30 de las 33 personas detenidas en un local privado en la ciudad de Valencia, el domingo 23 de julio, quedaron en libertad, la noche del 26, luego de ser presentadas ante un tribunal de control del estado Carabobo por el Ministerio Público (MP).
El dueño del establecimiento y dos masajistas permanecen presos, en espera de fiadores, informó el Observatorio de Violencias LGBTIC+ en su cuenta de la red social Twitter.
La Fiscalía 5ª de Carabobo, con competencia plena, y la Fiscalía Nacional 28 del Ministerio Público (MP) imputaron a los arrestados por ultraje al pudor y agavillamiento. Al dueño del establecimiento y a dos masajistas los acusaron además de contaminación sónica.
Los ciudadanos que fueron liberados deben presentarse cada 30 días, informó uno de los abogados defensores, Eleazar Medina.
El profesional explicó que ahora el Ministerio Público tiene seis meses para demostrar los delitos. “Estamos en una etapa incipiente, viene ahora la etapa de investigación”, indicó.
Hernández cuestionó las acusaciones y destacó que en ningún momento hubo ultraje al pudor, tipificado en el artículo 381 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
“No se presentó ningún elemento probatorio. Estas personas no estaban en un sitio público y tampoco realizaron ninguna actividad indecorosa”, refirió.
Estas 33 personas, cuyas edades oscilan entre 21 y 51 años, fueron arrestadas en un procedimiento con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La versión oficial indica que, presuntamente, estaban bajo los efectos del alcohol y grabando videos para comercializarlos. Así se desprende de una minuta que circuló el 24 de julio.
Discriminación
La organización Observatorio de Violencias LGBTIQ+ alertó sobre un posible proceso de criminalización de personas LGBTIQ+, a partir de este incidente y, en tal sentido, protestó contra la violencia y discriminación hacia esta población.
Defensores de derechos humanos coincidieron en que no hubo delito alguno para que arrestaran a estos ciudadanos y así lo expresaron al conocerse el resultado de la audiencia de presentación, a las puertas del Palacio de Justicia.
La Organización no Gubernamental País Plural informó a El Pitazo, este 27 de julio, vía telefónica, que el club nocturno donde ocurrieron los hechos fue tomado por las autoridades. El medio conoció que se dictó una medida innominada sobre el local, que es una prohibición de enajenar y gravar, con una posible incautación.
A través de sus redes sociales, esta agrupación rechazó la decisión del tribunal de control que conoció la causa y consideró que se trató de “la máxima expresión de homofobia del Estado”.
La Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid) también se manifestó en contra del resultado de la audiencia de presentación y denunció que “el Estado venezolano hoy criminalizó a las personas LGBTIQ+”
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