El paquete neoliberal que se les impuso a los países latinoamericanos ha sido decisivo para el recurrente vaivén en la región. En los tiempos contemporáneos, en estas tierras se ha transitado de un punto a otro de un esquema binario integrado por gobiernos liberales y gobiernos populistas. Como respuesta a mandatarios que aplican medidas liberales en el ámbito económico, surgen otros que siguen líneas populistas que progresivamente comienzan a abrazar el autoritarismo, y viceversa. Ambos modelos suelen obviar aspectos realmente importantes de la democracia, por lo que el descontento de la población aparece cada tanto tiempo para darle nueva forma al tablero del ajedrez político-económico del subcontinente.
Las situaciones actuales de Chile y Argentina sirven para ejemplificar el significado de la aplicación del liberalismo y del populismo y cómo se ven afectadas las naciones cuando los gobiernos se rigen por estos modelos. El primero de los mencionados obvia beneficios socio-económicos que incidan directamente en la población; el segundo, el populismo, les resta importancia o minimiza los derechos civiles y políticos.
Chile: la hora del destape
Desde el 18 de octubre de este año, cuando se desató en Chile una ola de violencia, esa nación generó una enorme sorpresa acompañada de una pregunta: ¿por qué sucede este terremoto? ¿Cómo una población que tiene 46 años de vida acostumbrada a vivir según las directrices impuestas, por la dictadura y por los gobiernos democráticos que vinieron después, dejó a un lado pruritos y temores y se internó en una vorágine de protestas que durante muchos días han dado la impresión de querer acabar con todo?
Chile estalló en una especie de locura colectiva que llevó a la destrucción de cuanto encontraba a su paso. El aumento de las tarifas del metro fue el detonante de la explosión, pero es obvio que hay algo más, porque a pesar de la decisión presidencial de detener el aumento, la ola explosiva continuó. Este hecho de violencia pareciera demostrar que cuando se acumulan, las desigualdades ocasionan que cualquier población despierte. No es tan fácil prever el cuándo, pero el día llega, y a Chile le llegó la hora del destape.
Cuando Augusto Pinochet dio un golpe de Estado en 1973 e inició un régimen dictatorial, impuso una reestructuración de la economía basada en los postulados neoliberales. Apelando a la orden de privatizar todo, una de las medidas del dictador, y que habla descarnadamente de la injusticia social, fue eliminar la educación terciaria gratuita en 1981. Desde entonces, quienes deseen ir a las universidades pero no tienen dinero para pagar una carrera, deben solicitar créditos estatales o bancarios. De acuerdo con el director de la organización no gubernamental chilena ECO Educación y Comunicaciones, Mario Garcés Durán, entrevistado por BBC Mundo en agosto de 2011: “La educación dejó de ser un mecanismo de movilidad social en Chile y pasó a ser lo contrario: un sistema de reproducción de la desigualdad”, afirmó.
La democracia no oyó, no vio, no se quiso enterar
En 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, los jóvenes chilenos marcharon para solicitar mayor acceso a la educación y acabar con el lucro en este sector, pero no obtuvieron lo que tanto deseaban. Cuatro años después, en junio de 2016, durante la gestión de Michelle Bachelet, los jóvenes volvieron a las calles por varios días para protestar por el tema educativo. El día 23 de ese mes se hicieron visibles unas 80.000 personas solo en Santiago para “demandar una educación de calidad, gratuita y sin lucro”, según reseñó la Agencia EFE.
Es evidente que ya de vuelta a la democracia, Chile ha respetado, en términos generales, los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos, con lo cual queda claro que se cumple con el mandato del liberalismo político: privacidad, libertad de conciencia, libertad de expresión, protección contra la discriminación y otras prerrogativas que también forman parte de un recetario liberal, pero los derechos socio-económicos quedaron bastante restringidos y las consecuencias se ven hoy.
En relación con esa gran deuda social no retrocedieron los gobiernos democráticos que llegaron al poder después de Pinochet, pues la balanza económica siguió inclinada hacia la élite económico-política. En la nación chilena se ha socavado el Estado de Bienestar en dictadura y en democracia porque al ciudadano común le resulta muy costoso pagar vivienda, salud, educación, transporte, entre otros bienes y servicios necesarios para una vida digna.
En toda esta circunstancia hay una clave para entender la ola de violencia. Chile ha sido territorio fértil para la desigualdad socio-económica. En este país se mantiene lo que los propios habitantes llaman “el juego de los apellidos”, que significa que muy pocas familias ostentan el control económico y político del país. Los apellidos confirman un lustre, un supuesto prestigio histórico que habla de jerarquía, dominio, fortunas y privilegios.
