El Gobierno de Nicolás Maduro puso nuevas condiciones para el restablecimiento del proceso de diálogo con la oposición en México. El jefe de la delegación del oficialismo y presidente de Asamblea Nacional electa en 2015, Jorge Rodríguez, indicó que para retomar las negociaciones piden, entre otras demandas, “que se detengan esas aventuras en tribunales de Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI)”.
La abogada especialista en derechos humanos y criminalística y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, enfatizó que la CPI es un organismo judicial independiente, por lo cual ninguna de las investigaciones que encabece el fiscal general, Karim Khan, ni las decisiones que dictan sus diferentes salas están subordinadas a ningún tipo de acuerdo político.
En ese sentido, Tineo destacó que la investigación en curso sobre Venezuela en el máximo tribunal internacional se sustenta no sólo en la solicitud que hicieron ocho de los Estados que forman parte del Estatuto de Roma de la CPI, sino también en un exhaustivo examen que duró más de tres años, que determinó que hay razones suficientes para considerar que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad y que el Estado venezolano no ha demostrado la capacidad ni la voluntad de investigarlos y condenarlos.
La abogada afirmó que con la nueva exigencia para reanudar el diálogo en México, el Gobierno venezolano contradice la primera voluntad expresada en el memorando de entendimiento que Nicolás Maduro firmó en 2020 con el fiscal general de la CPI tras su visita a Venezuela, en el cual las autoridades nacionales se comprometían a colaborar con la investigación.
Tineo enfatizó que tomando en cuenta que según registros de 2014 hasta la fecha, levantados por la ONG que representa —de 334 víctimas fatales de patrones de persecución por razones políticas, sólo un poco más de 5 % de los casos ha tenido sentencia condenatoria y la impunidad alcanza el 94 %—, es necesario que la investigación sobre Venezuela siga adelante en la CPI.
Asimismo, la abogada recalcó que en los casos en los que ha habido sentencia condenatoria, se refiere únicamente a autores materiales o perpetradores de los crímenes, pero no a quienes integran la cadena de mando.
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