Caracas.- El coordinador de Exigibilidad Legal de la organización no gubernamental (ONG) Provea, Marino Alvarado, y el director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, padre Alfredo Infante, rechazaron este jueves, 19 de mayo, la demanda por difamación interpuesta por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, tras la publicación de un informe en el que revelan ejecuciones extrajudiciales por padre del cuerpo policial de la entidad. 

«Nuestro informe no es contra ningún gobernador; no somos parte de campañas para desprestigiar a nadie. Es un informe para visibilizar el grave problema de las ejecuciones extrajudiciales en el país», dijo Alvarado en rueda de prensa.

Asimismo, el activista social propuso al gobernador de Carabobo crear una comisión integrada por el delegado por el estado para la Defensoría del Pueblo, el fiscal superior de la entidad, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y una representación de la Gobernación, Provea y el Centro Gumilla, con el fin de analizar las presuntas ejecuciones cometidas en la entidad durante el año 2021.

Para Alvarado, la acción emprendida por Lacava forma parte del cerco que intenta imponer el gobierno de Nicolás Maduro a las organizaciones de la sociedad civil y pidió al mandatario regional que en lugar de criminalizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, abra sus espacios para que el país, y particularmente su estado, pueda avanzar en el esclarecimiento de la situación y la determinación de los presuntos responsables de los hechos que se señalan en el informe.

El padre Infante reiteró la petición y señaló que el objetivo del documento, más allá de denunciar la situación, es que se inicie una investigación formal que conduzca a la determinación de la verdad para que los familiares de las víctimas tengan acceso a la justicia y que en ese proceso se identifiquen a los culpables de las muertes.

«Al ser cuerpos policiales es muy importante que se investiguen las cadenas de mando», insistió el director del Centro Gumilla. Resaltó que pedir una investigación ante presuntas ejecuciones extrajudiciales es un derecho y un deber ciudadano amparado en la Constitución y no un delito.

Por su parte, el abogado Joel García, quien asumió la defensa de Infante y Alvarado, insistió en que sus representados no cometieron delito, pero recordó la obligatoriedad de comparecer ante los órganos jurisdiccionales.

En ese sentido, García denunció que no se le permitió acreditarse para este proceso en Caracas debido a que un tribunal de Carabobo admitió la demanda, pese a que el presunto delito se cometió en Caracas. «Desde ya comienza a cercenarse el derecho a la defensa», condenó.

Sobre los hechos denunciados por Lacava, García señaló la necesidad de que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo inicien las investigaciones pertinentes. «Ahí están los datos para que puedan comprobar que lo que se dice en ese informe no constituye ofensa ni difamación alguna», apuntó.