El procedimiento policial, donde fueron detenidas 33 personas en un local privado al sur de Valencia, estuvo plagado de irregularidades.
Así lo denunció el presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid) y director general de la Red Venezolana Gente Positiva, Eduardo Franco, quien destacó que los funcionarios allanaron el inmueble sin una orden.
Este procedimiento lo realizaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los detenidos, cuyas edades oscilan entre 21 y 51 años, fueron llevados a la sede ubicada en Los Guayos. La versión oficial indica que los uniformados acudieron al sitio por denuncia de los vecinos. Presuntamente, los hoy detenidos estaban bajo los efectos del alcohol y grabando videos para comercializarlos, según una minuta que circuló el 24 de julio.
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“Todavía no se conoce cuál delito cometieron estas personas. Lo que hemos observado hasta ahora, y según lo que nos han dicho los abogados, es que no hay delito alguno; por el contrario, a estos ciudadanos les violaron sus derechos humanos al exponerlos al escarnio público”, dijo Franco, quien se encontraba a las afueras del Palacio de Justicia de Carabobo, al conversar con El Pitazo, vía telefónica, a las 1:08 p.m. de este 25 de julio.
Franco cuestionó que desde el centro de detención se hayan difundido fotografías con los rostros descubiertos de los arrestados y de sus cédulas de identidad.
“Aparte de eso, se difundió información falsa o no confirmada, como que hay personas con VIH, lo que también viola la ley. Esto tiene todas las características de un ataque hacia la comunidad LGBTQ”, indicó.
Franco negó que estas personas estuvieran desnudas en el lugar donde fueron detenidas y que grabaran pornografía.
“Violaron su privacidad. Estaban en un sitio privado y tienen derecho a reunirse como comunidad LGBTQ. Esta actuación representa un peligro de volver a los años 70 y 80, cuando había persecución hacia esa comunidad”, sentenció.
A la 1:55 p.m. de este martes 25, los privados de libertad llegaron al Palacio de Justicia para su presentación ante un juez de control, según conoció El Pitazo.
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