Sobre los motivos del estallido resultan reveladoras las palabras del periodista chileno José María del Pino, entrevistado por César Miguel Rondón en su programa En Conexión (difundido en Youtube) el día 21 de octubre. Al periodista se le habló del “milagro chileno”, que equivale a una economía próspera y a un país que está a las puertas del Primer Mundo; pero, de repente, se presenta el vandalismo, el caos, la locura y la violencia, y de entrada, a muchos les cuesta conciliar ambas caras.
Para Del Pino, lo que está en el fondo de las protestas no son las tarifas del metro, sino que estas fueron la gota que rebasó el vaso. “Este es un país que ha progresado durante los últimos 29 años y cuyas cifras macroeconómicas son envidiables en el ámbito regional. Tiene una diferencia sustancial con los países que lo siguen, el mayor índice de desarrollo humano, el mayor ingreso per cápita, la mayor expectativa de vida, la menor indigencia y la menor pobreza de la región, y eso parece haber sido una muy buena gestión de un modelo postransición democrática”. Pero el sentir ciudadano —argumenta Del Pino— es que la vida en Chile cada día está más cara y los sueldos no tienen el crecimiento que deberían tener para generar mayor prosperidad.
Para el entrevistado está claro que “se está viviendo a precios de país desarrollado, pero con sueldos que aún pertenecen al Tercer Mundo”. Y a continuación da un ejemplo contundente: el ingreso promedio en los hogares de Chile es de 560 dólares al mes, y un ingreso promedio del trabajador chileno es de 555 dólares, pero el costo de la vida en Santiago de Chile es infinitamente superior. Solo el pasaje del metro de Santiago cuesta 1,15 dólares por viaje, y dos viajes al día suman 2 dólares y medio. En 20 días se gastan 50 dólares, cifra muy significativa en los hogares que solo tienen 300 o 400 dólares de ingreso.
El problema de desigualdad se ha venido acumulando desde el gobierno de Patricio Aylwin, el presidente que sucedió al dictador Augusto Pinochet en 1990. Ciertamente ha habido reformas, pero no son suficientes. José María del Pino afirma que actualmente los chilenos están yendo a 1.000 kilómetros por hora, pero “el desarrollo político del país ha ido a 100 y se ha producido una distancia”. El desarrollo político no ha ido a la velocidad que los cambios ciudadanos y sociales le están exigiendo a la clase política.
Asegura el periodista que hoy el chileno es otro porque se ha empoderado de la información y de la comunicación y por eso les hace exigencias a los dirigentes del país. “Seguimos gobernados por la misma dirigencia que nos sacó de la dictadura y nos transitó a la democracia. Sin embargo, esta dirigencia parece no entender los códigos con que los millennials, los centennials y la clase media emergente se están convocando y están combatiendo la injusticia”, precisa Del Pino.
Las palabras de José María del Pino coinciden con la visión de Kathya Araujo, docente, investigadora y socióloga de la Universidad de Santiago de Chile, y quien fue entrevistada por BBC el pasado 21 de octubre. Dos de sus libros publicados son Usos y abusos en la vida cotidiana en el Chile actual (2009) y El miedo a los subordinados (2016), en los que estudia el autoritarismo político y social.
Las investigaciones de Kathya Araujo, sobre todo una que inició hace tres años sobre el transporte en el metro de Santiago, le permitieron ver signos de descontento que venían acumulándose. Esos índices presagiaban una crisis. En el estudio de campo de esta última investigación, sus entrevistados repetían una misma frase: «El metro es el lugar donde nos tratan como animales». Y es así porque en las «horas pico», cuando hay abundancia de pasajeros, todo el mundo empuja a todo el mundo. Por esta razón, “el metro, primer objetivo de los manifestantes y hoy totalmente paralizado, se puede leer como una metáfora de Chile”, afirma Araujo.
Considera la investigadora que ese medio de transporte replica a diario las diferencias de la sociedad, la competencia desmedida “y requiere los mismos esfuerzos extraordinarios que impone a sus ciudadanos un modelo económico y social que privilegia el individualismo y la libre competencia”. La docente interpreta la situación al decir que “el metro es como nuestra sociedad: mejoramos las condiciones de vida, pero no la calidad de vida”. No hay calidad, asegura, porque nadie tiene tiempo para los hijos, hay que trabajar permanentemente, la gente está endeudada, y si estudia, no tiene dónde ejercer. Es una permanente contradicción.
Esa desigualdad a la que hace referencia Araujo, la dibuja José María del Pino en una frase que obliga a comprender el gran reto que tiene la dirigencia chilena por estos días y su aparente disposición a llamar a una constituyente: “99% del país entiende que esta es una sociedad poco equitativa”.
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