Por: Hugo M. Delgado A.
La mentira se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño ha sido incalculable y alcanza zonas muy profundas de nuestro ser. Nos movemos en la mentira con naturalidad… De ahí que la lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso de toda tentativa seria de reforma, escribió el escritor mexicano Octavio Paz, quien luego fue citado por Carlos Rangel en su obra Del buen salvaje al buen revolucionario (1982)
La realidad expuesta por Octavio Paz no ha variado en Latinoamérica y, por el contrario, el tiempo y la historia se han encargado de reafirmarla. Venezuela es fiel protagonista de ese eterna falla institucional acentuada en los últimos 23 años, en un intento de reivindicar un fracasado pensamiento marxista-lenilista que demostró su ineficiencia en Rusia, la Europa oriental, Cuba, China y Corea del Norte.
“La mentira que se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente…”, como dice Octavio Paz, permitió que el proceso ilegal que se instauró en Venezuela desde la gestión del mismo Chávez se afianzara hasta minar la esperanza de su población, al punto de proyectar un país con una imagen de normalidad en medio del caos, la destrucción de sus instituciones (económicas, políticas y sociales), el empobrecimiento de las mayorías, el éxodo de más de 6 millones de sus habitantes, la violación de derechos humanos y la censura a la libertad de expresión. Pero el régimen de Nicolás Maduro ha logrado caminar lentamente hacia la legalización de su régimen, gracias a la burocracia diplomática latinoamericana y europea —siempre simpatizante de las gestas izquierdistas—, y a los intereses petroleros de EUA.
El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro (El Nacional 30-07-2022), escribió: “Hace más de seis años denunciamos en la OEA que Venezuela padecía una crisis humanitaria, denunciamos violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el comienzo de una crisis migratoria, ejecuciones extrajudiciales, tortura, presos políticos, inhabilitación arbitraria de candidatos. Fuimos acusados de mentirosos, de radicales, de servir a espurios intereses, de actuar en contra de la unión de los pueblos latinoamericanos y un largo etcétera”.
La ilegalidad del chavismo y del régimen de Nicolás Maduro es un proceso que se remonta al mismo Hugo Chávez, con el uso abusivo de los recursos económicos y de las instituciones del Estado para favorecer su gestión y sus aspiraciones políticas. El sucesor comenzó con mal pié su mandato porque el 14 de abril de 2013 su elección fue cuestionada y nunca se aclararon sus resultados. Por tanto, su ejercicio es írrito: su convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (4 de agosto de 2017), su reelección del 20 de mayo de 2018, las designaciones de magistrados, directivas del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, y la elección de la Asamblea Nacional y gobernantes regionales del 6 de diciembre de 2020. Es decir todas carecen de fundamento democrático y son totalmente ilegales.
La crisis actual por el aumento circunstancial del petróleo y el efecto negativo en los asuntos de EUA y Europa le abrió una oportunidad más al régimen de Maduro porque le permitirá reducir los efectos de las sanciones políticas y económicas y contar con mayores recursos en sus arcas para afianzar su red clientelar interna y externa, y afianzar la dependencia social (burocracia) o programas populistas que solo generan votos y no solucionan los problemas estructurales del país.
En este contexto de inevitable reconocimiento y legitimación del régimen, surge la pregunta: ¿a quiénes les conviene cambiar la situación del país? La respuesta es fácil de dar porque el chavismo demostró que mientras controle la estructura formal, los recursos del Estado y los venezolanos resistan lo que sea (ya los demostraron con la falta de salud y educación y la carencia de los alimentos básicos), difícilmente van a ceder o compartir el poder. Tampoco les conviene a los empresarios que están favorecidos en medio de una economía anarquizada en la que las estrategias no existen y cada quien hace lo que quiere. Y a los partidos de oposición les conviene poco modificar la situación, pues tienen intereses comunes con el régimen y sus representantes (ejemplo los alacranes), reciben beneficios del exterior y tienen sus negocios. Y a los corruptos militares que controlan las alcabalas mucho menos.
En ese lento proceso de reconocimiento al régimen, también juegan un rol importante los medios de información venezolanos y extranjeros, al proyectar su gestión sin interpretar lo que dicen sus voceros o informes económicos, convirtiéndose en simples portavoces. Obvian el genocidio a la prensa nacional que llevó al cierre de todos los periódicos impresos, no por la necesidad tecnológica sino por la censura y coerción que aplicaron, o el cierre de más de 200 emisoras en las últimas dos décadas, o el bloqueo de sitios web informativos críticos, o las “chuzadas” de más del 30% de los usuarios denunciadas por la empresa Movistar, sin que la oposición o algún organismo internacional haga nada. Ese silencio cómplice también tiene su responsabilidad.
El chavismo sobrevive como “la Hidra de Lerna, como dice Héctor Schamis (Infobae 30-07-2022), creando tantas cabezas como necesite para llegar a mañana, para seguir destruyendo todo a su paso”. Un poder real que no se deriva del reconocimiento social, sino del poder coercitivo.
Mientras el anarquizado país anda, el régimen de Maduro demuestra que el “crimen sí paga”. A la agotada población lo que les importa es sobrevivir en medio de la crisis y soñar con alcanzar la “relativa felicidad”, no importa con quién y mucho menos cómo lograrla. Una posibilidad para abrir una puerta la plantea Almagro con la opción de la “cohabitación”, que permitirá abrir espacios de participación a opositores, siempre que el chavismo entienda la necesidad de coexistir en Venezuela, ahí sí tiene lógica lo ocurrido en las últimas elecciones regionales en Barinas, Nueva Esparta y el Zulia.
HUGO DELGADO A.| @hdelgado10
Periodista. Editor de medios impresos y asesor de comunicaciones y relaciones públicas.
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