Caracas.- En un país donde se pagó un sobreprecio de más de $400 millones en equipos eléctricos a tres empresas (Derwick, Ovarb y KCT), en el cual se dejaron perder $100 millones en una planta eléctrica vendida por Derwick a Sidor, cuya chatarra trataron de instalar sin éxito en Maracaibo, de donde salieron $500 millones para alimentar el esquema ponzi de Francisco Illaramendi, en el que se pagaron $2,2 mil millones en comida de lo cual solo se llegó a repartir a los venezolanos 14% de todo lo adquirido por Bariven para Pdval, y que bajo el control de cambio se fugaron del país más de $300.000 millones entre 2003 y 2012, según dijeron exintegrantes del gobierno de Hugo Chávez, ver que el compadre de un ministro recibe contratos por $36 millones puede no sorprendernos, pero sí darnos una dimensión de la crisis económica.
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Esos casos relatados y conocidos por la mayoría de los venezolanos que leen la prensa o escuchan noticias, ocurrieron en la época de la última bonanza económica, entre 2006 y 2010, tiempo en el que la producción petrolera y la venta del crudo en los mercados internacionales daba para eso y más, como repartir $28.000 millones entre los país de Petrocaribe para mantener alianzas en el seno de la OEA y la ONU.
Pero al llegar los tiempos de escasez, todos los corruptos tienen que adaptarse a lo que hay.
En el caso del sistema eléctrico, desde el año 2012 no se contratan obras de construcción de plantas termoeléctricas ni hidroeléctricas y los proyectos para ampliar la red de transmisión se quedaron en el congelador esperando apoyo internacional. Quedan entonces los contratos para trabajos de mantenimiento y dotación de equipos básicos, como transformadores y bombillos.
Entonces es allí cuando surgen las oportunidades de negocios por $36 millones, al contratar, por ejemplo, la compra de más de $5.000.000 en bombillos, 40 montacargas con 300% de sobreprecio y pagar por 500 transformadores que no sirven para Venezuela, sino para Nicaragua y Cuba, debido a especificaciones técnicas.
La información que leyó corresponde al expediente que la Fiscalía de EEUU presentó en Miami contra el empresario margariteño Jesús Veroes, compadre del exministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, quien fue acusado de conspiración para lavar dinero y pago a funcionarios en el extranjero. En el documento no se menciona Motta Domínguez, aunque sí se describe a dos altos funcionarios, uno de ellos con capacidad de decisión en el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec. Motta Domínguez era hasta esta semana ministro y presidente de Corpoelec, pero fue mandado a descansar por Nicolás Maduro, luego de no poder levantar el sistema eléctrico tras el megapagón del 7 de marzo.
No vamos a decir que $36 millones sea una cantidad que cualquier mortal pueda tener en su bolsillo, porque con esa cantidad de dinero se puede pagar el salario mínimo a más de 5.000.000 de personas, construir 1.500 viviendas de interés social, dar tratamiento completo a unos 2.500 dializados y, en el caso específico del sector eléctrico, brindar mantenimiento a instalaciones eléctricas, desde desmalezar hasta corregir problemas en plantas termoeléctricas, para evitar apagones.
Por eso, sería realmente interesante que Delcy Rodríguez, quien preside el Estado Mayor Eléctrico, y ordenó el 3 de abril la intervención de Corpoelec para su reestructuración, aproveche y muestre al país no solo las pruebas que dice tener de los ataques cibernéticos y físicos a las instalaciones eléctricas, sino que también diga a la nación que la gestión de Motta Domínguez queda a disposición de la Contraloría General de la República y Fiscalía General de la República, para investigar la relación con Veroes y lo que se revela en la corte de Miami. Dudo que pase, como no ocurrió con ninguno de los casos mencionados en el primer párrafo, pero uno tiene esperanzas.
Pitazo de salida
Vivo en Caracas desde hace 16 años, pero mantengo mis vínculos con el Zulia por ser la zona en que crecí siendo un feliz hijo de trabajador petrolero. Como mi padre jubilado viven aún en esa zona, no sufre las carencias de la falta de electricidad, aunque sí del agua. Sin embargo, siento como una injusticia muy grande el que sea el Zulia el estado que más padece los racionamientos por la decisión de un gobierno que no ha sabido responder la crisis energética del estado que más riqueza ha dado al país. Hay que ver que mis paisanos son pacientes. Ojalá la Chinita les dé las luces que el gobierno les niega.
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