Caracas. La suerte está echada, salvo que un recurso de última hora modifique el desenlace. Los 107 venezolanos que siguen detenidos en el helipuerto de Chaguaramas, tras una redada en un local de Trinidad y Tobago, serán deportados, luego de que en la audiencia de revisión judicial de los migrantes, celebrada este jueves 10 de agosto, se declararon válidas las órdenes de expulsión.
Es posible que la orden de deportación de estos hombres y mujeres se ejecute este fin de semana, indicó una fuente del caso a El Pitazo. Estos 107 venezolanos forman parte de un grupo de 196 migrantes de la misma nacionalidad que fueron detenidos el 9 de julio en un bar en Saint James, en las afueras de la capital trinitense.
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Desde ese día, otros han salido en libertad. Más recientemente, el 9 de agosto, 29 fueron sacados del helipuerto de Chaguaramas bajo libertad condicional, y no 64, como inicialmente informaron medios locales, aclaró la directora de La Casita Centro Cultural Hispano, Andreína Briceño, a El Pitazo.
Pero lo que más alarma a Briceño es el hecho de que en el grupo de detenidos hay venezolanos que tienen abierto un proceso de solicitud de asilo ante la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), lo que significa que no deben ser devueltos a la fuerza a su país de origen. De hacerlo, Trinidad y Tobago estará violando el principio de no devolución, que es la piedra angular de la protección internacional de los refugiados.
Un proceso plagado de arbitrariedades
Aún más: en el grupo de detenidos hay otros venezolanos a los que ya les fue reconocida la condición de refugiado; incluso, está una venezolana que es madre de tres hijos nacidos en Trinidad y Tobago, indica la directora de la ONG, que apoya a migrantes en la isla caribeña.
Por eso, teme que el gobierno trinitense ejecute una deportación arbitraria. «Es un abuso de poder«, sostiene Briceño sobre lo que sucede con sus compatriotas y la posibilidad de que ocurran expulsiones fuera de la ley. Considera que sería la guinda de un proceso plagado de ilegalidades desde el comienzo.
«Fueron detenciones arbitrarias«, afirma. Añade que en la redada policial efectuada en el club nocturno no se verificaron los documentos de los venezolanos. Tampoco se les siguió el debido proceso, según establecen las leyes trinitenses.
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«De una vez les redactaron documentos de detención por ingreso irregular, trabajar sin los papeles necesarios, por no portar pasaporte ni presentarse ante un oficial de inmigración», refiere la directora de La Casita Centro Cultural Hispano sobre los venezolanos que fueron detenidos, algunos con permisos de trabajo y carnet de Acnur (refugiados o solicitantes de asilo). Son personas que llevan entre tres y cinco años en Trinidad y Tobago.
Condiciones de detención deplorables
En contacto permanente con algunos familiares, Andreína Briceño denuncia también que los venezolanos soportan condiciones de detención inhumanas en las instalaciones del helipuerto de Chaguaramas: duermen prácticamente hacinados, obligados a usar baños colapsados, sin agua potable ni asistencia médica cuando la requieren.
Los 29 venezolanos que salieron bajo libertad condicional son ahora buscados para su deportación, dice Briceño. En realidad, añade, son órdenes de expulsión que el gobierno de Trinidad y Tobago estaba dispuesto a ejecutar con rapidez. «Fueron detenidos el domingo (9 de julio) y el martes querían deportarlos», asegura.
Pero la intervención de organizaciones promigrantes, que alertaron a una serie de abogados y a la Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago, impidió la deportación inmediata. Briceño cuenta que los menores de edad detenidos en la redada policial fueron entregados a la legación diplomática venezolana.
Otra fuente señaló a El Pitazo que a pesar de las estrechas relaciones entre Trinidad y Tobago y Venezuela, en esta oportunidad la administración trinitense no consiguió de inmediato el apoyo del gobierno venezolano, debido a las arbitrariedades que marcaron este proceso, contrarias al interés de Caracas en una salida de los detenidos con su propio consentimiento, similar al programa Vuelta a la Patria.
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Medios locales señalaron este jueves, 10 de agosto, que funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional buscaban el permiso de funcionarios venezolanos para facilitar la deportación de algunos de los detenidos. Ya se dispone de una embarcación.
La crisis humanitaria ha forzado a un buen número de venezolanos a aventurarse en esta isla del Caribe anglófono para calmar el hambre. Se van a escondidas por mar ante la imposibilidad de acceder al pasaporte o a una visa. Pero Trinidad y Tobago criminaliza la migración irregular y no reconoce el estatus de refugiado que otorga Acnur.
El Tribunal Superior declaró en julio que todos los inmigrantes que lleguen a las costas de Trinidad y Tobago pueden ser deportados aunque se hayan registrado en Acnur, ya que las obligaciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no se aplican en el país caribeño.
Con información de Newsday
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