Caracas.- La abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue detenida el 9 de febrero de madrugada en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando iba a salir de viaje con su hija, Miranda Díaz, quien al día siguiente también fue detenida, así como su padre, Víctor Díaz Paruta, los dos hermanos de San Miguel (Luis San Miguel y Miguel Ángel San Miguel) y la expareja de la activista, Alejandro González De Canales.
Uno de los integrantes de la defensa privada de San Miguel, el abogado Joel García, detalló el miércoles que la primera irregularidad del caso de la defensora de derechos humanos comienza con el tiempo que transcurrió desde el momento de su detención, 9 de febrero, hasta que fue presentada ante un tribunal de control en la madrugada del 13 de febrero.
«Fueron presentados en la madrugada del día 13. Ahí comienza toda esta irregularidad (…) la ley establece que debe ser puesta a la orden de un tribunal de control dentro de las 48 horas siguientes luego del momento de su aprehensión. Esas 48 horas no admiten inflexiones, son continuas. Rocío San Miguel fue detenida el 9 y fue presentada el 13», explicó García en la Conversa ARI, un espacio informativo de los medios El Pitazo, TalCual y Runrun.es.
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El abogado destacó que a la defensa privada de San Miguel no le han permitido ese nombramiento y el estado de indefensión, tanto de la activista como de Alejandro José González De Canales, persiste pese a que la propia San Miguel -destacó García- exigió contar con la defensa de sus abogados de confianza, como lo garantizan la ley y la Constitución.
«No cuentan con defensa privada, a pesar de que tengo entendido que Rocío así lo exigió (…) La forma en que ha implantado el sistema, la modalidad, es muy cruel: a las personas las aprehenden, las presentan mucho después de esas 48 horas, de madrugada; no se les permite la defensa privada porque, dicen, que son ellos (los detenidos) quienes deben manifestar el derecho a tener abogado privado», añadió García.
Una defensa que no defiende
El integrante de la defensa privada de San Miguel calificó de cómplice la defensa pública que el Estado designa en los casos de presos políticos. «Estos defensores no ejercen ninguna acción para la defensa, no ejercen recursos, no presentan solicitud de diligencia de investigación, no contestan acusación. Es una indefensión. Lamentablemente, la defensa pública forma parte de este patrón: ya es un cómplice necesario de todo lo que estamos viendo«.
Pese a que el fiscal general Tarek William Saab se refirió al caso de San Miguel en dos ruedas de prensa, la última esta semana en la que presentó lo que aseguró es material incriminatorio, no hay detalles sobre quién o quiénes están al frente de la defensa pública de San Miguel, acusada por el Ministerio Público de presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.
«El debido proceso es inexistente en este momento. Sabemos que es una dama que tiene la defensa. Todavía no conocemos su nombre ni ella se ha comunicado con ninguno de los familiares», detalló García el miércoles.
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Junto con San Miguel, el Ministerio Público señaló a González De Canales por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
«Si no nos permiten la defensa, serán Rocío San Miguel y Alejandro González quienes se deberán plantar y exigirla, como debe ser. Mientras ellos tienen una defensa pública, el juez no puede decir que tienen una defensa«, agregó García.
La hija de San Miguel, su padre y los dos hermanos de la abogada y activista, fueron excarcelados con una medida cautelar de presentación cada ocho días, precisó la defensa privada de San Miguel.
Nulidad del procedimiento contra Rocío San Miguel
Saab se refirió esta semana al concepto de desaparición forzada, como lo denunciaron ONG, activistas y los propios abogados de confianza de San Miguel. «Mienten de manera brutal, cuando quieren variar el concepto de desaparición forzada», dijo Saab el lunes en rueda de prensa.
García resaltó que todas las irregularidades del procedimiento a partir de la detención de San Miguel configuran una nulidad absoluta.
«La desaparición forzada de personas está establecida en nuestro Código Penal, en el artículo 180, que comienza diciendo ‘aquel que priva ilegítimamente’. Se traduce en ilegítima cuando no la pones a disposición de un tribunal de control dentro de las 48 horas, además, que tenga derecho a comunicarse con familiares, abogados, amigos para indicarles dónde está detenida», explicó García.
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El abogado agregó que los defensores de San Miguel, junto con representantes de diversas ONG, acudieron a las sedes de todos los centros de seguridad y en todos negaron su presencia.
“No es solo cuestión de tiempo, es que se niegue la presencia. La aprehensión se convierte en ilegitima. Todo eso configura una nulidad absoluta de todo ese procedimiento. No existe un fiscal que pueda decir que esta detención es nula de toda nulidad», destacó García.
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