Caracas.- Luego de la reapertura de las fronteras de Venezuela con Curazao y Aruba, la Unión Panamericana y del Caribe por los Derechos Humanos (Pacuhr) emitió un comunicado, el 16 de abril, en el que pide respeto al principio de no devolución y expresó preocupación sobre cómo esta la medida afectaría a los venezolanos irregulares.
En el comunicado se menciona una redada que ejecutó el Gobierno de Curazao el 14 de abril, que concluyó con la detención de 18 mujeres. “No todas son venezolanas, pero seis de ellas, según comunicado de prensa, quedaron bajo privación de libertad para ser deportadas. En este sentido, reiteramos que se deben respetar las garantías jurídicas y brindar un tratamiento digno y justo”.
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La Pacuhr, que agrupa a 89 organizaciones de la sociedad civil en las Américas, el Caribe y Europa, exhortó a los Estados involucrados a respetar los principios internacionales en el tratamiento de los derechos humanos.
“Nuestra preocupación se centra en la apertura de las fronteras de Aruba y Curazao con Venezuela y que esto genere aprehensiones masivas y expulsiones de venezolanos en situación migratoria irregular; pues constituye una inobservancia del Ordenamiento Jurídico Internacional”, señaló el comunicado.
El principio de no devolución hace referencia al derecho de una persona a no ser devuelta, expulsada o rechazada de un Estado hacia un territorio donde su vida, libertad e integridad física corran riesgos.
Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), en marzo de 2023 viven en Curazao 14.000 venezolanos y 17.000 en Aruba.
Los Gobiernos de Venezuela y de Países Bajos han subrayado los aspectos positivos de la reapertura, enfatizan el intercambio comercial, pero no han detallado cómo abordarán el tema migratorio.
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