedimento de salida del país y después de que la funcionaria de migración le devolvió el pasaporte, no se le permitió durante más de cuatro horas abandonar la sede del aeropuerto, ya que la orden era quitarle el documento para impedirle la salida.
En 2022, el abogado Alonso Medina Roa fue retenido en el aeropuerto internacional de Maiquetía y le prohibieron la salida del país. Tras permanecer durante dos horas retenido, señaló Medina Roa, lo trasladaron a las oficinas de la Interpol, ubicadas dentro del aeropuerto. El jurista ha llevado varios casos de presos políticos y de militares detenidos, entre ellos el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Otros de los casos conocidos públicamente fue el del escritor Leonardo Padrón en 2022, quien después de cinco años de residencia en Miami, contó que en 2017 fue sometido a una migración sin despedida por la persecución del Gobierno.
Padrón aseguró en ese momento que recibió una llamada de un trabajador de una línea aérea que le notificó que funcionarios del Sebin buscaban información sobre cuál era su vuelo de regreso y la hora. El directivo le recomendó no regresar, y fue entonces cuando el guionista decidió quedarse en Estados Unidos.
Mecanismo intimidatorio
Las acciones en puntos migratorios, como las registradas en el aeropuerto Simón Bolívar, han sido denunciadas y reportadas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Venezuela para documentar la anulación de documentos de identidad, los interrogatorios y detenciones de políticos, activistas y personas que, en su mayoría, han visibilizado lo que se vive en Venezuela o denunciado al gobierno de Maduro.
El activista en derechos humanos y director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, explica que este es un mecanismo para intentar evitar dar visibilidad a las violaciones de derechos humanos, porque los activistas, periodistas y dirigentes salen del país para hablar de lo que ocurre en Venezuela.
“Estos obstáculos a la salida del país en puntos migratorios no solo tienen que ver con detenciones, sino también con interrogatorios a la salida o llegada al país. Aquí se intenta que la gente se coarte de salir de Venezuela para seguir contando la situación de los derechos humanos”, precisa Uzcátegui.
Los controles migratorios excesivos representan una constante contra defensores de derechos humanos y demuestra el monitoreo que hay sobre estas personas cuando salen o llegan a Venezuela.
“Esto deja el mensaje de que la persona está siendo seguida y controlada para llegar a un nivel de inhibición. Incluso, estos interrogatorios han llevado a renuncias por ese nivel de presión e intimidación. Entonces, es un mecanismo eficaz”, considera el activista.
Por su parte, la defensora de derechos humanos y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia Laura Louza le indica a El Pitazo que las detenciones en el aeropuerto son una práctica de vieja data y con ellas se evidenciaba algún tipo de alerta en migración para ciertas personas.
El proceso no termina solo en detenciones: también se hacen interrogatorios de pocas o muchas preguntas. Para ello trasladan a la persona a otra oficina y cuestionan lo que hacía fuera del país o lo que hará en su salida; depende del caso.
“Todos estos casos son irregulares, porque si una persona tiene alguna averiguación abierta en su contra, debe ser notificada. Sobre todo hasta que haya la decisión de un juez”, explicó la abogada. Precisó que es una arbitrariedad, una violación a la defensa, libre circulación, libertad personal y de la presunción de inocencia, porque se está tomando una decisión sin que conste en una orden judicial y sin que la persona haya sido notificada.
Caso de Rocío San Miguel
Rafael Uzcátegui también menciona que en el caso de la detención de Rocío San Miguel, quien fue notificada en el aeropuerto de Maiquetía de que había una orden de aprehensión en su contra, no se cumplió con los procedimientos de los organismos de seguridad: ir a su domicilio, a su trabajo y mostrar la orden en la que se detalle el tribunal que la emite, cargos y derecho a la defensa.
“Hay que distinguir entre un proceso migratorio y un proceso de detención. Cuando se emite una orden de detención, como en el caso de Rocío, que se materializó en el aeropuerto de Maiquetía, los organismos de seguridad deben realizar el operativo previo para buscar a la persona”, añade. Rocío San Miguel, figura destacada por sus actividades públicas, los organismos no habían realizado el mencionado procedimiento ni habían comunicado que había una orden en su contra. Esto ha sido señalado por la defensa de la activista.
La anulación de pasaporte, detenciones, interrogatorios y amenazas siguen representando un patrón de intimidación contra activistas que defienden derechos humanos, periodistas y personas que denuncian lo que vive Venezuela. Repetir incansablemente este patrón desde puntos de control migratorios, como el aeropuerto internacional Simón Bolívar, representa una medida que coarta el derecho a la libertad de movimiento.
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