Caracas.- Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), llegó a Venezuela por segunda vez el jueves 8 de junio, luego de finalizar su jornada oficial en Colombia. Las ONG de derechos humanos creen que apostará por la apertura de una oficina en Caracas.
Durante su visita a Caracas, Khan se reunió con el fiscal general, Tarek William Saab, con quien intercambió opiniones en relación a los logros en materia de protección de los derechos humanos y revisó la implementación del memorando de entendimiento, según informó el funcionario venezolano en Twitter.
La agenda del fiscal de la CPI también incluyó encuentros con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, quien ratificó la disposición de cooperar en la ejecución del memorándum de entendimiento.
Maduro y el fiscal también se reunieron. El gobernante oficialista señaló que durante el encuentro revisaron los avances alcanzados luego de implementar el memorándum de entendimiento suscrito entre el Estado y el alto tribunal en noviembre de 2021.
Por su parte, Calixto Ávila, abogado especialista en DD. HH. de Provea, explicó que la visita buscaría hacer seguimiento a la firma del memorándum signado entre la CPI y el Estado venezolano.
Las ONG así como algunos políticos cuestionaron la opacidad en torno a las actividades de Khan en esta última visita, pues han estado cerradas a la prensa. Entonces, este regreso plantea expectativas sobre el curso de las investigaciones y la posibilidad de que se logre un avance en la rendición de cuentas por los crímenes cometidos y un proceso de consecución de justicia.
La CPI comenzó el 5 de diciembre de 2022 el proceso para recibir las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela cometidos en el 2017. El organismo facilitó a través de su página web un formulario para que todas las víctimas expliquen su caso y compartan la documentación necesaria.
Investigación formal a Venezuela
La corte abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro en la represión de las multitudinarias protestas contra Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas.
Para 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por los presuntos crímenes de lesa humanidad y en noviembre de 2022 el fiscal solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares I reanudar el proceso.
En mayo de este año, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI recibió 1.875 formularios que identifican a 8.900 personas, incluidas 630 familias, con casos de persecución de presos políticos, de tortura y de asesinato, entre otros.
Gobierno arremetió contra el fiscal Khan
El pasado 30 de marzo, la Fiscalía de la CPI emitió un documento público en el que responde a las observaciones presentadas por Venezuela para la reanudación de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, y aseguró que el país no presenta pruebas o información concreta.
A inicios de abril, el gobierno de Maduro acusó al fiscal Karim Khan de instrumentalizar la justicia con fines políticos, tras la publicación de un documento en el que la Fiscalía desestima los argumentos presentados por su administración en torno al caso de Venezuela.
El gobierno oficialista aseguró que las afirmaciones de la CPI no desvirtúan los irrebatibles planteamientos de Venezuela, sino que, por el contrario, confirman que el alto tribunal carece de competencia para conocer de los hechos presentados por el fiscal Khan. “Venezuela seguirá ejerciendo todas las acciones disponibles para hacer prevalecer la verdad”.
Nueva exigencia para volver al diálogo
Por su cuenta, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2020, condicionó a mediados de abril la negociación con la oposición, además del levantamiento de las sanciones, de la liberación de los activos en el exterior y de la excarcelación de Alex Saab, con el cese de la investigación en la CPI.
La pretensión del oficialismo fue rechazada públicamente, tanto por las víctimas como por organizaciones defensoras de derechos humanos y la dirigencia opositora. La ONG Provea señaló en ese momento: “Una investigación por crímenes de lesa humanidad no es negociable. En Venezuela, la Justicia solo obedece al Gobierno, pero la Corte Penal Internacional es independiente”.
Vale recordar que los crímenes de lesa humanidad son delitos imprescriptibles y conllevan una responsabilidad penal individual, los presuntos responsables no pueden aducir el cumpliendo de órdenes y las autoridades estatales no tienen ningún tipo de prerrogativa ante la Corte.
Con información de EFE y Deutsche Welle
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas.
Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor: no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria.
HAZ TU APORTE
