Por: David Gómez Gamboa
Una vez más, los universitarios actuando al unísono lograron “parar” la reciente arbitrariedad proveniente del Gobierno nacional para evitar el pago fraccionado del bono vacacional y recreacional que, de forma inconstitucional e ilegal, iba a dar a “cuenta gotas”. Según los cálculos de la ONAPRE: 9.5%, en agosto; 19% entre septiembre y octubre de 2022 ; 71.5%, para el 2023.
La unión de los sectores asociativos y gremiales, tanto profesorales como de trabajadores y estudiantes, representó una fuerza tan contundente que hizo frenar al gobierno de Maduro aunque éste desconociera los derechos del sector universitario descalificando sus luchas como meras “campañitas”.
¿Por qué el instructivo de la ONAPRE es arbitrario?
Ese instructivo fue creado en marzo de 2022 por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Especifica criterios para aplicar el incremento salarial decretado por Maduro en el primer trimestre de 2022 que viola una serie de derechos adquiridos y contenidos en convenciones colectivas –entre otros-.
Además, disminuye los montos de las bonificaciones a través de los cálculos que impone. Por ejemplo, no toma en cuenta la antigüedad del personal y “aplana” las tablas salariales, lo cual menoscaba la meritocracia.
En resumen, el instructivo contempla rebajas salariales, recortes de primas y cálculos errados al momento de determinar los pagos periódicos para el personal universitario que:
- Trasgrede normas constitucionales y legales en materia laboral;
- Trasgrede el principio principio de legalidad y reserva legal al invadirse competencias de la Asamblea Nacional mediante una norma administrativa.
- Viola principios tan básicos como el de progresividad e irrenunciabilidad de derechos laborales o, inclusive, el principio in dubio pro operario (interpretar la norma a favor del trabajador).
Lo paradójico es que ese instructivo desconoce abruptamente las normas básicas de la IV Convención Colectiva del Sector Universitario, llamada “la convención gobiernera”, impuesta unilateralmente por el gobierno de Maduro luego de excluir de su discusión a actores representativos, esenciales y legítimos como la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV). En un artículo anterior abordamos este tema.
El efecto de las protestas
Era de esperarse que tanta arbitrariedad desencadenara una montaña de protestas que fueron aumentando en el segundo trimestre del año debido a la implementación del instructivo ONAPRE.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó que los universitarios “han estado activos en 460 actividades de calle en todo el país”. Tan solo en los primeros cinco días de agosto se realizaron, al menos, 96 manifestaciones en nueve estados; protestas que se exacerbaron cuando gremios universitarios denunciaron la aprobación oficial del pago fraccionado del bono vacacional y recreacional de profesores, empleados y obreros (según el instructivo ONAPRE): el monto equivalente a 10 días de sueldo base en agosto; otros 10 en septiembre; 10 más en octubre; el resto entre enero y julio del 2023. Esta propuesta de pago obviamente desvirtuaba el fin de un bono que debe ser disfrutado en el período vacacional y no posteriormente, según dispone la Constitución y la Ley.
Tal como hemos advertido en artículos recientes, la situación de los derechos laborales y sindicales, así como de la libertad de asociación en Venezuela es muy frágil, por lo cual el Estado se encuentra bajo la lupa de la comunidad internacional.
Venezuela es uno de los pocos países con un procedimiento abierto ante la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recientemente, el Relator de la ONU para la Libertad de Asociación emitió un pronunciamiento para manifestar su preocupación por la violación a la libertad de asociación, los derechos laborales y sindicales en el país.
¿Camino pendiente por recorrer?
El entramado del bono vacacional y recreacional de los universitarios en 2022, se parece mucho al que contextualizó la intervención de las universidades a propósito de la sentencia 0324 de la Sala Constitucional entre agosto 2019 y febrero 2020; o al entramado -o entrampado- que representó la sanción de la Ley de Educación Universitaria en 2010, vetada en enero 2011 por el presidente Chávez.
Los tres ejemplos enunciados dan muestra de la más cruda intención de intervenir las universidades y de violar derechos humanos de los universitarios, pero al mismo tiempo dan muestra de que al unirse en una causa común conforman una fuerza imbatible que hace “recular” las intenciones inconfesables de un Gobierno interventor.
Pero, ¡cuidado!, que también los tres ejemplos coinciden en que las amenazas del gobierno siguen latentes, dado que éste no para en sus ansias intervencionistas. Hay muchas lecciones que aprender.
En efecto, hoy el gobierno, desde “su” Asamblea Nacional, cocina la mencionada vetada Ley del 2011. Igualmente, busca imponer unas elecciones como las expuestas en la suspendida sentencia 0324, por ejemplo. Lo mismo pasa con el bono vacacional y recreacional que fue cancelado desconociendo el cronograma de pagos fraccionados anunciado en 3 partes, sin embargo, basado en los cálculos del instructivo de la ONAPRE, norma que sigue vigente.
Hay mucho camino por recorrer, sin embargo, es importante recalcar que en la unión y cohesión de los universitarios está la fuerza.
DAVID GÓMEZ GAMBOA | @dgomezgamboa
Director de la Ong Aula Abierta / Docente y coordinador de la Comisión de Derechos
Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ
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