Caracas.- La candidata a la primaria por el movimiento político Unidos por la Dignidad (UPD), Tamara Adrián, rechazó la manera de proceder de las autoridades oficialistas por el caso de 33 personas gais que fueron detenidas el 23 de julio en un local nocturno en Valencia, Carabobo, por presuntamente estar bajo los efectos del alcohol y grabando videos para comercializarlos.
A juicio de la abogada, exdiputada a la Asamblea Nacional de 2015 y primera mujer trans electa a un Parlamento en América, a las personas les imputan delitos inexistentes. Alertó de que el caso plantea un precedente que retrocede a Venezuela a tiempos oscuros que causaron muertes, detenciones y persecuciones.
«Los delitos IMPUTADOS son imposibles: el ‘ultraje al pudor’ solo puede cometerse en lugar público o con vista al público. No en lugar privado. El ‘agavillamiento‘ requiere la dolosidad penal y la ‘contaminación sónica’ nunca existió en más de 10 años del local», explicó la también docente universitaria a propósito de los cargos por los que acusan a 33 jóvenes y adultos.
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Resaltó que 33 personas serán sometidas a juicio por delitos que no existen, en el más «puro estilo de los nazis o los cubanos al inicio de la revolución o la Unión Soviética (URSS) y ahora en Rusia o en Uganda».
Según la dirigente política, la medida contra el negocio tiene el objetivo de cerrarlo. Resaltó, en un hilo de mensajes de Twitter, que a pesar de que a 30 de los 33 acusados les otorgaron libertad condicional, igualmente pasarán por un juicio sin fundamento.
«El fortalecimiento de vínculos con grupos radicales fundamentalistas, particularmente religiosos, no parece ser ajeno a una acción como esta. Además, estas actuaciones podrían crear responsabilidad internacional de los actuantes«, destacó Tamara Adrián.
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Discriminación y otros detalles del caso
Organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTIC+ consideran que el caso muestra señales de un proceso de criminalización en contra de esta población. Las organizaciones País Plural, el Observatorio de Violencias LGBTIC+ y Fundación Manos Amigas por la Vida se pronunciaron.
Las acusadas son personas cuyas edades oscilan entre 21 y 51 años, entre ellas el dueño del establecimiento y dos masajistas. El caso lo lleva la Fiscalía 5ª de Carabobo, con competencia plena, y la Fiscalía Nacional 28 del Ministerio Público.
Los 30 que fueron excarcelados deben presentarse ante las autoridades cada 30 días. El Ministerio Público tiene 6 meses para demostrar los delitos.
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