La familia de Lauren Benítez piensa que su condición de extranjera en Perú precipitó su desenlace. Pero también cree que el colapso del sistema sanitario por el COVID-19, que ya provocaba la muerte sobre todo de los peruanos más vulnerables o sin seguro médico, se robó la vida de la profesora de inglés. La migración venezolana, que suma más de cinco millones de ciudadanos desde 2015, está entre los que se llevaron la peor parte durante la pandemia que nos tocó vivir, establecen diferentes estudios
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El 19 de febrero de este año, la vida de la venezolana Lauren Benítez Figarella dio un giro que jamás imaginó: el COVID-19 se la llevó rogando por oxígeno en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza de Lima, en Perú.
Su hermano Gerardo y su cuñada Rosa no tenían idea de cómo enfrentar este virus hasta que Lauren, profesora de inglés de 35 años, se enfermó. Ahora saben que deben extremar las medidas de prevención; que un cilindro de oxígeno de 10 metros cúbicos puede durar entre 6 y 48 horas según el estado del paciente, y que su precio, en un país sin suficientes camas de UCI, oxígeno ni médicos en los hospitales, condiciones que padecieron entonces en Lima, puede llegar a costar, en promedio, el equivalente a 1.000 dólares en la calle; y recargarlo, 360 dólares aproximadamente.
La familia denuncia obstáculos para la atención de Lauren en el hospital. “No la dejaban entrar porque no llevaba consigo un balón de oxígeno. Como pudimos, logramos que la ingresaran, pero ni una silla de ruedas nos dieron”, cuenta Rosa Tabata a El Pitazo.
Su situación no mejoró. “Lauren pasó valiosos minutos resistiendo sin poder tener acceso al oxígeno, hasta que por cosas de Dios pudimos ubicar un cilindro. Con eso nos dio tiempo de buscar uno propio para ella, ya tarde en la noche (…) Pero a las 3 de la madrugada nos llamaron para decirnos que había fallecido”, manifiesta la cuñada.
Hay una mafia inmensa con los balones de oxígeno en Perú. ¿Quién supervisa eso?
Rosa Tabata, cuñada de Lauren Benítez Figarella
La bolivarense ingresó a Perú con el pasaporte venezolano en abril de 2019, pero nunca regularizó su situación migratoria. No poseía Permiso Temporal de Permanencia (PTP) ni carnet de extranjería. Su cuñada indica que cuando Lauren pisó suelo peruano estaba suspendido el trámite de cualquier documento a los venezolanos migrantes. Sin embargo, su condición migratoria no le impidió a la venezolana conseguir entonces un contrato de trabajo por un año.
Antes de contraer el virus, la venezolana planeaba iniciar el proceso de registro dirigido a los extranjeros en condición migratoria irregular en Perú. La familia cree que las obligaciones de pago de alquiler de vivienda, alimentación, agua, luz y renta del teléfono sobrecargaron a Lauren, para quien un nuevo trámite supuso una carga adicional que ponía en jaque su ya agobiante situación económica por las restricciones de la pandemia.
La II Encuesta Regional: Migrantes y Refugiados Venezolanos realizada a 687 venezolanos en Perú por el centro de investigación Equilibrium Cende, entre septiembre y octubre de 2020, reveló la magnitud del impacto de la pandemia sobre la situación laboral de la población venezolana: 34% de los encuestados dijeron haber perdido su trabajo durante la cuarentena y se encontraban buscando empleo, mientras que 43% afirmaron que sus ingresos cayeron más de 50% desde marzo, cuando se impuso el confinamiento.
Discriminación y falta de fiscalización
La familia de Lauren piensa que su condición de extranjera precipitó su desenlace. Pero también cree que el colapso del sistema sanitario por el COVID-19, que ya provocaba la muerte sobre todo de los peruanos más vulnerables o sin seguro médico, se robó también la vida de la profesora de inglés.
“El hospital está equipado con una planta procesadora de oxígeno, pero nos decían que era para pacientes asegurados y, por lo que vimos y experimentamos, fue así. También solo para peruanos, pero no todos, la verdad, porque aquí han muerto los de muy bajos recursos por no tener dinero para comprar un cilindro, porque ni siquiera el Estado se los ha suministrado, argumentando que están agotados, pero la realidad es que sí hay para los asegurados”, afirma Rosa.
Crucial para tratar a los pacientes con COVID-19, el oxígeno medicinal era vendido en las calles de Lima a precios inalcanzables para la familia de Lauren, que por las restricciones impuestas por la pandemia también se encontró de repente sin ingresos suficientes para ayudar a costear su tratamiento.
“Hay una mafia inmensa con los balones de oxígeno en Perú. ¿Quién supervisa eso? ¿De dónde llega ese oxígeno? ¿Quién sanciona por precios que son un exabrupto por recargar y comprar esos cilindros? Vi gente morir por falta de oxígeno y es lo más triste que puede verse. No es justo, no es justo”, sostiene Rosa.
