Por: Juan Viale Rigo
Desde la llegada de la controversial “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, el régimen de Nicolás Maduro acrecentó notablemente la persecución hacia sus detractores, atentando contra la libertad de expresión y criminalizando a todo aquel que se le oponga. Es preciso destacar que esta ley fue aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente; organismo creado por la dictadura de Maduro para usurpar las funciones de la Asamblea Nacional.
Desde su aprobación, que no pasó bajo la mesa, muchos ciudadanos venezolanos han sido víctimas de su naturaleza antidemocrática. El primer caso sonado fue el de dos bomberos merideños que se filmaron comparando a un burro con Maduro. Este hecho le dejó claro al país que la ley tenía como objetivo criminalizar todo aquello que unos cuantos consideren ofensivo, hasta una cándida sátira, en nombre de una mal llamada paz de unos cuantos.
Esta ley que tiene como bandera la “tolerancia y la convivencia pacífica”, no es más que un instrumento para legalizar la persecución a opositores, suprimiendo el libre ejercicio de nuestro derecho a la libre opinión, para blindar al régimen del descontento social, manifestado en medios de comunicación y redes sociales. Esta ley finalmente materializa el eterno capricho de muchos miembros del chavismo de controlar las redes y la opinión pública, esta vez de forma “legal” o cómo les gustaría creer, “constitucional”. Después de tanto estorbar –inclusive a ellos mismos– la ilegítima Asamblea Constituyente les sirvió para blindar a sus funcionarios públicos que tienen cuentas pendientes con la opinión pública y con nuestro país. Cabe destacar que con estas acciones pisotean nuestra ya mancillada constitución de 1999, la cual garantiza en el artículo 57: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión”.
Desde su aprobación, que no pasó bajo la mesa, muchos ciudadanos venezolanos han sido víctimas de su naturaleza antidemocrática. El primer caso sonado fue el de dos bomberos merideños que se filmaron comparando a un burro con Maduro. Este hecho le dejó claro al país que la ley tenía como objetivo criminalizar todo aquello que unos cuantos consideren ofensivo
Juan Viale Rigo
Por si fuera poco, sus mecanismos le otorgan al estado el poder para sancionar a medios de comunicación, bloquear sitios web, censurar contenidos, e imponer privativas de libertad que van de 10 a 20 años a todo aquel que sus esbirros consideren que está “instigando el odio”. Es una gran incoherencia justificar esta ley en nombre de una convivencia pacífica a conveniencia, mientras se encarcelan tuiteros, se persiguen dirigentes políticos y activistas, se censuran medios de comunicación, se bloquean portales web y se busca eliminar contenidos. Con estas acciones la única paz que están garantizando es la de los cabecillas de su régimen, violentando uno de nuestros derechos civiles fundamentales como lo es la libertad de expresión, todo para buscar escudarse de la avalancha de críticas provenientes del creciente descontento social.
Si esta ley realmente funcionara para algo, tendríamos las cárceles llenas de dirigentes políticos del chavismo, quienes desde su llegada al poder han apostado por promover el odio y el divisionismo para mover a sus seguidores. Muchos recordarán la desafortunada frase de Roy Chaderton (embajador de Venezuela frente a la Organización de Estados Americanos), quien dijo en el programa de opinión Zurda Konducta: “Una bala en la cabeza de un opositor pasa rápido y suena hueco”. O sin irnos muy lejos, el mismo Diosdado Cabello, quien en su programa se dedica a atacar y amenazar con cárcel a dirigentes opositores en televisión nacional.
¿Quién define qué es un delito de odio? Nos queda más que claro que aquellos que quieren callar y oprimir a un país que durante años viene clamando por su libertad. Podrán callar a unos cuantos, podrán perseguirnos, pero somos millones de venezolanos los que deseamos reconquistar la libertad de Venezuela y no va a ser tarea fácil callarnos a todos. Que no les quede duda que esta ley no es más que otra política gubernamental para incidir negativamente en el libre ejercicio de la libertad de expresión de los venezolanos.
JUAN VIALE RIGO | @JuanVialeRigo
Columnista, escritor y activista opositor.
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas.
Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor: no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria.
HAZ TU APORTE
