Caracas. Las denuncias contra Rebeca García y su hermano Francisco García, después de que se hicieron públicos decenas de testimonios de acoso sexual, digital y psicológico en las redes sociales, reabrieron un debate sobre la salud mental en Venezuela y los cuestionamientos de ciudadanos a los órganos receptores de denuncia.
El caso se hizo tendencia y registró más de 35.000 mensajes en X en menos de 48 horas, luego de que las víctimas dieron a conocer sus historias. La inacción de las autoridades las llevó a ver en las redes sociales una ventana para denunciar.
¿Cómo ayudar a una persona que es víctima de acoso?
Estefanía Mendoza, integrante de la ONG Mulier Venezuela, precisa a El Pitazo que el caso de Rebeca García deja en evidencia la falta de estructura para la atención de la salud mental en los órganos receptores de denuncia y los cuerpos de seguridad. Mendoza advierte que el personal de estas instituciones no tiene entrenamiento para abordar estas situaciones.
La versión de al menos cuatro de las ocho víctimas de Rebeca García es una muestra de la inacción y poca formación de las autoridades. El Ministerio Público y los cuerpos de seguridad del Estado alegaron que no atendían el caso porque la victimaria, de 33 años de edad, tiene un diagnóstico de Trastorno Límite de Personalidad que impedía una respuesta del sistema de justicia.
“No hay cupos en los psiquiátricos públicos y pocas personas pueden pagar instalaciones privadas; los padres de la muchacha denunciada quizás tampoco tienen opciones o la capacidad para atender la situación. Esto trae como resultado una cadena de gente que le falla a las víctimas, que las deja en una situación de vulnerabilidad y desamparo ante una circunstancia tan agresiva y difícil como es un acoso y hostigamiento constante”, agrega Mendoza.
Falta de respuesta
La representante de la ONG también añade que la falta de respuesta y protección es generalizada por parte del Estado. “Solo denunciar por redes es lo que a veces acerca a la justicia”, agrega la abogada y activista.
Sobre la inacción de las autoridades que llegaron a decirles a varias víctimas que hay vacíos legales para los casos de acoso de mujer a mujer, Mendoza aclara que en Venezuela está vigente la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que penaliza el acoso. Pero el enfoque machista y las condiciones culturales en el país pueden dificultar la actuación de los funcionarios, como sucedió con las víctimas de Rebeca.
Las libres interpretaciones de las leyes sobre las dinámicas de acoso, como que ocurre solo de un hombre hacia una mujer o que desestima a los hombres como víctimas de este delito, es perjudicial y un tema que debe tratarse para visibilizar la vulnerabilidad que tienen todas las personas, en especial ante casos que involucran situaciones de salud mental, sostiene la entrevistada.
El jurista Miguel Vicentini hizo un análisis en X sobre el caso de Rebeca y las denuncias en su contra.
“En el pasado lo que faltó fue voluntad institucional para enfrentar una situación peligrosa que hoy se ha vuelto un grave problema en la seguridad de los ciudadanos. Los argumentos de hecho y de Derecho sobran, como decimos nosotros los abogados”, apuntó. La Constitución y el Código Penal, agregó, establecen penas para este tipo de delitos.
En palabras del médico psiquiatra Eduardo Villalobos, quien también dedicó un hilo en X a este hecho, en la investigación judicial que se abrió 48 horas después del pronunciamiento público de las víctimas debe participar un panel de expertos en psiquiatría, psicología forense y neuropsicología para determinar la pena.
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