A poco más de un año de confirmarse el primer caso en Perú, el COVID-19 se ha cobrado la vida de 49.330 personas y un escándalo de vacunaciones secretas agudiza la crisis política del país. El Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 286 venezolanos muertos desde marzo de 2020 hasta el 5 de marzo de 2021, sin precisar, sin embargo, si los decesos sucedieron a consecuencia del virus, apunta el medio digital Sudaca.
Lauren Benítez encontró la solidaridad de sus alumnos de inglés, casi todos peruanos | Foto: cortesía familia de Lauren
Apoyo y solidaridad
Por supuesto, la familia de la profesora bolivarense vio también la otra cara de la moneda: cuando la venezolana rogaba por oxígeno encontró el apoyo económico de amigos y alumnos a los que daba clases online, casi todos peruanos.
“Era una mujer talentosa y entrañable; una aventurera, sin miedo a los cambios, deseosa de conocer personas y lugares. Antes de venir a Perú vivió cuatro años en Ecuador. Estudió idiomas en Venezuela, luego viajó a Holanda para ser acogida por una familia y aprender el idioma durante dos años (au pair). También estuvo un año en Estados Unidos”, recuerda la cuñada.
Lauren enviaba dinero a sus padres en Venezuela y anhelaba abrir su propio instituto de inglés en Lima, capital de un país convertido en el hogar de más de 1 millón de venezolanos —más de la mitad todavía en condición migratoria irregular— que salieron forzados de su país por un deterioro de sus condiciones de vida que amenazaba su subsistencia.
Desalojos y xenofobia
Al igual que Lauren, más de 5,5 millones de personas han salido de Venezuela desde 2015 para pasar la página del hambre y la falta de oportunidades. Pero está claro que no es fácil enfrentarse a una nueva realidad. Menos aún con el agravante de la pandemia, que en muchos países de la región acentuó las manifestaciones de xenofobia y generó discriminación y exclusión, sobre todo de los migrantes forzosos más recientes, que ya venían golpeados de Venezuela, destaca el Centro de DD. HH. de la Ucab en el informe Respuesta de los Estados a la situación de personas migrantes y refugiadas en el marco del COVID-19.
Basta mirar lo ocurrido a un conjunto de venezolanos que viven en Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana y Guyana. En la Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, realizada entre octubre y noviembre de 2020 por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), 39% de los entrevistados afirmaron que fueron desalojados en pandemia. Más de 90% de estos hogares tenían tres o más personas en la misma vivienda al momento de ser echados a la calle.
LA FAMILIA DE LAUREN BENÍTEZ VIO TAMBIÉN LA OTRA CARA DE LA MONEDA: CUANDO LA PROFESORA DE INGLÉS ROGABA POR OXÍGENO ENCONTRÓ EL APOYO ECONÓMICO DE AMIGOS Y ALUMNOS A LOS QUE DABA CLASES ONLINE, CASI TODOS PERUANOS
Ya el Centro de DD. HH. de la Ucab había advertido sobre los insuficientes mecanismos de respuesta impulsados directamente por los Estados para hacer frente a las necesidades de esta población en temas de alimentación, transferencias monetarias, vivienda y salud.
En el informe Respuesta de los Estados a la situación de personas migrantes y refugiadas en el marco del COVID-19, publicado en junio de 2020, el centro de estudio de la Ucab alertaba que los países receptores dejaban buena parte de la responsabilidad de ejecución de algunas iniciativas en manos de las organizaciones de la sociedad civil, que operaban con fondos de la cooperación internacional.
¿Una luz al final del túnel?
Han sido también meses con ganas de reencuentros familiares, en algunos casos infructuosos, en particular en Chile, donde en febrero de 2021 murió un venezolano de 69 años después de cruzar a pie con su nuera la frontera desde Bolivia. Buscaba reencontrarse con su hijo en Santiago.
Ricardo Godefroy Araujo murió en Colchane, una localidad a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar que se convirtió durante los primeros 40 días de 2021 en puerta de entrada de compatriotas en condición irregular, a razón de 200 personas por día, que ingresaron también por Huara, en la región de Tarapacá, registra la Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile).
La ONG reporta que 7 de cada 10 venezolanos con problemas para tramitar la Visa de Responsabilidad Democrática, y que entran por pasos irregulares a Chile, buscan la reunificación familiar. Pero la respuesta del Gobierno de Sebastián Piñera fue la expulsión de un grupo de ellos.
Lauren pasó valiosos minutos resistiendo sin poder tener acceso al oxígeno
Rosa Tabata, cuñada de Lauren Benítez Figarella
A pesar de todo, durante la pandemia que nos tocó surgieron noticias para respirar un poco más tranquilos, y que tienen como protagonistas a los venezolanos migrantes: al lado, en Colombia, los venezolanos confían en que las barreras de acceso al trabajo y a los servicios de salud y educación desaparezcan de una vez por todas con la implementación, a partir de mayo, del Estatuto Temporal de Protección para migrantes.
Un poco más lejos, la historia es similar: Estados Unidos incluyó a Venezuela en la lista de países que gozarán del Estatus de Protección Temporal (TPS). De esta manera, los venezolanos podrán optar por una estadía regular y un permiso de trabajo que tendrá validez hasta el 9 de septiembre de 2022. Quizá sea una luz al final del túnel.
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