Caracas.- El economista Francisco Rodríguez, a través de su fundación Petróleo por Venezuela, propuso este lunes 19 de abril un acuerdo político que permita a Venezuela acceder a recursos especiales provistos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a que el organismo actualmente no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro ni al gobierno interino que representa el líder opositor Juan Guaidó.
En concreto, se trata de cinco millardos de dólares en derechos especiales de giro (DEG), cuya entrega permite impulsar la liquidez y ayudar a las naciones emergentes y de bajos ingresos a lidiar con el aumento de la deuda y los efectos de la pandemia del COVID-19. Después de siete años de contracción económica a raíz del declive de los ingresos petroleros, la ayuda financiera del FMI habría sido equivalente al 81% de las reservas internacionales actuales del país.
Pero “la actual crisis política en Venezuela ha llevado a una falta de claridad en la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI, sobre el reconocimiento oficial del gobierno”, declaró a la agencia Bloomberg el portavoz del FMI, Gerry Rice.
Si bien el FMI suspendió el acceso de Venezuela a los DEG en 2019 por el caos político, la relación entre las dos partes ha sido tensa durante mucho tiempo. En 2007, el fallecido presidente Hugo Chávez se comprometió a romper relaciones con la organización de Washington, bajo la excusa de que el Fondo servía a los intereses estadounidenses.
Por ello, una de las bases del trabajo de Petróleo por Venezuela es el nombramiento conjunto, por parte de las administraciones de Guaidó y Maduro, de un directorio único del Banco Central de Venezuela para garantizar la obtención de los fondos.
“Un directorio único del Banco Central garantizaría la disponibilidad casi inmediata de los depósitos de oro de la República en el Banco de Inglaterra y sería un importante primer paso para lograr llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, resaltó Rodríguez en una nota de prensa.
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Actualmente, la cuota de DEG de Venezuela asciende a 5.300 millones de dólares. Una propuesta reciente del FMI y el G20 de emitir una asignación de Derechos Especiales de Giro por 650.000 millones de dólares daría lugar, según Rodríguez, a que el Banco Central pudiera utilizar 5.100 millones de dólares adicionales.
Para alcanzar el acuerdo, el economista planteó la necesidad de abordar soluciones complementarias y constitucionales con todas las partes involucradas en el conflicto venezolano que faciliten la reinserción del país en la economía global para atender la emergencia humanitaria del país.
¿Cuáles serían los beneficios de esta negociación?
De acuerdo con el documento de Petróleo por Venezuela, la propuesta consiste en dos fuentes de financiamiento: los Derechos Especiales de Giro (DEG) y el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI y los depósitos de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra. “Creemos que Venezuela podría satisfacer los requisitos del FMI para una solicitud del IFR en el contexto de un acuerdo político”, reza el documento.
El programa cubriría cuatro puntos:
Un subsidio a cada familia, para que los responsables del hogar puedan quedarse en casa durante los períodos de cuarentena.
Fondos para cubrir los gastos del sector salud relacionados con la crisis del COVID-19, incluyendo un Plan Nacional de Vacunación.
Financiamiento del presupuesto general para cubrir el 25% de las pérdidas por la caída de los ingresos petroleros con respecto al año pasado.
Transferencias para migrantes venezolanos en condiciones de vulnerabilidad. El costo total del programa sería de $8.500 millones en dos años y se financiaría con los DEG del país en el FMI (actualmente de $5.500 millones, pero sujetos a una ampliación), los $ 7.700 millones de un posible financiamiento por la vía del IFR y el oro depositado en el Banco de Inglaterra ($2.000 millones).
El documento también explica que el acuerdo político es necesario, incluso, para el depósito y uso de los fondos, pues existen cuentas en el exterior que están en manos de la administración de Guaidó, pero “en definitiva se necesita del gobierno de Nicolás Maduro para la distribución de bienes que puedan ser comprados a través del programa, por ejemplo, en el sector público de salud”.
Supervisión internacional
El diseño del programa, asimismo, contempla la creación de una Junta Administradora integrada por expertos reconocidos en las áreas de asistencia humanitaria y de salud, nombrados de mutuo acuerdo entre las partes del conflicto político y con la participación de la comunidad internacional. La Junta tendría como funciones procurar todos los bienes y servicios a ser adquiridos con los fondos del préstamo y otros ingresos del programa, así como la distribución de esos bienes y servicios en Venezuela.
La Junta Administradora estaría también sujeta a supervisión legislativa, tanto por miembros de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 como el Parlamento reconocido por Maduro desde enero de 2021. Parte del acuerdo daría a ambas partes poderes independientes para aprobar los presupuestos presentados y sus respectivos comités de contraloría tendrían autoridad para investigar sus actividades.
Además, un organismo independiente, compuesto principalmente por representantes de la comunidad internacional y países garantes, estaría a cargo de supervisar el cumplimiento del programa y si se está ejecutando de una manera coherente con los objetivos del acuerdo político que lo originó.
A juicio de Rodríguez, este tipo de negociaciones puede convertirse en pilar “hacia una transformación gradual de los incentivos políticos y así abrir caminos para encontrar las soluciones necesarias para salir del catastrófico estancamiento que vive Venezuela”.
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